Julián Gesell / Redacción

El Ministerio de Educación se preparaba para que este julio fuera un mes de grandes hitos en la enseñanza insular. Un hecho ya sucedió: comenzó a funcionar el Servicio Local de Educación Pública (Chiloé), entidad que en el 2025 absorberá complemente la labor que hoy poseen en la materia las corporaciones municipales de ocho comunas, más el administrador provisional en Ancud y en Quemchi su DAEM (Departamento de Administración de la Educación Municipal).

El otro acontecimiento histórico que debió ocurrir es la incorporación del Archipiélago a la Beca de Integración Territorial (BIT), beneficio del Estado creado en 1987 a través de la Ley 18.861 para territorios del país con poca o nada oferta de enseñanza superior y que, a 37 años de su vigencia, no ha sumado aún a esta provincia.

Ingresado como mensaje presidencial, el proyecto ha avanzado relativamente rápido en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, aunque este martes 9 del presente hubo una singularidad: la Cámara Alta lo visó solo en general y no en particular, por lo que se alarga su tramitación.

Frente a estos dos temas habla el jefe del Mineduc, el ministro Nicolás Cataldo, quien visitó Chiloé en enero de este año en el marco de la gira oficial del Presidente Gabriel Boric, tiempo en que también en entrevista con La Estrella se refirió a la revolución que significará el SLEP para comunidades acostumbradas a que los municipios administren la educación pública.

-¿Cómo recibe el Ministerio de Educación la enseñanza pública en Chiloé bajo la administración municipal? ¿Por qué se vio necesario concretar un cambio en su manejo? ¿La crisis de Ancud fue un factor determinante?

-La recibimos con el compromiso de que el tránsito al Sistema de Educación Pública resguarde a todo evento la continuidad del servicio educativo. Aquí, como en otros espacios que han tenido dificultades, hemos adoptado medidas de carácter excepcional que, más allá de los detalles, apuntan a un solo propósito, que es garantizar el derecho a la educación mientras se prepara el traspaso desde la educación municipalizada.

La situación de Ancud ciertamente significó una alerta que hemos visto replicada en otras comunas y que dan cuenta de la crisis de la administración municipal de la educación. Es parte de un diagnóstico que conocemos y que hace siete años estuvo detrás de la reforma, y ahora detrás del proyecto que presentamos para fortalecer el proceso de traspaso y la administración del Sistema de Educación Pública.

-¿En qué etapa estamos en la implantación del SLEP en Chiloé y cuáles son las venideras? ¿Cómo es el funcionamiento a rasgos generales del servicio?

-Una buena noticia, crucial para todos los pasos que siguen, es la reciente conformación del Comité Directivo Local, con representantes de las y los apoderados, el Gobierno Regional y las municipalidades. Este organismo es clave para la definición del perfil del cargo de director(a) ejecutivo del SLEP y también para avanzar en el desarrollo estratégico del servicio local.

Los meses que quedan son muy importantes para afinar la transición y permitir que el SLEP Chiloé asuma la administración de los establecimientos educacionales abordando con propiedad los procesos críticos que posibilitarán su funcionamiento como nuevo servicio público. Esto requerirá mucho diálogo y disposición de quienes forman parte del sistema educativo. Nuestra experiencia indica que la calidad de la colaboración que se produzca en esta fase impacta decisivamente en el funcionamiento futuro de un SLEP. Por eso hacemos un llamado a todas y todos los actores regionales a ponerse a disposición de las tareas que tenemos por delante.

-Tomando las experiencias de implementación de SLEP en otras zonas del país, ¿qué lecciones rescata para el actual proceso en la provincia? ¿Es un modelo que se adapta a cada territorio?

-Parte importante de las lecciones que hemos incorporado al funcionamiento del sistema se han plasmado en las medidas legales y administrativas adoptadas desde 2022 y que apuntan, por ejemplo, a flexibilizar el uso de recursos para que los establecimientos cuenten con una "caja chica" para gastos u operaciones menores, o la autorización -incluida en la Ley de Presupuesto 2024- para que los servicios locales puedan usar los recursos remanentes en caso de existir saldos iniciales de caja y deuda flotante.

Por otra vía, esos aprendizajes se han plasmado en las propuestas centrales del proyecto de ley que presentamos al Congreso Nacional para el fortalecimiento del proceso de traspaso y la administración del Sistema de Educación Pública, y que entre sus propuestas promueve la obligatoriedad de los planes de transición para asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo.

Ahora, conviene tener presente que estas normas generales no ponen en riesgo ni desvirtúan el carácter descentralizado de los servicios locales, pues la autonomía y diversidad de proyectos educativos a lo largo del territorio es un elemento distintivo de esta reforma que debemos preservar. Por eso es crucial que la ciudadanía se apropie de este proceso y sea parte del tránsito de los establecimientos de su territorio al Sistema de Educación Pública.

¿Mayores estándares?

-¿La llegada del SLEP garantiza salas calefaccionadas, infraestructura de calidad, mayor cobertura en movilización, subir estándares de la enseñanza, entre otras materias? En ese sentido, ¿cuáles son los montos y para qué se utilizarán al entrar en funcionamiento el SLEP? ¿Considera una mayor inversión en la educación pública de Chiloé este servicio?

-Esta reforma no se está llevando adelante simplemente para cambiar la administración del servicio educativo de un tipo de sostenedor a otro. El objetivo último es que esa transición conduzca al mejoramiento de la calidad de la educación pública, habida cuenta de que los servicios locales cuentan con una especialización y una metodología de trabajo que las municipalidades no pueden tener, dada la diversidad de materias de las que deben hacerse cargo.

Tal como lo muestran los resultados del último Simce y como también se reconoce en el último informe del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, los servicios locales han ido mostrando mejoras significativas en los distintos ámbitos que debemos considerar para hablar de una educación de calidad, que incluye los aprendizajes, una buena infraestructura y la oportunidad de los servicios que forman parte de la vida cotidiana de un establecimiento educativo.

Estoy seguro de que el SLEP Chiloé funcionará con esos mismos estándares, y que eso contribuirá a una mejor educación para las y los estudiantes del Archipiélago. Ello, por supuesto, supone atender con especial atención a los desafíos propios del territorio, como el transporte escolar, que ha sido mencionado en diversas instancias por las autoridades. Lo que tenemos muy presente es que esas particularidades territoriales no pueden significar desventajas e inequidades irremontables para la educación en la provincia.

-¿Cómo asume la crítica desde el magisterio que dentro del Comité Directivo Local del SLEP estén personas designadas desde los municipios, a los que apunta como principales responsables en la caída de la educación pública en Chiloé bajo su administración?

-La composición del Comité Directivo Local está definida por ley y mientras no haya modificaciones al respecto, es una materia sobre la cual podemos tener una opinión, pero no alterar.

Vale la pena recordar que el proceso de instalación del Sistema de Educación Pública es una transición institucional compleja y en una transición es arriesgado prescindir de una de las partes; más todavía si consideramos que el traspaso de todo lo que significa el servicio educativo (información, bienes muebles e inmuebles, funcionarios) es crítico para que el nuevo servicio opere de manera adecuada y oportuna.

Por eso nuestro proyecto de ley propone una serie de modificaciones para garantizar aquello, con control de dotación, promoción de conductas financieras responsables, pago de deudas previsionales y remuneracionales y un mayor énfasis en el deber de información desde la administración municipal.

Ahora, para efectos del proceso que tenemos por delante, necesitamos que las municipalidades y sus equipos estén a plena disposición, tal como lo han estado hasta ahora. Prescindir de ellos en función de la evaluación de su conducta pasada es comprometer seriamente el futuro del servicio local.

-¿Es posible que el comité directivo incorpore a profesores o trabajadores de la educación?

-Me parece importante clarificar que, así como los representantes de municipios y gobiernos regionales participan en el Comité Directivo Local, los y las docentes están considerados en otro espacio de participación, de suma relevancia, como es el Consejo Local (del SLEP).

Los consejos locales representan ante el SLEP los intereses de las comunidades educativas, para que el servicio educacional considere adecuadamente sus necesidades y particularidades. Esto es muy importante, ya que la nueva educación pública busca situar a los establecimientos educacionales en el centro de sus esfuerzos por la mejora educativa. Así, la experiencia y conocimiento de los y las docentes será fundamental para impulsar un liderazgo estratégico orientado al desarrollo de proyectos educativos con perspectiva territorial.

Por estas razones, el proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso Nacional busca fortalecer los consejos locales, ampliando sus integrantes y el período de ejercicio, mejorando su funcionamiento y estableciendo la designación de contrapartes del SLEP que propicien la relación de esta instancia con los territorios.

Campo e islas menores

-Muchos establecimientos en Chiloé quedaron sin estudiantes, incluso infraestructuras completas están sin funcionamiento por aquello. ¿Con el SLEP Chiloé se espera realizar su recuperación? Y si es así, ¿cómo? ¿Existe abordaje de manera especial a sectores rurales o islas con pocos alumnos?

-Esas son materias cuyo abordaje corren por cuenta de la nueva institucionalidad, que precisamente tiene un carácter descentralizado para que se tomen las mejores decisiones, teniendo siempre a la vista las necesidades del territorio. Por supuesto que contarán con el acompañamiento estratégico de la Dirección de Educación Pública, también de este ministerio, a través de la Secretaría Regional, y desde luego que con la experiencia de otros servicios locales.

-¿Cómo se espera distribuir los recursos a establecimientos de cada comuna con esta nueva figura? ¿Quién o quiénes determinarán qué es prioridad o no para destinar los dineros?

-Para eso es importante que se instale con premura la institucionalidad propia del servicio local, que aparte de su dirección ejecutiva y dotación interna contará con el Comité Directivo Local y el Consejo Local de Educación, que a su vez son claves para las relaciones con otros órganos de la coreografía institucional local, partiendo por el Gobierno Regional y también las municipalidades, que no por traspasar el servicio educativo estarán al margen de las decisiones indispensables para la provisión del servicio educativo.

Estas son las preguntas donde comenzará a cobrar forma concreta el principio de que el servicio local es el llamado a atender y considerar a las propias comunidades para el desarrollo de liderazgos estratégicos con perspectiva territorial. Es lo que está sintetizado en la idea de una educación con pertinencia, para que ese tipo de priorizaciones no sea establecida desde un escritorio en Santiago.

BIT para alumnos isleños

-Sobre la reciente votación en el Senado en general de la Beca de Integración Territorial (BIT) que incorporará a Chiloé, ¿cómo se espera implementarla en la provincia, tomando en cuenta las diferencias de sus comunas en cuanto a dispersión geográfica?

-A pesar de las condiciones geográficas y demográficas de la provincia de Chiloé, esta no estaba considerada dentro de las zonas extremas beneficiarias de las Becas de Integración Territorial. La iniciativa aprobada en general por el Senado viene a hacerse cargo de esa omisión.

En primer término, su asignación no debería estar limitada por factores geográficos, pues se trata de un beneficio al que se accede según una serie de requisitos que debe cumplir cada postulante.

Ahora, lo que corresponde es esperar hasta el lunes 22 de julio, que es el plazo que se estableció para el ingreso de indicaciones tras su aprobación en general.

-¿Qué beneficios contempla esta beca? ¿A cuántos estudiantes favorecerá?

-La Beca de Integración Territorial consiste en la entrega de asignaciones mensuales de libre disposición, que en este caso está en el orden de los 120 mil pesos. Contempla también una asignación de traslado según lugar de residencia, que en el caso de la provincia de Chiloé asciende a 5,8 UTM (unidades tributarias mensuales) anuales.

En su paso por la Comisión de Hacienda del Senado, se aprobó el aumento del número de cupos en 1.000 beneficiarios.

"Los y las docentes están considerados en otro espacio de participación, de suma relevancia, como es el Consejo Local (del SLEP)".