Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

El Senado rechazó ayer el informe aprobado por la comisión mixta, el que reponía la multa por no asistir a votar a las elecciones municipales y de gobernadores que se realizarán a finales de octubre y que a través de una ley se pretende que se realicen en dos días.

Luego que la Cámara de Diputados y el Senado no llegaran a acuerdo sobre algunas indicaciones propuestas en el proyecto que pretende que las elecciones se realicen el 26 y 27 de octubre, la iniciativa pasó una comisión mixta que ayer repuso la multa a quienes no asistan a sufragar. Los parlamentarios y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para que fuera de entre 0,5 y 2 UTM, lo que es menor al castigo en las elecciones pasadas, cuando fue de hasta 3 UTM (unidades tributarias mensuales).

Sin embargo hubo discrepancias con la inclusión de la palabra "ciudadanos" para establecer la multa y el Gobierno pidió que se cambiara por "electores". El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que en la Constitución las sanciones por voto obligatorio se aplican "respecto solo de los ciudadanos; no respecto a quienes han optado por la nacionalidad", puesto que ahí dice que "podrán ejercer el derecho de sufragio", lo que no los obliga.

Así, el informe que necesitaba de 28 votos se rechazó con 25 a favor, siete en contra y siete abstenciones. Los dos últimos fueron de senadores oficialistas, quienes se plegaron a la postura de Elizalde y aseguraron que la indicación de la comisión era "inconstitucional".

La decisión de rechazar el informe fue criticada por la senadora de la UDI Luz Ebensperger, quien calificó en el debate que "se quiere distinguir, una vez más a los extranjeros. Ya nos ganaron los jardines infantiles, tienen prioridad por sobre los chilenos, nos ganaron los colegios. Ahora, ¿qué queremos? Entonces que hagan lo que quieran con los derechos políticos".

Su par Juan Antonio Coloma acusó un intento velado del oficialismo por mantener el voto voluntario.

Tras el revés, Elizalde manifestó que la idea era "hacernos cargo de la tradición en Chile mientras existía el voto obligatorio (...) Desafortunadamente no hubo voluntad de acuerdo. No hubo disposición para siquiera abrir el debate respecto de los temas que planteó el Ejecutivo".

"Vamos a evaluar pasos a seguir que serán anunciados de la forma que se va a consagrar el sentido del proyecto de ley (...) Los plazos son acotados", agregó el ministro.

El proyecto volverá a la Cámara, donde se discutirán los puntos aprobados en la comisión, como son la reducción al reembolso por voto válidamente emitido de $1.500 a $975 y la regulación de la propaganda electoral en plataformas digitales y redes sociales.

El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, catalogó que "lo importante es que exista una multa (...) Somos partidarios que haya una multa administrativa por el propio Servel y con mucha digitalización; que las personas se excusen por internet, se les pasen las multas, que sean más baratas si pagan anticipadamente".

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y dejó en prisión preventiva a nueve imputados capturados el sábado en un operativo en Villa Francia, Estación Central, y tres en otros sectores en la Región Metropolitana.

Luego que el sábado el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago determinó dejar en libertad a nueve de los imputados por la Ley de Armas, a quienes les hallaron armamento en el comedor social Luisa Toledo de Villa Francia, la Fiscalía apeló a la medida y ayer la corte rectificó la cautelar de estas personas por la de prisión preventiva, pues determinó que "son un peligro para la sociedad".

En total, en los operativos llevados a cabo en cinco comunas hubo 14 detenidos, de los cuales 12 quedaron en prisión preventiva. Para los otros dos se dictaron las cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

"Existen antecedentes que permiten presumir fundamentalmente la participación de los nueve imputados en la comisión del delito formalizado", señaló ayer el fiscal Claudio Orellana sobre la determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Entre los imputados que quedaron en prisión preventiva se encuentra Marcelo Garay Vergara, quien en marzo de este año realizó funciones para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Sobre ello el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que cualquier relación contractual con cualquier institución pública que dependa del Gobierno, se va a terminar de inmediato".

El operativo en Villa Francia provocó divisiones en el oficialismo. Desde el PC cuestionaron la "violencia" con que se habría llevado a cabo el procedimiento y diputadas de ese partido enviaron un oficio al Gobierno para que entregara mayores detalles del allanamiento e incluso hablaron de "montaje".

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Ciudadana, Carolina Tohá defendió el operativo, pues terminó con la incautación "de un importante arsenal". En esa misma línea, la jefa de gabinete sostuvo ayer a CNN Radio que "en lugar de enojarme con la policía o los fiscales que investigan, me enojo con que se utilice o se manipule una historia ligada a los DD. HH. para cometer actos violentos en democracia (...) Si se comprueba que había conocimiento de la tenencia de estas armas en el lugar, ciertamente, se están amparando armas".

La diputada del PC Alejandra Placencia (PC) tildó que esos dichos "no corresponden", porque se está hablando de "una investigación en curso". La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, añadió en radio Cooperativa que "pareciera haber un PC que está en el Gobierno y uno que está contra el Gobierno", lo que fue calificado por Lautaro Carmona como una "falta de respeto".

Parlamentarios oficialistas y de la oposición criticaron ayer la campaña comunicacional que ha llevado a cabo el Gobierno para informar sobre el subsidio al que puede postular el 40% de los hogares más vulnerables del país, el cual busca cubrir parte del alza de las tarifas eléctricas que se comenzó a aplicar este mes.

Hasta la mañana de ayer sólo habían postulado 1.122.908 personas al subsidio pensado para 1,5 millones de familias, cuyo plazo de postulación vence el 14 de julio

"La razón tiene que ver tanto con la debilidad comunicacional de la medida desde el Ejecutivo, como por los requisitos que se piden. En especial la morosidad", dijo el senador del PS Juan Luis Castro.

El diputado exmilitante del PDG Rubén Oyarzo señaló que "aquí el Gobierno no se está haciendo cargo de este problema. Lo primero que hay que hacer es postergar la fecha que vence este domingo".

Por su parte, la diputada Natalia Romero (indep. pro UDI) dijo que "el problema al que se va a enfrentar el Gobierno, producto del hermetismo y la falta de transparencia que ha rodeado todo este proceso, es que si llegan a postular más de 1,5 millones de hogares van a tener que rechazar la solicitud de varios chilenos, sin ninguna justificación".