"Pareciera existir campaña sistemática para mostrar a la ley de borde costero como amenaza para sectores productivos"
En su reciente visita al Archipiélago, el jefe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena habló sobre las fallidas solicitudes de espacios costeros marinos que realizaron comunidades chilotas.
Tras el reciente Día Nacional de los Pueblos Indígenas y el solsticio de invierno, estuvo en la Isla el director nacional de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), Luis Penchuleo Morales, quien encabezó el traspaso de tierras para la comunidad huilliche de Cocauque, en la comuna de Quellón.
"El predio estaba en propiedad de Agrícola y Forestal Pansur Limitada y el monto de la compra fue de $4.208.411.000, por una superficie de 1426.58 hectáreas", destacó el periodista oriundo de Lautaro (La Araucanía) sobre el proceso en que hubo reconocimiento al título de realengo de los comuneros, otorgado en 1823 por la Corona española, tiempo en que Chiloé aún no pertenecía a la República de Chile.
-¿Qué otros traspasos de tierras se gestionan en la provincia?
-Actualmente existen 9 solicitudes iniciadas en Conadi para la solución a problemas de tierras a través del programa de aplicación 20 b, las cuales están en diferentes etapas; una de ellas corresponde a la comunidad de Yaldad, a quien en esta oportunidad le hemos entregado la resolución de su aplicabilidad (también por título de realengo).
Respecto a la figura de los espacios costeros marinos de pueblos originarios (Ecmpo), cuestionada especialmente este año por votaciones a solicitudes en Aysén y Chiloé, el profesional recalcó que "es un convenio de uso otorgado a una o varias comunidades, no otorgan dominio, sino que las comunidades coadministran con otros usuarios".
"población en general"
De acuerdo a Penchuleo, los beneficios de los Ecmpo "son para la población en general", pues "permiten visualizar el futuro desde una perspectiva colectiva sobre el uso y resguardo de los recursos hidrobiológicos y de los diferentes espacios que componen el borde costero".
-¿Cómo evalúa lo sucedido en la región con marchas y declaraciones en contra de la Ley Lafkenche y solicitudes de espacios por parte de comunidades chilotas?
-Es muy importante analizar esto desde una perspectiva amplia y multidimensional, y no desde un caso en particular. Si bien hay intereses legítimos desde distintos sectores, estos deben dialogar con los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la normativa nacional e instrumentos internacionales, por lo que es deber del Estado incorporar a los pueblos indígenas con sus particularidades a la ecuación del ordenamiento del borde costero.
Lamentablemente, hay mucha desinformación, tergiversación y falsas interpretaciones de los reales fundamentos y alcances de la ley. Pareciera existir una campaña sistemática para mostrar a la ley de borde costero como una amenaza para los sectores productivos industriales y artesanales, lo cual no es real.
La ley establece claramente que los derechos ya otorgados no se pueden afectar, por lo tanto, todas las concesiones que están siendo administradas siguen operando de manera normal. Asimismo, es causal de término de la Ecmpo el impedir el acceso o libre navegación.
-En cuanto a los resultados desfavorables para comunidades huilliches de Chiloé en la votación de la Crubc (Comisión Regional de Uso del Borde Costero) de Los Lagos del 7 de junio, ¿cree que se falló como Conadi en impulsar los beneficios de esas solicitudes?
-Como Conadi tenemos el desafío de mejorar nuestro trabajo en torno a la difusión de los derechos de los pueblos indígenas, pero no es la ciudadanía la que vota por el otorgamiento o rechazo de las Ecmpo, son las autoridades que componen la Crubc, para lo cual el trabajo va más allá de solo informar, se requiere un trabajo político de profundidad.
(Los Ecmpo) Linao de Ancud, Chadmo, Barrio Costero e Isla Linagua de Quellón se rechazaron. Punta Yatehua de Quellón no logró el cuórum para rechazar, por lo tanto, podría aprobarse por no pronunciamiento de la comisión. Es una interpretación que está en discusión. Una vez emitida y notificada la resolución de la comisión, las comunidades tienen plazo de un mes para presentar un recurso de reclamación ante la misma comisión.
-¿Qué le parece que no se haya suspendido la Crubc por la muerte de Ramón Chiguay, lonco de Folil Trincao, una de las comunidades solicitantes?
-No me parece pertinente referirme a ello, pues son decisiones de carácter regional que competen a sus autoridades. Tal vez en sentido simbólico y de respeto pudo tomarse en cuenta, pero en cuanto al resultado, la decisión no pasaba por las comunidades, sino que por los integrantes de la Crubc.
-¿Qué opina sobre la posición que tomaron organizaciones que están en contra de Ecmpo y la modificación e incluso derogación de Ley Lafkenche?
-Más allá de las posiciones, es importante analizar los intereses que buscan defender, estos pueden ser legítimos e incluso eventualmente compartidos, pero la búsqueda de soluciones no puede poner a unos sobre otros, sino que debe buscarse una armonía ni mucho menos debe significar retroceder en derechos reconocidos y que fueron fruto de un amplio acuerdo social y político, como es la aprobación de la Ley Lafkenche en su momento.
-El Gobierno está por modificar la Ley Lafkenche. ¿O cree que en cuanto a los otorgamientos de Ecmpo, esto pasa por un tema de administración y no de cambio de la norma?
-En el programa de Gobierno no está establecida la modificación de la ley, sí las mejoras en el aspecto administrativo. En ese sentido, se han reconocido nudos críticos que son compartidos por quienes se muestran contrarios a la ley, pero referente a la implementación de la ley, más que a la ley en sí misma. Por lo tanto, para mejorar la aplicación de la ley se deben tomar medidas administrativas: más profesionales asignados y coordinación de los servicios involucrados, apoyo logístico y más difusión.
Y todo eso se hace con recursos, por lo tanto, es clave el presupuesto disponible para ello. Se hace presente el deber de consulta indígena que tiene el Estado cuando se toman medidas que afecten a los pueblos indígenas. Y en este caso una ley tan específica debe considerar ese punto si considera su modificación.
rol de organismo
-¿Qué responde respecto a la crítica de algunas comunidades sobre el poco protagonismo de la Conadi para difundir la Ley Lafkenche y sus alcances para las comunidades?
-Conadi tiene tres funciones en la tramitación: elaborar el informe de uso consuetudinario; realizar el proceso de consulta a las comunidades que también hacen uso e informar a la comunidad regional, y ser parte de la comisión intersectorial que aprueba los planes de administración.
Sí tenemos trabajo que mejorar en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas para evitar la desinformación; sin embargo, esto no solo es responsabilidad de Conadi, sino también los otros servicios que son parte de la tramitación y se requiere también un trabajo político profundo y coordinado.
-¿Qué le parece la reciente querella interpuesta por la Delegación Presidencial de Chiloé contra miembros de comunidad indígena de Calle que mantienen un Ecmpo en ese sector de Ancud?
-No conozco a cabalidad los antecedentes del caso en particular. Pero, como principio, la violencia es algo que debe evitar y rechazar siempre, y lamentablemente en este contexto ha habido también amenazas y epítetos racistas hacia las comunidades y dirigentes muy graves que se tienen que condenar con la misma fuerza; así que ojalá también se entreguen los antecedentes al Ministerio Público y existan querellas.
"Punta Yatehua de Quellón no logró el cuórum para rechazar, por lo tanto, podría aprobarse por no pronunciamiento de la comisión. Es una interpretación que está en discusión".