Marcelo Galindo

Fue en la tercera reunión de la Comisión Coordinadora de Protección Regional de la Infancia, que aborda temáticas sobre explotación sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes (NNA), donde se entregaron antecedentes respecto del alto número de delitos sexuales, cuyas víctimas en la región, son menores.

Las cifras dadas a conocer en el encuentro por el Ministerio Público indican que se trata de 3.751 víctimas de causas vigentes por delitos sexuales.

De ese número, 2.772 corresponden a NNA. Es decir, un 74%, mientras que 979 son víctimas adultas (26%).

El número es revelador si se considera que en 2023, según datos de la Fundación Amparo y Justicia, se registraron 2.374 denuncias por delitos sexuales que afectaron a niños, niñas y adolescentes (NNA), en la región.

Este registro, en 2023, constituyó el 6% de las denuncias a nivel nacional por este tipo de delito.

Respecto a la cifra actual de NNA que se encuentran con medida de protección (emanada desde el Tribunal de Familia) con causal de vulneración de derechos por delitos sexuales, es de 52, de los cuales 50 se encuentran en estado de cumplimiento; es decir ya ingresados a un programa del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región Los Lagos y dos en estado de espera a ser ingresados.

Estudio

Para Gabriel Mendoza, jefe del Departamento de Servicio y Prestaciones de la dirección regional del Servicio de Protección Especializada, el tercer encuentro de la Comisión Coordinadora de Protección Regional de la Infancia permitió abordar la grave vulneración de derechos que sufren los menores.

Mendoza hizo mención a un estudio realizado en la región respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. "Nos hemos dado cuenta de que es una problemática, un delito y una vulneración que cada uno de los servicios por sí solos no va a poder dar cuenta de la necesidad de reparación, restitución e interrupción de estas vulneraciones", aseveró.

A juicio de Mendoza, se debe avanzar en los protocolos "de acuerdo, de actuación en conjunto, de multiagencia, tal como lo indica la Ley de Garantías y Protección de Derechos, a través de una mirada intersectorial con la importancia de que participen los demás servicios, ya que estamos todos llamados a proteger, acompañar y reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes".

Específicos

Según Pedro Adrians, director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el estudio realizado por este organismo es una invitación a mirar el fenómeno en su amplio espectro, donde no sólo coincide la mirada hacia las víctimas respecto de lo que está ocurriendo, sino a la sociedad en su conjunto".

Según Adrians, el estudio se centra en la víctima, (el) explotador, dinámica de la explotación y el control social respecto de este fenómeno en la Región de Los Lagos.

"Ahora lo importante de esto es que nos permite tener una comprensión bastante clara y precisa de dónde están los casos, cuáles son las dinámicas que se manifiestan en el territorio y eso nos permite comenzar a desarrollar trabajos específicos con las autoridades pertinentes, a quienes ya se les ha entregado la información y con quienes nos estamos coordinado territorialmente para la ejecución de acciones concretas en beneficio de la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes".

Responder

Gabriela Jorquera, coordinadora regional de la Subsecretaría de la Niñez, es coincidente en cuanto a mejorar y ampliar el protocolo.

Observa que el trabajo para prevenir la explotación sexual tiene que considerar "protocolos atingentes y acciones vinculantes que podamos nosotros, como Estado, responder a tiempo a todas las víctimas".

Teresa Rey, coordinadora de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos de la Defensoría de la Niñez -estuvo en el encuentro-, sostuvo que hay un avance en familias de acogida (para el resguardo de menores vulnerados) "pero también estamos preocupados de las residencias, ya sean de administración directa o de colaboradores, por salidas no autorizadas, tráfico de drogas o comercio sexual adolescente, indicios que hay que parar a tiempo", detalla.

Para la defensora, es importante el funcionamiento de la mesa interinstitucional para trabajar coordinadamente con todos los servicios, donde reuniones de este tipo aclaran cual es el rol de cada uno.

Apoyo

Dorian Vega, sociólogo especializado en prevención y contención por delitos que afectan a menores, sostuvo que en la mayoría de los casos de delitos sexuales el agresor es una persona cercana a la víctima, generalmente parte del mismo grupo familiar.

Sin embargo, expone "que existen lealtades familiares, normalización de las conductas agresoras, dependencias económicas y emocionales, lo cual lleva a que en muchos casos las víctimas terminen desistiendo de continuar con los procesos judiciales".

Según Vega, lo anterior afecta la capacidad de juzgar estos delitos e incrementa su impunidad. "Por esto es de gran relevancia contar con un sistema de apoyo a las víctimas durante todo el proceso, evitando la revictimización y garantizando la seguridad e independencia de las personas agredidas respecto de su agresor".

Paulina Muñoz, delegada presidencial regional, explicó que el compromiso del Gobierno es avanzar en la promoción, prevención y protección de los derechos de los NNA en la región.

"Por esta razón, presentamos la política nacional de niñez y adolescencia, que nos va a permitir tener una hoja de ruta desde el 2024 hasta el 2032. Esta política, lo que viene a relevar es un trabajo intersectorial priorizando el bienestar de la infancia y adolescencia, pero reconociendo también el desarrollo integral de todos los aspectos de vida de estos niños, niñas y adolescentes, buscando así mismo, ir viendo las condiciones para que crezcan en un entorno seguro y que garantice también el cuidado, evitando todas las formas de violencia".

Cifra negra

Para Andrés Martínez, abogado experto en defensa de NNA vulnerados en sus derechos, la visualización de este tipo de delitos en la región puede ser por la mayor cantidad de denuncias que se hacen. "Las medidas de protección se deben mejorar y abarcar más allá de los NNA, en este caso a sus padres y profesores, que son los que siempre están en mayor contacto con ellos y ellas", planteó.

De acuerdo con Martínez, visualizar estos hechos "ayuda a conocer las cifras negras existentes en la región, porque los delitos sexuales son mucho más de lo que se denuncian". Y por lo mismo, recomienda reforzar las unidades policiales que indagan estos casos.

"Estamos preocupados de las residencias, de administración directa o de colaboradores, por salidas no autorizadas, tráfico de drogas o comercio sexual".

Teresa Rey,, Defensoría de la Niñez

50 menores vulnerados han ingresado al programa del servicio Mejor Niñez.