Pedro Bárcena González

A una indemnización superior a los 100 millones de pesos fue sentenciado en las últimas horas un transportista y de forma solidaria la empresa para la que trabajaba, por el daño moral provocado a raíz de un siniestro vehicular que afectó a una familia avecindada en la Isla. Una tragedia que le costó la vida a una adulta mayor y dejó otros 3 lesionados.

El 24 de noviembre del 2021, a la altura de la comuna de San Fernando (Región de O'Higgins), el camión guiado por el demandado de 40 años impactó el auto en que viajaba una exfuncionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) de Castro, quien resultó con múltiples fracturas. Además, su madre de 78 años falleció en el lugar.

Producto de este mortal hecho y sus consecuencias, tanto físicas como sicológicas, la víctima de 56 años presentó una demanda el 28 de junio del 2023, ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando.

Así lo explicó Marcelo Pinto, representante del Estudio Jurídico Vargas & Pinto, con sede en la capital chilota, enfatizando que "en medio de un paseo familiar fueron víctimas de un accidente de tránsito por un camión propiedad de Áridos Tinguiririca SpA, cuyo chofer no respetó un disco Pare. Presentamos una demanda civil indemnizatoria de perjuicio por daño moral, como consecuencia de los alcances de las lesiones sufridas por nuestra clienta, como el impacto por la muerte de su madre".

El profesional advirtió que esta fatal colisión "generó un serio deterioro sicológico en nuestra representada, el cual hasta la fecha está siendo tratado".

Fallo

Tras las pruebas presentadas, que incluyeron peritajes de la Subcomisaría Investigaciones Accidentes del Tránsito (SIAT) de Cachapoal, como múltiples informes médicos y siquiátricos, el juez José Miguel Valenzuela condenó a los requeridos al pago de 30 millones de pesos por "el daño moral a consecuencia de las lesiones físicas sufridas por la demandante", como expuso en su fallo.

También, la resolución incluyó una indemnización por $80 millones a raíz de la afectación sufrida por la expolicía por el fallecimiento de su mamá.

Como remarcó Pinto, los argumentos que sustentaron este dictamen, "se enfocaron en que el chofer incumplió la normativa del tránsito, siendo responsable de manera directa del hecho, y de forma solidaria debe responder la empresa".

Pese a valorar esta resolución, la parte demandante decidió recurrir ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, tras calificar como "exiguos" los montos asignados, en consideración a todo el daño generado. Bajo este escenario, invocaron sumas superiores a los $500 millones.

En su recurso, el abogado Rodrigo Vargas, graficó el perjuicio provocado a su clienta describiendo que presenta una "secuela física permanente y para toda la vida, a raíz de la contracción de su pierna izquierda", como también la "agudización de un cuadro siquiátrico severo". Es más, añadió que su representada debió renunciar a la PDI tras 30 años de servicio.