Carlos Ilabaca Villanueba

A la hora del análisis duro, resulta imposible evaluar la gestión del primer gobernador regional Los Lagos elegido por voto popular sin hacer referencia a lo ocurrido con el caso Convenios, cuya investigación marcó toda la segunda mitad de la administración del GORE, encabezado desde 2021 por Patricio Vallespín.

Ciertamente, este caso y sus repercusiones -tales como la detención y formalización de tres funcionarios en ejercicio, entre los cuales figuró la propia exadministradora regional, o la pérdida de recursos públicos por $1.200 millones- constituyen solamente una cara de una moneda que también tuvo sus aciertos y virtudes que será necesario sopesar en su mérito.

No obstante, en plena campaña para la elección de quien se convertirá después del 27 de octubre en el próximo gobernador o gobernadora regional de Los Lagos, nuestro medio hermano El Llanquihue contactó a cada uno de los postulantes para conocer qué medidas proponen o esperan poner en marcha para evitar que hechos como los que investiga hoy el Ministerio Público no tengan parangón en una nueva administración regional.

De los cinco nombres que aspiran a ocupar el principal sillón del GORE, surgieron voces críticas en torno a lo ocurrido en el último año y medio.

Coinciden

Pero a la hora de las propuestas, la coincidencia está en aumentar las medidas de control y de seguimiento de los programas, mayor transparencia y participación ciudadana en la selección de proyectos con énfasis regional, así como estándares superiores en materia de normas, procedimientos regulatorios y modelos de gestión.

Entre otras propuestas, también surgieron anuncios de auditorías, la implementación de fiscalía interna, hasta la digitalización de procesos para mejorar la fiscalización por parte del Consejo Regional.

-¿Cuál es su propuesta para no repetir las anomalías detectadas con las transferencias de recursos desde el GORE a entidades privadas?

-No se pueden minimizar las cosas. En el Gobierno Regional se estableció una forma incorrecta de hacer las cosas, que hoy es objeto de una investigación penal, que ha sido cuestionada por Contraloría y que va mucho más allá de la situación de la Fundación Kimün, como ha dicho el gobernador.

En estos meses, lamentablemente ha quedado claro que se salió a repartir dinero, a tontas y a locas, a dedo y a los amigos, y sin hacer cumplir todos los resguardos que implica la entrega de recursos públicos. Con nosotros al mando de la Gobernación, no va a pasar nunca más. El perjuicio para los habitantes de la región va mucho más allá de los recursos entregados a Kimün, como se ha tratado de encapsular. Desde el GORE se transfirieron miles de millones de pesos para proyectos, que si bien hoy aparecen rendidos en lo económico y administrativo, no produjeron un beneficio real a las personas.

Por eso, revisaremos uno a uno estos proyectos, como parte de una auditoría completa a la actual gestión de la Gobernación Regional. Entiendo que el gobernador y el Consejo Regional actual van a heredar algunas herramientas nuevas para el control del buen uso de las platas públicas. Nosotros vamos a robustecer esos mecanismos de control, pero además trabajaremos en medidas que permitan evaluar que las platas públicas se empleen en proyectos que sean de real utilidad para las personas de nuestra región.