Redacción

Cuestionando la pasividad legal y exigiendo mano dura contra los responsables, las familias chilotas de 2 jóvenes que fallecieron en siniestros vehiculares ocurridos en el continente, esperan que la justicia actúe en busca de algo de reparación por estas tragedias.

Poco más de un mes ha transcurrido de los fatales acontecimientos que le costaron la vida a la ancuditana Paulina Fuentes Villarroel (28), quien dejó de existir el 16 de julio tras ser atropellada por un móvil, mientras cruzaba un paso peatonal en Vitacura, Región Metropolitana.

Tras titularse como profesora de Inglés en Temuco, la isleña se trasladó hasta la capital del país para emprender nuevos desafíos. Entre sus labores estaba la realización de clases, justamente a dos alumnos permanentes que tenía en un edificio emplazado en dicha comuna. Por ello, habitualmente realizaba el trayecto hacia ese lugar.

El imputado por este fatal siniestro fue identificado como José Colina Flores, dermatólogo de nacionalidad venezolana quien residía en el mismo edificio, y que de acuerdo al relato de testigos y evidencia de las cámaras de seguridad en la zona, no respetó un disco Pare ubicado en el ingreso y salida de un condominio, impactando y arrastrando Paulina, por cerca de ocho metros sin prestarle ayuda.

Tras ello, el conductor fue detenido y formalizado por cuasidelito de homicidio, quedando en libertad, con las medidas cautelares de firma mensual junto a la prohibición de salir del país.

Lo anterior, ha provocado la indignación de la familia de Paulina y de la comunidad ancuditana en general, quienes exigen justicia ante las escasas sanciones asociadas a delitos de este tipo que arriesga el victimario, las cuales podrían ser muy bajas, no guardando relación con el daño que se ha provocado. El tribunal ordenó al Ministerio Público y a la defensa un plazo de investigación de 100 días.

Esta situación para Soraya Villarroel, madre de la joven, no puede seguir ocurriendo en Chile. "Y que él ande felizmente mientras a nosotros nos arruinó la vida, nos quitó a nuestra hija", aclaró.

Con relación a las aristas judiciales del caso, la progenitora explicó que "tenemos contratados abogados en Santiago y avanzando en este cuento, hicimos la querella y pidiendo todo lo que se puede pedir en estos casos, como exámenes de drogas, alcoholemia, que sea transparente todo esto, y esperar los 100 días de investigación; sabemos que están los testigos y todo este cuento de esta manera".

Denegación de auxilio

Sobre las expectativas sancionatorias, la vecina fue enfática al manifestar que "existen posibilidades reales de hacer justicia, de lo único que en este minuto podemos agarrarnos -por decirlo así- es el tema de que él (conductor) no prestó ayuda, mi hija quedó viva una cierta cantidad de minutos, más encima él siendo médico no aplicó primeros auxilios, uno piensa y se aferra a eso también de que pudo haberle salvado la vida".

Igualmente, sobre el apoyo entregado por los vecinos de Ancud y desde otros puntos del país, Soraya expresó que "estamos felices de tanto amor, lo veo como un acto de amor definitivamente hacia mi hija primero y hacia nosotros como familia, porque el cariño ha sido inmenso, el apoyo, y siempre escuchas que alguien te dice 'sabes que, a mí me mataron a una tía, a mí me mataron a una prima en un paso de cebra peatonal, semáforo', entonces empiezas a darte cuenta que muchas familias que han pasado por lo que yo estoy pasando ahora, que es cercano a las familias chilenas".

En este contexto, añadió que "siendo nosotros peatones estamos en un riesgo con estos asesinos al volante, y después viene esta tragedia, que yo digo, es la segunda tragedia que te toca después de tu fallecido: la fiscalía, los jueces, esa es la segunda tragedia que te pasa en estos casos".

19 días después de este caso, una joven con raíces queilinas perdió la vida en circunstancias similares. Se trata María Paz Godoy (22), quien junto a su compañera Catalina Ortega (21), fallecieron tras ser arrolladas en el sector de Valle Hermoso, en la comuna de La Ligua (Región de Valparaíso).

El encartado por esta causa, identificado con las iniciales F. I. P. B. (30), huyó del lugar y posteriormente fue detenido por la policía uniformada. Tras la respectiva prueba respiratoria, se estableció por parte de Carabineros que conducía en estado de ebriedad.

El Juzgado de Garantía de La Ligua decretó como medida cautelar la prisión preventiva contra el joven, al estimar que existe peligro de fuga, estableciendo una caución de 10 millones de pesos. Un monto que fue cancelado por el chofer, quedando en libertad con arraigo nacional y firma semanal en Carabineros.

Los alcances de esta fianza generaron la inmediata respuesta de cercanos a las víctimas. Entre ellos, el exalcalde de Queilen y tío de María Paz, sostuvo que "lo que pretendemos es que la justicia cumpla y se haga efectiva la Ley Emilia, no es posible que un juez haya determinado que a la vida de mi sobrina y su amiga le pongan un precio y que por 10 millones de pesos le hayan dado la libertad".

"Aquí nosotros esperamos que efectivamente se haga justicia y que esta persona que las dejó botadas ahí pague con cárcel como corresponde para cualquier familia", explicó el isleño.

Sumó la fuente que "hoy día nos tocó a nosotros, a la amiga de mi sobrina, perder la vida en este lamentable accidente. Esperamos que la justicia cumpla y que la persona que es un peligro para la sociedad no esté libre".

Compañeros

Quienes también solidarizaron con estas jóvenes, fueron sus compañeros de la carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso.

Mediante un comunicado, indicaron que "el juez ordenó la prisión preventiva únicamente por peligro de fuga, lo que abrió la posibilidad que se pagara la caución y quedara en libertad".

Añadieron que "no podemos aceptar esta decisión. Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa, autoridades y sociedad en general a unirse a nuestro reclamo y exigir justicia por nuestras compañeras".