Región: año en que la corrupción golpeó a nuestras puertas
Allanamientos al GORE de Los Lagos y la Municipalidad de Puerto Montt se convirtieron en las imágenes más duras del 2023, junto con la detención de dos funcionarias de confianza del gobernador Patricio Vallespín, dos representantes de fundaciones y el jefe de concesiones del alcalde Gervoy Paredes. Analistas acusan un golpe a la descentralización.
Si la imagen lo es todo y vale más que mil palabras, las fotografías de los allanamientos realizados por decenas de funcionarios policiales, tanto al Gobierno Regional de Los Lagos -en tres oportunidades- como a la Municipalidad de Puerto Montt, bastan para poner al 2023 en los anales de la historia regional como el año en que las investigaciones por casos de corrupción golpearon literalmente las puertas de los principales edificios públicos.
Ahora bien, si usted lo considera una exageración, pongamos únicamente las cifras sobre la mesa.
Solo durante el segundo semestre de este año que se va fueron detenidos y formalizados tres funcionarios públicos. El jefe de Concesiones de la Municipalidad de Puerto Montt, Carlos Soto, fue el primero de ellos (14 de septiembre), por los delitos de microtráfico y tenencia de arma de fuego tras el allanamiento a 13 dependencias municipales y su domicilio personal; le siguió la administradora del GORE, Viviana Godoy, formalizada por fraude al fisco (22 de noviembre), y luego la exjefa de la División de Fomento e Industrias del GORE, Gloria González, contra quien se abrió investigación por el mismo delito (24 de nov.).
Estos funcionarios se suman a dos representantes de entidades privadas sin fines de lucro: Diego Ancalao, presidente de Fundelin (formalizado el 5 de agosto), por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa; y Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kimün (14 de agosto), por delitos de corrupción pública y lavado de activos. En total, 5 detenidos formalizados.
En relación al caso Convenios, que se relaciona con transferencias de millonarios recursos a entidades ejecutoras, cuya investigación formal inició el 28 de junio por parte de la Fiscalía Regional, actualmente existen al menos 9 fundaciones, corporaciones y ONG bajo la lupa del Ministerio Público.
Contraloría, por su parte, declinó tomar razón de 29 de estos convenios de transferencia, a los cuales se les transfirieron desde el GORE la suma total de $20 mil 238 millones 849 mil. El ejecutivo regional decidió en octubre terminar anticipadamente estos programas y al 22 de diciembre el 86% tenía decretado su cierre operativo y $5.338 millones fueron devueltos a las arcas fiscales, de $8.500 proyectados a retornar.
En cuanto a la Municipalidad de Puerto Montt, el 13 de septiembre más de 80 carabineros del 0S-7 de Santiago allanaron 15 dependencias consistoriales, como parte de una investigación del Ministerio Público que incluyó acciones intrusivas en los domicilios del alcalde Gervoy Paredes y funcionarios de confianza en una indagatoria por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho.
Esta investigación se inició por una querella que presentó el 5 de mayo de 2021 el abogado Marcos Velásquez, por el eventual incremento patrimonial del jefe comunal vinculado a la adquisición de bienes raíces por $572.877.992, tres de los cuales se desvinculó por ventas entre septiembre y noviembre de ese mismo año.
Fe pública vulnerada
A juicio de Pedro Díaz Polanco, académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile (UACh), es muy grave que la ciudadanía potencie su desconfianza en función de la instalación de la corrupción.
"Siempre se ha sabido que la desconfianza política es un obstáculo para la gobernabilidad; sin embargo, la corrupción es un vicio que condiciona la democracia y el Estado de derecho. Si bien existen numerosas definiciones de corrupción, me inclino por considerarla un grave vicio social que socava la fe pública y que se alimenta de una ausencia de ética y probidad por parte de los actores públicos, de normas jurídicas imperfectas y de un sistema de control con graves falencias a la hora de evitar su aparición", sostuvo.
Por su parte, Gerardo González, doctor en Ciencias Políticas y académico de ULagos, considera que el caso Convenios puso a nuestra región en el tapete de los medios de comunicación y en la agenda pública nacional. "Llama mucho la atención lo que ha quedado de manifiesto en el ámbito público, mucha desprolijidad en los procesos de principio a fin, una no interacción o interrelación entre las instituciones públicas para poder llevar a cabo todos los procedimientos a la hora de entregar recursos a fundaciones y también de alguna manera se perjudica la fe pública de la ciudadanía que hoy es mucho más exigente y requiere mayores estándares a quienes están en el ámbito público", dijo.
Una mirada que surge desde la experiencia política como exgobernador provincial de Valparaíso y exintendente de la región homónima (entre 1994 y 1997) proporciona el puertomontino y director ejecutivo de la Fundación Gente del Sur, Hardy Knittel. Quien hasta el 2019 militó en el PS parte reconociendo la presunción de inocencia de quienes hasta hoy son investigados.
"Yo no recuerdo que el alcalde de la capital regional esté siendo investigado por casos de corrupción, por lavado de activos, el mismo alcalde que tiene una acusación por notable abandono de deberes ante el TER (Tribunal Electoral Regional). Las imágenes son muy fuertes, como también son muy fuertes los tres allanamientos en el Gobierno Regional", manifestó.
A juicio de Knittel, estas fotografías se traducen en un daño a la función pública. "Daña la credibilidad, daña la confianza en las instituciones, daña la confianza en los liderazgos políticos que en su minuto prometieron mucho trabajo, mucha honestidad, y el que eso hoy se cuestione, se horade, la experiencia nos dice que esto es muy malo para la convivencia, muy malo para la democracia, pero al mismo tiempo fortalece a otras instituciones, como Contraloría, la Fiscalía, porque si algo determina en democracia, qué cosa empareja la cancha, es que la justicia sea parejita para todos", recalcó.
Por ello enarboló la frase que en su momento popularizara el Presidente Ricardo Lagos: "Dejen que las instituciones funcionen".
Golpe descentralizador
En opinión de Knittel, llama la atención con apenas dos años de ejercicio de los nuevos gobiernos regionales, "que en el curso de 45 días hayan traspasado tantos miles de millones de pesos a fundaciones, a entidades sin tener la expertise y sin tener boleta de garantía. ¿Qué daña la descentralización? Obvio que daña. Si el contralor saliente ya lo dijo: Jorge Bermúdez, de una manera que a mí me parece además muy justo, que al parecer falta musculatura institucional en las regiones".
El exintendente recordó que de los 16 gobiernos regionales en funcionamiento, 11 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía y que en el caso de la Región de Los Lagos, es el gobierno regional con más casos de fundaciones investigadas, un total de 22, afirmó. Además, "es el caso que más montos están siendo investigados. Sería tapar el sol con un dedo decir que esto daña no solo la confianza, esto daña el proceso de descentralización", enfatizó.
Como corolario la fuente recalcó: "Yo no recuerdo en estos últimos 30 años alguna entidad pública que haya traspasado $1.200 millones de pesos a fundación sin boleta de garantía y sin la toma de razón de la Contraloría. Eso es realmente inaudito, para decirlo con todas sus letras".
Para Pedro Díaz, también la situación que afecta al municipio de Puerto Montt golpea la confianza de la ciudadanía. "El municipio es considerado la puerta de entrada que tiene el ciudadano al Estado, por lo tanto, estimar que esa puerta se abre solo para los amigos o que beneficia a algunos sujetos que responden a criterios partidistas o de coalición, potencia no solo la alta desconfianza que ya existe, sino también genera distancia, lo que aleja al ciudadano del municipio y de la política", estimó.