Carolina Larenas Faúndez

El posible adelantamiento de la creación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chiloé de junio a marzo del próximo año, manteniendo el traspaso o instalación de los establecimientos para el 1 de enero del 2025, fue el tema central de una reunión entre los alcaldes chilotes y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

Pese a que en la cita se esperaban respuestas orientadas a la inyección de recursos que permitan enfrentar los desafíos que tienen las corporaciones municipales y el Departamento de Educación de Quemchi, esto no ocurrió, por lo que los jefes comunales se mostraron decepcionados, ya que eso representará que el próximo año los municipios deberán continuar traspasando recursos a las entidades sostenedoras comunales.

A ello se suma que para los trabajadores locales el SLEP viene con el fantasma del desempleo, ya que -según sus dirigentes- a lo menos unos 300 funcionarios de estas reparticiones, sobre todo de la administración central, perderían su trabajo con el traspaso.

Tras la cita que se realizó en la sala de sesiones del municipio de Castro, la subsecretaria indicó que "explicamos que de acuerdo a lo definido en el calendario, el traspaso de los establecimientos educacionales sería el 1 de enero de 2025, hay un desfase entre la creación del servicio que se traspasa porque hay que preparar los procesos y la implementación, hasta ahora el servicio se estaría creando el 1 de junio".

Además, expuso que "estamos como ministerio trabajando en poder adelantar esa fecha al 1 de marzo, de modo tal de tener más tiempo para la preparación de todos los procesos previos al traspaso. Todo esto se va en un contexto del protocolo al que llegamos con el Congreso para fortalecer el traspaso y fortalecer la implementación de la nueva educación pública, por lo tanto, hay ciertos procesos que hay que ir evaluando cómo funcionan".

En este sentido, Cristian Ojeda (DC), alcalde de Quellón, comentó que "por supuesto que no quedamos conformes, se agradece que la subsecretaria haya venido a Chiloé a trabajar con nosotros los alcaldes por lo que se viene en los traspasos 2024-2025, pero hay muchas dudas todavía con la ley corta, la ley miscelánea, el aumento del FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) que no es lo que esperábamos realmente, porque en realidad hay que inyectar recursos para que esto funcione".

Junto con ello, el jefe comunal detalló que "vamos a seguir complicados el 2024, inyectando recursos desde los municipios, no se aceleran los leasebacks en que estamos muchos municipios porque hay mucha burocracia, entonces todo se retarda, pero el problema sigue y es como una bola de nieve. Estamos preocupados por nuestros alumnos de Chiloé porque estamos viendo que la solución de traspasarlos no es la mejor, porque van a tener muchos más problemas de los que hoy se tienen".

Por su parte, el anfitrión Juan Eduardo Vera (indep. de Chile Vamos) afirmó que "lo que está claro es que el proceso que se supone partía en junio de 2024 se adelanta para el mes de marzo; es decir, en marzo vamos a saber en el territorio quién es la persona que se hará cargo del SLEP en la provincia de Chiloé, que va a trabajar coordinadamente con los municipios para lograr un total traspaso a enero del 2025, pero eso no significa que el ministerio vaya a inyectar nuevos recursos para que este problema estructural que existe en la educación a nivel país se pueda ir solucionando".

El alcalde castreño sumó que "se luchó mucho por parte de los municipios de Chiloé para lograr los anticipos de subvención escolar porque se tenía un compromiso con profesores y asistentes de la educación que querían jubilarse en diciembre de este año, para lo que se pidió que las platas estuvieran en octubre y se nos dice que estas platas van a llegar no sabemos cuándo. Lo que queda claro es que todos los municipios de Chiloé vamos a tener que seguir haciendo un importante aporte en materia económica para seguir subvencionando el 2024".

Quien también analizó el extenso encuentro con la subsecretaria fue el jefe comunal de Quinchao, René Garcés (indep.), argumentando que "hay muchos temas que tienen que ver con iniciativas de ley y las iniciativas de ley tienen que pasar por el Congreso y en el Congreso a veces hay una visión muy amplia, y la verdad es que si no le inyectan recursos a la educación aquí la complicación del 2024 va a ser la misma que tuvimos el 2023 con temas financieros que no se van a poder cumplir. Creemos que el Gobierno debe inyectar recursos".

Previo a la cita con los alcaldes chilotes, la personera se reunió con representantes de los trabajadores en Ancud, instancia en la que los dirigentes nuevamente plantearon sus aprehensiones sobre la implementación de los servicios.

Luis Miranda, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, relató que "los trabajadores de la administración central serían los primeros desvinculados, estamos hablando de un aproximado de 300 trabajadores que van a ser desvinculados".

Igualmente, uno de los voceros de la Mesa Provincial de Educación mencionó que "ante la anticipación que el Ejecutivo ha solicitado, nosotros le manifestamos a la subsecretaria en Ancud que no estábamos de acuerdo con el procedimiento de acelerar este proceso, de hacerlo a través de la ley de reajuste con el artículo 83, que lo pone como creación sin haberse modificado la Ley 21.040 ni corregido los problemas que hoy en día tienen los otros servicios locales que son 11, haciendo honor al protocolo de acuerdo que se firmó en el Congreso".

Otra de las preocupaciones es, de acuerdo al dirigente quellonino, "la forma en que se establece este artículo, en donde se suprime las comisiones técnicas que es algo muy complicado para los trabajadores de Chiloé, en el sentido que no se va a conformar la comisión que va a tener el derecho establecido en la ley que nosotros los trabajadores podamos revisar el traspaso de los contratos; la posición de nosotros es que no se concrete la creación en este contexto y en estas condiciones".

Por su parte, el diputado chilote Fernando Bórquez (UDI) evidenció que "vengo planteando mi preocupación desde que se anunció la implementación del SLEP en Chiloé, ya que es muy complejo, la Isla presenta una territorialidad diferente a las otras comunas. Va a quedar mucha gente sin trabajo y los más perjudicados serán los alumnos de los sectores rurales".

El parlamentario, añadió que, "por otra parte, hay temas pendientes como el pago del bono de los asistentes de educación, quienes permanentemente están solicitando la cancelación de sus asignaciones no solo en el Archipiélago, sino también en las zonas extremas de mi distrito; si el Gobierno no consideró a los dirigentes para tomar esta medida, estamos frente a una determinación arbitraria y dictatorial".

Del mismo modo, el castreño puntualizó que "no todo está dicho, este lunes, espero tengamos la instancia de poder votar el decreto de ley para la implementación de los servicios locales de educación pública, donde solicitaré que se vote de manera separada lo que corresponde al SLEP Chiloé, donde buscaré los apoyos y respaldos necesarios para poder suspender esta implementación en la provincia de Chiloé, ya que los problemas de fondo seguirán existiendo y un SLEP en Chiloé no resolverá los problemas; si así lo creen, están en un grave error".

Según lo informado por el Mineduc, los servicios locales reemplazan a las municipalidades o corporaciones municipales que estaban a cargo de la administración de la enseñanza pública en las comunas y tienen como misión velar por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional.

"Por supuesto que no quedamos conformes, hay muchas dudas todavía".

Cristian Ojeda,, alcalde de Quellón.

"Los trabajadores de la administración central serían los primeros desvinculados".

Luis Miranda,, vocero de la Mesa Provincial de Educación.

"No todo está dicho, este lunes espero tengamos la instancia de votar el decreto de ley".

Fernando Bórquez,, diputado por la zona.

1 de enero de 2025 se produciría el traspaso final desde los municipios al SLEP.