L. R. C. - Medios Regionales

La expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, decidió otorgarle copia de sus cartolas bancarias al fiscal Patricio Cooper, quien investiga presuntas irregularidades en convenios de la Fundación ProCultura, en la que ella trabajó en un proyecto entre 2021 y 2022, antes de llegar a La Moneda.

"Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos", escribió en X, negando que ella haya hecho abonos a la ONG, como informó El Mostrador basado en informes de la PDI, que realiza las diligencias del caso.

La abogada de la fundación, Susana Borzutzky, había defendido la inocencia de Karamanos, aunque afirmó que sí había efectuado retornos antes de convertirse en primera dama, supuestamente para "evitar cuestionamientos". Su aseveración fue corregida por la organización en la noche, asegurando que se trató de una confusión por una mala interpretación de los antecedentes.

La polémica ha llevado a la oposición a elucubrar que los supuestos abonos eran para financiar campaña, lo que Karamanos como el mismo Presidente Boric negaron. Este último dijo el jueves que confiaba "plenamente" en la inocencia de su expareja y pidió que se investigue a fondo para que se aclare la denuncia, sin importar que "caiga quien caiga".

El diputado de RN Andrés Longton se quedó solamente con la primera parte. "El Presidente de la República hace un rato dijo que esto se trataba de un empate. A mí me parece -y lo digo con mucho respeto- que es un caradura el Presidente, porque este tipo de cosas tienen que evaluarse con la misma vara, vengan de donde vengan", comentó.

"No puede pretender el Presidente pronunciarse con dureza con respecto a casos cuando hay personas vinculadas a la derecha y hacer casos omiso o pretender que hay una finalidad política cuando son personas que están en la misma Moneda", sumó ayer.

Una nueva revelación sobre las conversaciones por WhatsApp que sostenía el abogado Luis Hermosilla, imputado por presunta corrupción en el caso Audios, dejó en evidencia que a fines de 2017 e inicios de 2018 mantuvo conversaciones con el entonces fiscal Manuel Guerra, que encabezaba el caso Penta.

Los chats se relacionan con la indagatoria por presunto financiamiento irregular de la política en torno al senador de la UDI Iván Moreira y aluden a supuestas gestiones promovidas por Andrés Chadwick, hombre fuerte del entonces recién electo Presidente Sebastián Piñera.

"No sé si te contó en lo que estamos por Moreira (...) Pero (el exfiscal nacional Jorge) Abbott no quiere suspensión para él", le escribió Guerra a Hermosilla, quien le respondió que Chadwick no le había contado nada, "pero tú me dijiste algo".

Ante esto, Guerra, quien años más tarde investigó otras denuncias que apuntaban a Piñera, le respondió: "Pero no se necesita autorización de Abbott (...) así que lo haremos".

Moreira, parlamentario por Los Lagos, negó que tuviera relación con Hermosilla, pero no aclaró si sabía si Chadwick había solicitado gestiones en su favor. Su caso fue sobreseído en 2019 luego que en enero de 2018 acordara con Guerra pagar $35 millones no declarados aportados por Penta "A mí no me metan en este show de los chats", dijo a través de X.

La diputada (indep. pro PPD) Camila Musante pidió que se formalice a Chadwick.

Tras tres días de revisión de los antecedentes proporcionados, la Superintendencia de Educación Superior (SES) no quedó satisfecha con las explicaciones entregadas por la Universidad San Sebastián (USS) y anunció la apertura de una investigación a partir del salario de $17 millones mensuales que pagaba a la hoy candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos.

"La información recibida no permite esclarecer completamente las interrogantes surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad", dijo el organismo en un comunicado.

La SES anunció además una fiscalización en terreno para recabar evidencia. Entre las sospechas impulsadas mayormente desde el oficialismo está un eventual uso de platas estatales destinadas a becas a pagar remuneraciones de este tipo, que estarían muy por sobre lo que otorgan otras instituciones.

Aunque la USS ha defendido la legalidad y transparencia en esta materia, el jueves el rector Hugo Lavados admitió que él no analizó el oneroso contrato de Cubillos, aunque aclaró que era por encabezar la unidad de publicaciones de investigaciones y no por hacer clases, aunque también las hacía.

Ante la decisión de la Superintendencia de Educación Superior, ayer la USS expresó su "plena disposición a colaborar" en la indagatoria.