César Cárdenas Ruiz

Inmediatas repercusiones trajo consigo la querella interpuesta por la Delegación Presidencial de Chiloé, en contra de 3 sujetos sindicados como responsables de amenazas contra dos pescadores en el sector rural de Calle, en Ancud. Un incidente registrado en febrero pasado, asignado a la polémica Ley Lafkenche y el otorgamiento de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo).

Dos integrantes de la comunidad indígena Buta Lauquen Mapu, quienes integran la directiva que administra el espacio costero marino de la mencionada localidad, aparecen como querelladas en el recurso y dieron a conocer su postura sobre este altercado.

En comunicado informaron que "un turista de Santiago arrendaba unas cabañas en dicha localidad estaba siendo constantemente hostigado por un grupo de jóvenes y el 16 de febrero a las 16 horas fue atacado en un camino público, por lo cual se defendió mostrando un arma a fogueo que no representa un peligro más que un rol disuasivo, la que fue puesta a disposición de Carabineros".

Remarcaron en el documento que este visitante "fue sancionado por estos hechos en mayo de 2024", con relación a la formalización en su contra, quedando con la cautelar de prohibición de acercarse a los hombres de mar.

Igualmente, se indicó que "cinco meses después aparece una querella por parte del delegado presidencial provincial Marcelo Malagueño, quien además de involucrar al turista que se fue de Chiloé en febrero de este año, incluye en su querella a dos mujeres dirigentes mapuche huilliche que forman parte de la directiva que administra el Ecmpo Calle, quienes nada tienen que ver en esta rencilla, más que haberle arrendado una cabaña a este turista que tampoco tiene algún vínculo familiar ni de amistad con las comunidades locales".

Asimismo, se agrega que "creemos que Luis Villegas también ha sido utilizado, si bien su pretensión era quitarle la administración del Ecmpo a la comunidad indígena, cosa que no logró, diversas autoridades han tomado su versión de los hechos para su conveniencia".

Víctimas

Esto fue refrendado por Iberia Terumán, presidenta de la comunidad indígena Buta Lauquen Mapu y del Ecmpo Calle. "Hacemos esta declaración pública porque hemos sido víctimas de una persecución política brutal por parte de operadores políticos que quieren cambiar la Ley Lafkenche y han utilizado a la Ecmpo Calle como pretexto para fundamentar estos cambios legislativos", acotó.

"A nosotros nos han inventado calumnias, nos han difamado en distintas instancias públicas, nos han juzgado sin escuchar nuestra versión de los hechos y nos han realizado tratos vejatorios que ya no vamos a seguir tolerando", esgrimió.

Sumó la dirigenta ancestral que "vamos a llegar hasta las últimas instancias para limpiar nuestra imagen y denunciar esta persecución política por parte de autoridades designadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en particular el zonal de la Subpesca (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura) Alberto Millaquén, Tamara Santos del Plan Buen Vivir y Marcelo Malagueño delegado presidencial provincial".

Uno de los aludidos, el dirigente Luis Villegas, gestor y coordinador "por la lucha social frente a los derechos de los vecinos ribereños", como lo denomina, respondió a lo anterior expresando que "ese es un voladero de luces nomás, para desviar la atención respecto de lo principal. Aquí hace rato que viene habiendo problemas con la ley y no existe ningún tipo de persecución política, cualquier cosa que se diga en torno a lo que se ha hecho para ayudar a la gente, para integrar a la gente es el bien común, es lo que todos queremos, la gente quiere restituir sus derechos".

"En el fondo -continuó- hoy día se está trabajando para hacerle modificaciones a la ley y no a perjudicar a nadie, sino para equilibrar, para restituir los derechos de la gente ribereña, eso es todo, cualquier cosa que se diga diferente solo es para equivocar el camino no más".

Junto con ello, consignó que en las últimas cuatro décadas, el número de pescadores artesanales que se desempeñan en el sector Calle, ha disminuido a la mínima. "Ahí trabajan cuatro personas, cinco personas, antiguamente trabajaban ahí 100 personas, 200 personas e incluso en la década de los 80' trabajaron tres organizaciones formalmente inscritas; no existe problema de espacio ahí, hay posibilidades para todo el mundo", puntualizó.

En tanto, Alberto Millaquén, evitó referirse al tema señalando que por ahora no emitirá declaraciones, al encontrarse todo en medio de una investigación.

Donde también hubo impresiones, fue desde la delegación provincial. Allí, el titular del organismo, Marcelo Malagueño, expresó que "en primer lugar señalar que la Ley Lafkenche está vigente. Nuestro gobierno hasta ahora no ha manifestado intención de modificar la ley y por tanto nosotros tenemos que respetar la ley y las condiciones en que está, eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la situación que sucedió en febrero, en donde una persona acompañada de dos mujeres interceptan un vehículo menor, con dos personas".

Adjuntó el personero que "este señor con un arma de fuego amenaza a estos dos jóvenes que estaban en el auto, una de las mujeres que ahí estaba trata de abrir y forzar la puerta para bajar a los jóvenes que es lo que se ve en los videos, que motivaron finalmente la denuncia y posteriormente esta querella, que es un hecho delincuencial que no tiene absolutamente nada que ver con la situación de la Ley Lafkenche o de pescadores o de alguna comunidad".

Delito

Finalmente, el representante del Ejecutivo en la zona, hizo hincapié en que "uno no puede ampararse en pertenecer a una comunidad o a un grupo cualquiera, para cometer un delito porque finalmente el delito sigue siendo delito, así es que nos parece interesante que ellos planteen su opinión, pero esto no tiene que ver con la comunidad, no tiene que ver con la idea y no tiene que ver con pescadores, tiene que ver con amenazas con armas de fuego. Por mucho que en el comunicado se señale que es un arma de juguete, la persona que está siendo amenazada no tiene por qué saberlo y esa arma parecía y parece bastante real, por eso es que además Carabineros la perició".

"Nos han inventado calumnias, nos han difamado en instancias públicas, nos han juzgado sin escuchar nuestra versión de los hechos".

Iberia Terumán,, presidenta de la comunidad indígena Buta Lauquen Mapu.