Este es el último año del gobierno del Presidente Gabriel Boric. A pesar de las expectativas que generó su triunfo para la educación, los cambios concretos han sido limitados y los avances destacados incluyen el pago de la deuda histórica (para un grupo reducido de docentes afectados por la municipalización de la educación), la condonación del CAE y la propuesta de un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, que aún está en desarrollo.
En este contexto, se han producido cambios en los directores de servicios locales de educación pública (SLEP), con 8 de los 13 calendarizados para implementarse en 2025. También se ha observado una alta rotación de autoridades como los seremi, con tres cambios en Concepción durante este periodo, además de un cambio de ministro de Educación. Cabe destacar que ambos ministros han sido docentes, marcando un contraste con la tradición de los últimos 30 años, cuando la cartera fue liderada mayoritariamente por profesionales de otras áreas como ingeniería y derecho.
A esto se suma la inversión en infraestructuras para escuelas y liceos públicos a lo largo del país, aunque siempre por debajo de las necesidades planteadas. Además, el sector ha experimentado una baja conflictividad en comparación con gobiernos anteriores, siendo el conflicto más significativo el paro docente en el SLEP de Atacama, que contribuyó a la salida del ministro Marco Ávila.
Entre los aspectos positivos, destaca la implementación del Plan de Reactivación Educativa, estructurado en tres ejes prioritarios: convivencia y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes y asistencia y revinculación. Los resultados han sido valorados y sería deseable que estos esfuerzos se extiendan en el futuro, independientemente de las autoridades en el poder.
También se vislumbra la necesidad de un ajuste curricular ante los cambios acelerados en el mundo. En particular, la educación técnico-profesional, tanto a nivel secundario como superior, requiere propuestas que impulsen la incorporación de tecnología y habilidades relevantes para el siglo XXI, en lugar de mantener una formación desconectada de las demandas laborales y profesionales actuales.
Este gobierno, surgido de un movimiento ligado a la educación, no logró consolidar un sello distintivo en este ámbito, a pesar de ser clave para el desarrollo y la economía del país. Su balance en esta área ha sido discreto, con resultados estancados y un exceso de normativas que incrementan el agobio en las escuelas.
El 2025 no anticipa grandes transformaciones en la educación, ya que es probable que la agenda política y económica mantenga el enfoque en otras prioridades.
Columna
Eliseo Lara Órdenes, director del Programa de Pedagogía en Educación Media, Universidad Andrés Bello (UNAB)
