Marcelo Galindo

Por más de 15 días se podría extender el juicio oral contra los cuatro integrantes de la facción del Tren de Aragua, que se inició ayer bajo un fuerte resguardo de personal de Carabineros y Gendarmería, incluso con perros adiestrados, para la vigilancia del edificio de tribunales.

Alrededor de 12 carabineros custodiaban la vía de acceso al recinto. Ayer lo hicieron con los carros celulares de Gendarmería, en los que trasladaron a los acusados.

En la sala 2 había ocho gendarmes custodiando a los cuatro imputados, y dos más en la sala de espera, junto al perro Lonko, todos correspondientes a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP).

Jueces

Los imputados ingresaron pocos minutos antes de las 8.30 horas a la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Penal (TOP), presidida por el magistrado Andrés Villagra, quien se hizo acompañar -y así ocurrirá en las próximas dos semanas- por los jueces Cristian Rojas y Jorge Díaz.

Tras los primeros debates los magistrados arribaron al acuerdo de no permitir público ni prensa en la sala, siendo declarado el juicio como reservado.

Los debates dieron paso a la autorización de varias declaraciones en forma telemática, de detectives que no pudieron llegar en forma presencial al tribunal, ya que están en juicio en otras ciudades.

Acusación

La lectura de la acusación, que se extendió por una hora y 25 minutos, estuvo a cargo del magistrado Villagra.

En ella dio cuenta de los 12 hechos por los cuales los imputados están siendo acusados, como lavado de activos y asociación ilícita, violación de menor con concurso de explotación sexual y trata de personas con fines sexuales.

El magistrado Villagra dio cuenta sobre la forma cómo ingresaban a Chile a jóvenes y mujeres colombianas y venezolanas, que eran forzadas a ejercer la prostitución entre las regiones de La Araucanía y de Los Lagos.

Tras un receso de 20 minutos, los intervinientes realizaron sus alegatos de apertura.

Entre los querellantes se encuentra el Gobierno, a través de una acción penal emprendida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; además del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial.

El fiscal de la causa es Marcelo Maldonado; entre los defensores se encuentran Andrés Firmani, abogado del alcalde Gervoy Paredes en la causa por presunto lavado de activos y Sergio Coronado, ex abogado de la familia Haeger y actual abogado interviniente del caso Convenios.

Explotación sexual

Los acusados son Yexon Alexander Santiso Linares, Héctor Josue Almérida Osto, Héctor José Almérida Robles (padre e hijo, respectivamente) y Jean Ustariz Mendoza.

Para Almérida Osto, el Ministerio Público solicita la pena de cadena perpetua calificada (40 años de cárcel efectiva, antes de poder solicitar beneficios); para el resto de la banda, se invocan sanciones que van entre los 17 y 20 años.

Los encartados fueron detenidos en marzo de 2022, tras diligencias que se venían cumpliendo desde agosto de 2021. Todos, de acuerdo a la formalización de la indagatoria realizada en marzo de 2022, formarían parte de una banda criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, ilícito que es reconocido y manejado por el crimen organizado.

A las mujeres que habrían sido obligadas a ejercer la prostitución en Puerto Montt, las traían principalmente desde Venezuela, hecho similar a los ocurridos en Arica, Iquique, Santiago, Concepción y Temuco, entre otras ciudades.

Derechos y garantías

La acusación presentada por el Ministerio Público tiene 12 hechos, ocurridos con distintas víctimas y en diferentes épocas, la mayoría en esta ciudad.

Para el abogado defensor público, Pablo Sanhueza, lo importante es resguardar los derechos y garantías de los imputados.

"Siempre hemos tratado de velar para que se respeten los derechos y garantías de mi representado. Hoy decantamos en este juicio oral y esperamos que se ejerza el máximo derecho en un juicio oral, público y contradictorio, donde el Ministerio Público y los querellantes harán pasar sus testigos para que efectivamente prueben si mi representado tuvo algún tipo de participación. Nosotros presentaremos pruebas y haremos las alegaciones y en definitiva el tribunal va a resolver".

De acuerdo a Sanhueza, "nosotros partimos en este juicio pensando en la teoría que tenemos como defensa. Dentro de aquello, que no se le apliquen las penas, por no tener participación alguna mi representado".

Evidencia clave

Para el fiscal Maldonado, lo principal de este proceso es rendir la prueba y que el tribunal escuche a las víctimas. "Cinco de ellas han declarado. Pero, además escuchar a aquellas que tendrán la oportunidad de exponer en el juicio", enfatizó.

Otro punto fundamental, según el persecutor, es que el tribunal pueda revisar cada uno de lo medios de prueba, principalmente los tecnológicos.

"Es evidencia clave -expuso el abogado- que determina la forma de operar, la dinámica de estos hechos. Claramente establecen la participación de los imputados en cada uno de los roles que ellos iban desarrollando". Respecto de las penas, comentó que se solicitaron las que establece el ordenamiento, "en base a una cierta rigurosidad, que además dicen relación con la reiteración de estas conductas en el tiempo. Por esa razón solicitamos estas penas de manera alta", aseguró el persecutor penal.

Colaborar

Para Firmani, en tanto, la idea de la defensa técnica es demostrar que su representado no tuvo participación en todos los hechos.

"Son muchos delitos. A lo que aspira esta defensa técnica es dejar sin efecto algunas imputaciones. Respecto de otras, estamos colaborando. Creo que lo más sensato es que se hace un trabajo para depurar las calificaciones jurídicas, sacar algunos delitos que a mi juicio no corresponden y en otro si se está reconociendo participación y en esos colaborar", puntualizó el penalista.

El cliente del defensor privado no tiene antecedentes penales. "Eso hace que nosotros solicitemos una pena que sea baja y equitativa, que permita que sea una pena más razonable, porque son penas altísimas. Hay cuatro bloques de delitos, donde se solicitan penas enormes".

Mauricio Maya, director regional del INDH, explicó que esa entidad cuenta con legitimación activa para presentar acciones judiciales por el delito de trata de personas. "Consideramos que es un delito muy grave. Internacionalmente es considerado como una moderna forma de esclavitud", acotó.

Según Maya "es deber del Estado de Chile perseguir estos delitos internacionales. Por ello nosotros participamos como querellantes junto al Ministerio Público y otros organismos", también estatales como el Ministerio del Interior.

"Es evidencia clave que determina la forma de operar, la dinámica de estos hechos. Claramente, establecen la participación de los imputados".

Marcelo Maldonado,, fiscal adjunto.

"Son muchos delitos. A lo que aspira esta defensa técnica es dejar sin efecto algunas imputaciones. Respecto de otras, estamos colaborando".

Andrés Firmani,, defensor privado.