Funcionaria reasumirá en el GORE con prohibición de contactar a la Difoi
Desde el Gobierno Regional dicen que Gloria González -trabajadora de planta- volverá a otra división, en un piso diferente, pero que "no pueden supervigilar la posibilidad de encuentros casuales o privados". Abogado arguye que no hay impedimento y que ella no decidía recursos.
En una semana más, el jueves 1 de agosto, reasumirá sus labores como funcionaria de planta la exjefa de la División de Fomento e Inversión (Difoi), Gloria González Sáez, quien se encuentra formalizada desde el 25 de noviembre de 2023 por el delito de fraude al fisco, en el marco del denominado caso Convenios.
La funcionaria, quien ha sido sindicada como la persona del Gobierno Regional (GORE) que tomó contacto con la Corporación Kimün y la Fundación Participa, para invitarlas a ejecutar programas por los cuales se adjudicaron recursos por un total de $2.400 millones, se encontraba haciendo uso de una licencia médica que fue expedida días antes de que se formalizara investigación en su contra, la que finaliza a fines de este mes.
Si bien inicialmente el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó como medida cautelar la detención domiciliaria total de Gloria González, esta fue modificada en una audiencia que se desarrolló el 31 de mayo pasado.
Según detalló su abogado, José Miguel Devilat, dicha cautelar se sustituyó entonces por "arresto domiciliario nocturno, por jornada de 6 horas, unido al arraigo nacional y a la prohibición de comunicarse con los demás imputados, los que están formalizados y en calidad de querellados, y la prohibición de comunicarse con funcionarios de la Difoi del Gobierno Regional", detalló.
"inexplicable"
Es precisamente este punto lo que fue cuestionado por el consejero regional Alexis Casanova (RN) como una determinación inentendible e inexplicable. "Se pretende que no tome contacto con diferentes funcionarios del Gobierno Regional y todos saben que en el GORE hay un solo ascensor, hay una sola escalera; no sé cómo pretenden que se invisibilicen las personas para no tomar contacto con la exjefa de división. La verdad creo que es el mundo al revés, es una tremenda contradicción y una cachetada a la justicia", expuso.
El core osornino agregó que en este caso, en que existe una investigación vigente del Ministerio Público y Contraloría, la "Fiscalía tiene el deber y la obligación de actuar, porque no se puede entender esta situación".
Similar fue la reacción de sorpresa que expresó el diputado por el distrito 26 y querellante en el caso Convenios, Fernando Bórquez (UDI), quien recalcó que, si bien la presunción de inocencia se debe respetar, los delitos por los cuales está siendo investigada esta funcionaria son de carácter grave.
"Al parecer el gobernador no le ha tomado el peso a este proceso de investigación por el caso Convenios. Es necesario que este servicio clarifique si la funcionaria llegará al mismo cargo que ejercía antes de ser formalizada o si tendrá otras funciones dentro de este servicio regional", enfatizó el chilote.
En respuesta, el abogado José Miguel Devilat explicó que "eso se acordó con el fiscal para que ella pudiera retomar sus funciones en el Gobierno Regional, asignándole funciones en unidades distintas de la División de Fomento. Por lo tanto, ella no tiene una prohibición de comunicarse con los demás funcionarios del Gobierno Regional, solo con la Difoi, y puede retornar a su trabajo y entiendo que ello se va a materializar en la primera semana de agosto".
Devilat subrayó además que, jurídicamente hablando, "ella no tiene impedimento alguno para retomar sus funciones en el GORE".
"No puede
supervigilar"
En el ámbito administrativo, en tanto, desde el Gobierno Regional de Los Lagos se informó a través de un comunicado público difundido ayer que esto no es una decisión del GORE: "Se trata de una funcionaria de planta de esta institución y, según se nos notificó por parte del Tribunal de Garantía, actualmente no existen impedimentos legales para que ella retorne a trabajar".
En cuanto a la inédita situación que deberán enfrentar a nivel interno, dada la prohibición de Gloria González de tomar contacto con su anteriores subalternos en la Difoi, en el mismo comunicado se detalló que "como Gobierno Regional hemos tomado todos los resguardos para cautelar que este proceso se desarrolle en los parámetros y garantías que corresponde, razón por la cual se han acatado las medidas restrictivas establecidas por el juzgado de garantía, con los instrumentos que son posibles de proveer por parte de nuestra institución y que fueron informados formalmente a la Fiscalía Regional. Entre ellos está la asignación de funciones en materias ajenas a la División de Fomento Productivo e Industria".
Extraoficialmente, de hecho, se conoció que González retomará sus funciones en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader), que funciona en un piso distinto a la Difoi en el Centro Administrativo Regional, y en un departamento encargado de coordinar el Plan de Acción Regional de Cambio Climático.
No obstante, se aclaró que "el Gobierno Regional de Los Lagos no puede supervigilar la posibilidad de encuentros casuales o privados de las personas y que todas las medidas que esta institución puede poner a disposición, han sido aplicadas".
Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS), también querellante en la causa judicial, calificó como incomprensible y hasta discriminatorio que la Fiscalía haya adoptado medidas cautelares de enorme significado, como la prohibición absoluta de acercamiento al Gobierno Regional, solo para algunos de los investigados, como es el caso de la ahora destituida administradora regional Viviana Godoy.
"Considero que ahí hay un acto discriminatorio que es bastante inaceptable, porque por lo que tengo entendido la exadministradora regional no se ha hecho de ningún recurso público, solo se le imputa responsabilidad por el cargo que ostentaba", apuntó.
Asimismo, el consejero regional Manuel Rivera (PS) reiteró que en el caso de Gloria González, ella es funcionaria de planta del Gobierno Regional -inclusive desde antes que asumiera Patricio Vallespín como gobernador regional- "y, por lo tanto, mi opinión es que mientras la justicia no determine (lo contrario), yo no puedo estar opinando contra ella, además hay una Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional que yo respeto mucho y por lo tanto yo me voy a remitir a lo que diga la justicia, porque yo no puedo estar condenando a una persona que no ha sido condenada", comentó.
Consultado por este medio, Jorge Loncón, actual presidente de la Asociación de Funcionarios del GORE Los Lagos, declinó pronunciarse ayer sobre esta situación, pese a afectar a una funcionaria de planta.
24 de noviembre de 2023: formalizan a González por fraude al fisco.