Delegación presenta querella por conflicto armado en sector Calle
Recurso del Ejecutivo fue interpuesto contra 3 sujetos por el delito de amenazas no condicionales a 2 pescadores. Un hecho que estaría vinculado a pugna por destinación de Ecmpo en esta localidad de la comuna de Ancud.
La Delegación Presidencial de Chiloé presentó una querella en contra de tres sujetos, a quienes sindica como responsables de amenazas armadas en el sector rural de Calle en Ancud, en la península de Lacuy, hechos que se remontan a principios de este año. Dicha acción legal se da en el marco de la cuestionada Ley Lafkenche y el otorgamiento de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo).
En el recurso se detalla que dos pescadores habrían sido interceptados el 16 de febrero pasado en el camino secundario de esta localidad rural, por 3 personas que descendieron de un vehículo. El único varón habría empleado un arma, supuestamente a fogueo, para intimidar a los hombres de mar.
Como se expuso en el requerimiento, ambas víctimas "se hicieron presentes horas más tarde en la Primera Comisaría de Ancud para denunciar estos hechos que fueron notificados a la Fiscalía Local, entidad que instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP)".
Asimismo, otro antecedente que da cuenta la querella se enfoca que tres días después de ocurrido el incidente, uno de los afectados retornó al cuartel policial para entregar evidencia audiovisual de lo sucedido, material que igual fue remitido al Ministerio Público.
Igualmente, en la acción criminal aseguran que el caso "se da en el marco que tanto víctimas como victimarios, pertenecen a grupos de la sociedad civil que en el último tiempo han manifestado serios conflictos de intereses sobre la administración, manejo y explotación de los recursos hidrobiológicos o bentónicos del lugar". Una pugna que se asocia a la destinación de un Ecmpo en el sector.
Reacciones
Fue el propio representante del Ejecutivo en la provincia, Marcelo Malagueño, quien explicó la medida que busca sumarse a la causa, que ya está formalizada desde el 4 de mayo pasado por la misma figura penal, pero sólo en contra del imputado de iniciales M. A. C. F., quien recibió como cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas.
El personero remarcó que se trata de una "querella por amenazas no condicional en contra de tres personas que en el mes de febrero (2024) amenazaron con arma de fuego a dos jóvenes en la localidad de Calle, sector Quetalmahue en la comuna de Ancud, situación delictual que nos parece seria y que como Gobierno no vamos a aceptar ni en la región, ni de la provincia".
Sumó el profesional que "estos hechos atentan contra las personas, provocan graves sensaciones de inseguridad y alteran el orden público en el sector y en la provincia. La ministra del Interior (Carolina Tohá), claramente ha señalado de que actos delincuenciales no van a ser aceptados en el país, en esa línea es que estamos actuando".
En representación de los denunciantes, Luis Villegas, gestor y coordinador social de los vecinos ribereños, valoró la determinación adoptada por la delegación.
"La postura nuestra es que es positivo dentro de la comunidad, los que estamos trabajando con este problema social de integración o reclamación de los derechos de la vecindad, es muy positivo en el contexto de un problema que se da en el borde costero y que hoy en día es generalizado y con toda la sensibilidad que significa esto, que el Estado se haya hecho parte de una querella por amenaza de muerte a unos vecinos de nuestra localidad, lo encontramos muy positivo", aclaró.
El dirigente sostuvo que lo anterior "da luces de que también se puede llegar a buen puerto y se puede realizar la respectiva justicia. Se requiere algún tipo de modificación, llámese modificación a la ley misma o bien en el reglamento. Así que estamos trabajando a nivel de Ancud y de la provincia. Necesitamos intervenir esa ley necesitamos recuperar los derechos de los ribereños", aseveró.
Por su parte, el alcalde de Ancud, Carlos Gómez (indep.), quien intervino en un encuentro realizado la tarde del viernes en esta localidad, precisó que la asamblea tuvo como finalidad "poder analizar la preocupante situación del Ecmpo de este sector".
Diputado
Quien también participó de esta cita y se refirió a los acontecimientos de violencia, fue el diputado del distrito 26, Alejandro Bernales (PL), quien señaló que "nos parece que es correcta la señal que ha dado la Delegación Presidencial de Chiloé, al presentar una querella contra de la persona que amenazó con un arma a un dirigente en el sector Calle de acá de la comuna de Ancud".
"Me parece que este tipo de acciones no solo son violentas, impresentables, son realmente un acto delictivo y por eso que nosotros vamos a informar lo que ocurre con esta comunidad", acusó el legislador.
Adjuntó que "es hora de que en el Congreso, el proyecto que está en el Senado avance con celeridad, para que podamos tramitar y mejorar esta ley porque no es posible lo que ya estamos viendo entre algunas comunidades mapuches y pescadores. También por nuestra parte vamos a pedir más fiscalización, más seguridad en el lugar y vamos a dar todos estos antecedentes a los ministros encargados de poder otorgar las solicitudes, porque no es posible lo que estamos viendo hoy día".
90 días para indagar se dieron al momento de formalizar al imputado por amenazas.