Ayer inicié en este espacio de columnas sobre la decisión del Gobierno de reflotar un proyecto de ley originalmente impulsado. En un aspecto me referí a la eliminación del requisito de propiedad chilena para constituir empresas navieras. En un país como Chile, donde ciertas regiones dependen casi exclusivamente del transporte marítimo para asegurar su abastecimiento y conexión, permitir que capitales extranjeros tomen el control de la flota nacional sin ninguna garantía de permanencia es una apuesta extremadamente riesgosa.
Más aún, mientras se eliminan requisitos de propiedad nacional con argumentos de eficiencia económica se genera una doble contradicción: por un lado, se liberaliza la entrada de competidores que no comparten las mismas obligaciones estructurales; por otro, se exige a las navieras nacionales cumplir con todas las exigencias normativas, sin el respaldo de medidas que equilibren esa carga. Solo en costos de dotación, una nave extranjera presenta costos entre 30-40% menor a la nave chilena.
El Ejecutivo ha sido explícito en señalar que los beneficios esperados del proyecto están enfocados en el norte del país. Siendo así, resulta aún más incomprensible que no se establezcan medidas de protección diferenciadas para el sur austral, una zona donde el cabotaje no solo funciona, sino que cumple un rol estratégico en la integración territorial, en condiciones geográficas y sociales completamente distintas al resto del país.
Chile no es un territorio homogéneo. Lo que puede representar un avance en ciertas regiones, puede ser una amenaza en otras. El sur austral necesita políticas públicas que reconozcan su especificidad, resguarden su conectividad y valoren el aporte que durante décadas ha hecho el cabotaje nacional al desarrollo local. Una modernización verdaderamente justa debe comenzar por respetar lo que funciona, no por debilitarlo en nombre de una competitividad mal entendida.
Es necesario restringir la posibilidad que naves extranjeras hagan cabotaje en ruta de salida desde Puerto Montt al sur y debemos mantener la visión de estado en aquellas regiones también respecto de la propiedad de empresas navieras. Esas medidas entregarán certezas reales en momentos donde supuestamente se busca crear confianzas para que el país crezca nuevamente.
Columna
Gabriel Ascencio Mansilla,, abogado