Uno de los querellantes de la causa es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Mauricio Maya, jefe regional, dijo que el "Instituto Nacional de Derechos Humanos es querellante, dada la legitimación activa que le entrega la ley para perseguir este delito y valoran las penas entregadas por el Tribunal Oral de Puerto Montt, porque van en línea de la gravedad del delito de trata de personas y con las obligaciones internacionales de Chile, en cuanto a a perseguir y erradicar estos delitos". Igualmente, Maya sostuvo que es valorable "el trabajo de las policías y del Ministerio Público, así como los esfuerzos en la prevención de estos delitos, como la mesa interinstitucional de trata de personas que funciona en esta región y en otras del país".