Pedro Bárcerna González

Apelando al máximo rigor de la justicia durante todo el proceso penal, una familia del sector Aulen de Queilen recuerda a un adulto mayor que fue ultimado tras recibir una golpiza al interior de su propio domicilio. Ayer se cumplió un año del bestial crimen, que mantiene privado de libertad al imputado. Una cautelar que en las últimas horas fue confirmada, lo cual también fue valorado por los cercanos a la víctima.

La noche del 14 de enero del 2024, Luis Horacio España Guala (61) se encontraba en su casa compartiendo con el sujeto de iniciales H. J. L. L. (39). Tras una discusión, se acusa al joven de atacar a puñetazos en la cabeza al isleño, quien cayó al suelo donde recibió patadas en la zona torácica. Por las lesiones traumáticas que sufrió en el cráneo y el tórax, quedó agónico. Al no recibir asistencia, falleció en su propio hogar.

Tres días después de la mortal embestida fue aprehendido el obrero. Y desde entonces se encuentra preso, como fue ratificado en los últimos días ante el Juzgado de Garantía de Castro.

En la audiencia, el defensor Nelson Troncoso buscó mutar la precautoria por el arresto domiciliario, argumentando el tiempo en que ha permanecido tras las rejas, lo cual puede configurarse en una pena anticipada. También se incluyó nueva evidencia como una nueva declaración prestada por el encartado, en espera de establecer la colaboración en la indagatoria.

Los acusadores se negaron a un cambio de medida. Así lo expuso en la sesión judicial el fiscal (s) David Parrini, remarcando que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por existir riesgo de fuga, ante la alta pena a la que se expone por este homicidio, la cual sería de cumplimiento efectivo.

Por su parte, Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) y que representa como querellante al hijo de la víctima fatal, alegó que los antecedentes presentados por la defensa "no implicaron una variación de las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de decretar la cautelar".

Agregó el abogado que la prisión preventiva "se justifica plenamente, por la gravedad del delito, el bien jurídico protegido que es la vida", como la peligrosidad del encausado.

La posición de los acusadores fue acogida por la magistrada Jesica Yáñez, quien mantuvo al imputado en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro, en una causa cuya indagatoria se amplió hasta el 5 de febrero próximo.

Valoración

Esta resolución fue relevada por el hijo de la víctima, quien espera una drástica sanción contra el encartado. "Está bien que se mantenga en la cárcel y aguardamos que siga ahí por muchos años más, puesto que debe existir una alta condena por todo el daño que provocó", aclaró.

Junto con cuestionar la posición de la defensa sobre una eventual colaboración sustancial y la inimputabilidad disminuida como se estaría explorando, el querellante remarca que faltan pocas diligencias antes de llegar al juicio oral, donde aguardan como familia un solo resultado.

"Hay antecedentes para llegar a una sentencia alta, queremos que se haga justicia", sostuvo el isleño, insistiendo en los alcances de la afectación por este caso.

"Nadie se espera esto como familia, es súper doloroso pasar por estas circunstancias", añadió la fuente, detallando que estos días en que recuerdan como familia la pérdida de su ser querido, organizaron un rezo para el sábado en que invitaron a los vecinos de Aulen.

30 días se otorgaron la semana pasada como ampliación a la indagatoria del caso.

10 años y un día a 20 años es el rango de sanción, en abstracto, del homicidio simple.

En procedimientos cada vez más recurrentes en la provincia, Bomberos de Dalcahue se desplegó la noche del lunes en el sector Pindapulli por un incendio que arrasó un vehículo. Sus ocupantes lograron escapar ilesos.

La emergencia fue declarada a las 21.55 horas. Así lo explicó el primer comandante de la institución, Cristian Vargas, añadiendo que el llamado a la central de alarmas se concentró en la Ruta 5 Sur.

"Fue despachada una unidad -de material mayor- de la Primera compañía y al arribar al lugar, el oficial a cargo informó que un incendio consumía en su totalidad a un vehículo, dejando pérdidas totales", remarcó el jefe bomberil.

A su vez, la fuente recalcó que las maniobras realizadas incluyeron "la extinción de las llamas por completo, quedando a un costado de la carretera la máquina siniestrada".

Junto con confirmar que no existió derrame de hidrocarburos o compromiso a estructuras o vegetación, el comandante indicó que Carabineros de la Tenencia de Dalcahue controló el tránsito durante las maniobras. Además, los policías recabaron antecedentes de los afectados para el procedimiento de rigor.

Con el objeto de atacar la impunidad, el diputado Mauro González (RN) propuso la implementación de sanciones más severas para quienes realicen actos de vandalismo, tanto en espacios públicos como privados.

El legislador por la zona busca que los antisociales que dañen, ensucien o rayen bienes e infraestructura paguen con cárcel efectiva. Todo ello, ante la necesidad de recuperar y proteger estos lugares.

"Hemos visto a nuevos alcaldes tomando acciones con entusiasmo, limpiando las calles, sacando a los ambulantes y recuperando la seguridad en la vía pública. Y eso es muy importante. Pero tenemos un gran problema, los rayados. Hoy día en nuestro país (algunos) se sienten con la libertad de ensuciar, dañar, rayar los espacios públicos y privados. Y no les ocurre nada", dijo.

"Ya basta de esta impunidad. Hoy día tenemos una incertidumbre. No sabemos si se sancionan con una ordenanza, si es una falta o es un delito. Debemos traer certeza jurídica que cualquiera que dañe, ensucie, raye los espacios públicos o privados, se exponga a una pena de cárcel efectiva", remarcó González.