Matías Gatica Lindsay

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite los requerimientos ingresados por el Partido Republicano y Chile Vamos que buscan la destitución de la senadora PS Isabel Allende por presuntamente haber vulnerado la Constitución al suscribir un contrato por la venta al Estado de la casa del expresidente Salvador Allende.

Pese a que el Gobierno desistió de la compra de Guardia Vieja ante una posible irregularidad, debido a que parte de la casa pertenecía a la ministra de Defensa Maya Fernández y a la senadora, en la oposición acusaron que se incurrió en una inconstitucionalidad y presentaron dos requerimientos al TC.

En ellos afirman que con el contrato Allende incumplió en el artículo 60 de la Constitución, que señala que "cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado".

El requerimiento fue revisado ayer por el TC y cerca de las 14:00 horas el relator del organismo, Juan Francisco Leyton, informó que fueron acogidos y que una vez que sea notificada, la senadora socialista tendrá 10 días para contestar el requerimiento y defenderse de la acusación.

Sobre ello el diputado UDI Felipe Donoso dijo que "esperamos una rápida tramitación que haga justicia y ponga las cosas en derecho".

En paralelo, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación penal de esta causa, en la que la senadora Allende declarará hoy como imputada ante el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper.

En esta causa y ante dicho fiscal también declaró como imputada ayer la ministra Fernández. Previo a su comparecimiento, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, dijo que "la citación a declarar en calidad de imputados es algo que ocurre por el hecho de ser nombrado en una querella y, por lo tanto, no es indicio de culpabilidad".

Tras la cita, la abogada de Fernández, Paula Vial, dijo que "como equipo jurídico aconsejamos a la señora Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento", aunque señaló que de todas formas "la ministra mantiene la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público".

Mientras esto sucedía, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez, anunció que va a presentar una acusación constitucional en contra de Fernández y dijo que hay representantes de otras bancadas que "votarían a favor".

En el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se realizó ayer la audiencia de reformalización del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de otros siete imputados en la causa por delitos de corrupción en el Caso Farmacias Populares.

En la audiencia la fiscalía desistió de la acusación por administración desleal en contra de Jadue, pero sumó nuevas cargos por fraude al Fisco. Con ello el exalcalde enfrentará 10 cargos por este caso, en el que también están imputados José Muñoz, María Constanza Matus, Eduardo Sendra, Raúl Moraga, Patricio Zavala, María Eugenia Chadwick y Álvaro Castro.

La fiscal Giovanna Herrera señaló en la audiencia que "los imputados utilizaron el patrimonio social de Achifarp sin velar por el buen uso de este (...), generando una pérdida del patrimonio social".

Entre los nuevos antecedentes se mencionó que la Achifarp, de la cual Jadue era su presidente, compró -a través de José Muñoz- una camioneta e insumos sin autorización del directorio. La fiscal dijo que Jadue y Muñoz "no tomaron ninguna medida para resguardar el patrimonio de Achifarp (...), provocando el perjuicio de al menos 5.800.000 pesos".

Pese a las nuevas imputaciones, Jadue permanecerá en arresto domiciliario total, cautelar que le fue impuesta en septiembre de 2024.

Tras la audiencia Jadue dijo que "me voy mucho más tranquilo y más feliz. A nosotros se nos descuenta un delito (...) y se debilitan significativamente las presunciones".

Por su parte, el abogado del exalcalde, Juan Carlos Manríquez, dijo que "la situación de Jadue es mucho más beneficiosa que hace meses".

Tras una audiencia que se extendió por dos semanas, el 4° Juzgado de Garantía decidió las cautelares contra algunos de los 20 imputados por delitos económicos en el denominada Caso Factop.

Luego de definir las cautelares contra la mayoría de los 20 imputados en esta causa, ayer la magistrada Cheryl Fernández decretó el arresto domiciliario total para Álvaro Jalaff y arresto domiciliario nocturno para su hermano, Antonio Jalaff. Para ambos la Fiscalía pedía la prisión preventiva.

En el caso de Álvaro, quien es acusado de delitos a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, Lavado de Activos y soborno, la jueza no dio por acreditado este último.

Por su parte, Antonio Jalaff fue formalizado por delito contra la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos, estafa y delitos tributarios.

A su vez se decretó la cautelar de firma mensual para los socios de Larraín Vial, Manuel Bulnes y Felipe Ponzio, para quienes la fiscalía pidió arresto domiciliario nocturno y mantuvo en prisión preventiva a Daniel Sauer. El tribunal amplió el plazo de investigación a 60 días.

Tras la audiencia la fiscal Lorena Parra dijo que "efectivamente no estamos de acuerdo con algunas de las medidas cautelares que decretó la magistrado, pero debemos destacar que dio por acreditados un número importante de delitos".