Discusión por el SLEP de Chiloé toma vuelo a apenas meses de que deba entrar en funcionamiento paulatino
Gremios y políticos de oposición muestran sus reparos, mientras que legisladores oficialistas y el Gobierno lo defienden en medio del cuestionamiento nacional a esta figura. Cuando Educación informó medidas por la crisis ancuditana, en junio de este año, se adelantó la implementación de este servicio: desde marzo de 2024, debiendo completar su instalación en enero de 2025.
Autoridades, parlamentarios y dirigentes de la zona plantearon sus posturas al proceso de implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Chiloé, procedimiento que vio un adelanto respecto a su entrada en funcionamiento, la cual está programada ahora para el 1 de marzo de 2024, completando el traspaso el 1 de enero de 2025, según anunció en junio de este año el Mineduc en medio de sus medidas para paliar la crisis de Ancud.
Se trata de entidades dependientes de la Dirección de Educación Pública de Chile, cuya finalidad es la de reemplazar a las municipalidades o corporaciones municipales que estaban a cargo de la enseñanza pública en las comunas de nuestro país. Esta figura se creó en 2017 y comenzaron a funcionar los primeros en el 2018. El de Chiloé estuvo en los planes de iniciarlo en 2024, después en el 2025 y actualmente de nuevo el próximo año de manera paulatina, aunque gremios hablaron en su momento que se pensaba incorporarlo en el 2026 o 2027.
Entre los principales cuestionamientos frente a este escenario están aquellas dificultades administrativas que ha significado posicionar este sistema en otros puntos del país; como ejemplo, basta ver lo del SLEP de Atacama, donde los docentes llevan más de dos meses en paro.
Entre algunos actores sociales del Archipiélago coinciden en que aún existen observaciones con la puesta en marcha de este mecanismo en la provincia. Este traspaso de competencias en el territorio insular llega como parte de un conjunto de medidas por parte del Ministerio de Educación para abordar los problemas que enfrentan las corporaciones y departamento respectivos, en específico, la grave crisis financiera y educativa que experimenta la Corporación Municipal de Ancud, junto a otros municipios de la provincia que presentan saldo negativo entre ingresos y gastos en los últimos años.
Si bien para algunas voces se trata de una acción prácticamente inevitable, las implicancias de esta nueva institucionalidad aún se mantienen en tela de juicio, sobre todo por las experiencias recogidas en otras latitudes del país. Es justamente el caso de Ancud, donde la deficiente gestión de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor condicionó el arribo de un administrador provisional, designado por la Superintendencia de Educación en julio pasado.
Así lo expresó Guiannina Fuentealba, presidenta del Sindicato de Profesores de Ancud. "En la posición que está el Gobierno hoy día con Tiltil, con Antofagasta, es una opción bastante sensata la detención de los SLEP", indicó la docente.
Desde Quellón, Luis Miranda, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatreduc), quien recientemente estuvo en el Congreso Nacional en medio de la discusión del presupuesto para la enseñanza, oportunidad en que la Cámara de Diputados rechazó los fondos relacionados con la implementación de los SLEP, expuso que "hay modificaciones que tienen que ver con lo territorial y que de alguna manera subsanen los problemas que hoy en día tienen".
Ahondó: "Con respecto a nuestro Archipiélago nuestra posición es clara, nosotros necesitamos que se disponga de este servicio una vez que la autoridad ministerial comprometa hacer las modificaciones, la mirada territorial; nosotros estamos pidiendo oficinas locales para atender en el Archipiélago y las islas que están apartadas, donde hay establecimientos educacionales".
Agregó el dirigente zonal y nacional que además es fundamental "poder tener los tiempos de implementación, hoy día (…) desde el decreto del 30 de junio al primero de enero de 2025 es un tiempo totalmente irreal como para implementar un servicio de educación de la magnitud que tenemos en la Isla (provincia)".
PARLAMENTO
En el ámbito parlamentario también existen miradas disímiles sobre esta temática. Por parte de la oposición, la variante de pausar temporalmente la entrada en vigencia de los SLEP, principalmente por lo ocurrido en Atacama, es una opción que el Ejecutivo debiera tomar. Así lo enunció el diputado del distrito 26 Fernando Bórquez (UDI), catalogando que la experiencia en el norte del país no es "alentadora".
"Pedir por favor al Ministerio de Educación que no implemente los SLEP en el gran Archipiélago de Chiloé, está claro que no funcionan. Le pido al ministerio que por favor pongan en buen funcionamiento los 11 ya existentes, solucionen primero lo que está pasando en Atacama y no usen el próximo año como laboratorio a nuestra Isla. Estamos hablando de la educación de los niños, del futuro de los niños de nuestro Archipiélago, tenemos más de 40 islas habitadas. Por favor, no jueguen con el futuro de estos niños y terminen de una vez con la masacre laboral", apuntó el exgobernador aludiendo a lo que funcionarios temen: el despido de trabajadores una vez dejen de existir los actuales sostenedores.
Bórquez insistió en que "decirles que los asistentes de la educación ganen su derecho a asignación de zona que establece el decreto 249 en nuestra Región de Los Lagos. Vinieron con bombos y platillos a cambiar la educación, vinieron a decir que eran los mesías de la educación pública, que pagarían la deuda de los profesores. Nada de eso han cumplido, solo han demostrado improvisación y han improvisado con el futuro de nuestros niños especialmente".
Su correligionario y senador Iván Moreira (UDI) tuvo un análisis similar del actual escenario. En este contexto, subrayó que "está demostrado que los SLEP no solucionan estos problemas. El mejor ejemplo es Atacama, donde suceden los mismos problemas y ya está funcionando su Servicio Local de Educación. Chiloé, por su geografía y alta ruralidad, supone desafíos adicionales, por lo que adelantar los SLEP puede terminar siendo un verdadero tiro de gracia a la educación pública en el Archipiélago".
Adicionó el parlamentario que "siempre hemos planteado que el traspaso de la administración de los establecimientos educacionales, desde los municipios a los SLEP, no contribuye al principal objetivo que es mejorar la educación pública. En educación se han tomado malas decisiones, muchas de ellas en el gobierno de la expresidenta (Michelle) Bachelet, que fue donde se zanjó la desmunicipalización y se tomaron otras medidas que han causado daño, como el fin de la selección en los colegios emblemáticos".
En el oficialismo la postura es opuesta. El asentamiento de los SLEP debiera ser perfeccionable en el tiempo, subsanando de esta manera puntual lo de Atacama, región piloto para el proceso de desmunicipalización de la educación pública y la puesta en marcha de servicios locales de educación pública; en ella funcionan dos SLEP: el de Huasco desde 2018 y el polémico de Atacama desde 2020.
Así lo describió el también representante de la zona en la Cámara Baja Alejandro Bernales (PL). "Con la polémica que ha existido con los SLEP, sobre todo en el norte, en Atacama, lo primero que hay que decir es que el comportamiento no es homogéneo a lo largo de Chile, por lo tanto, lo que está ocurriendo en Atacama, cosa que ya está resuelto y se ha llegado a un acuerdo para llegar a una mejora, no es replicable a otras situaciones en Chile".
Adjuntó que "actualmente muchos municipios que están a cargo de la educación pública están en grave crisis, y justamente se ha propuesto que la solución sea los SLEP, que es el caso específico de Chiloé. Entonces, yo miraría el vaso medio lleno y veríamos como también poder ir haciendo las mejoras, para que los SLEP se puedan implementar de buena manera".
Del mismo modo, el senador Fidel Espinoza (PS) acentuó sobre la que, a su juicio, es una "contradicción muy fuerte en este tema", porque "por un lado, hubo corporaciones que solicitaron adelantar la entrada en vigencia de los SLEP para el primero de enero de 2025, dada la grave crisis financiera que viven nuestras corporaciones en algunas comunas de Chiloé; y esa decisión política ya se adoptó, por ende, esa posición se contraviene totalmente con la que están planteando hoy día profesores y asistentes de la educación, que no quieren que entre en vigencia el primero de enero del 25. Entonces, eso a mí me tiene particularmente un tanto preocupado porque hay que llegar a acuerdos en esa materia".
Consignó que el SLEP es una medida para paliar la gravedad de la crisis de la educación pública en la provincia. "Por un lado, la situación de Ancud llevó a adelantar todo el proceso en Chiloé, hoy día llegó la figura del administrador provisional, pero la semana pasada hubo un despliegue bastante importante de dirigentes de Chiloé que fueron al Congreso a hablar con congresistas para que no entren en vigencia el 1 de enero de 2025. Mi postura es que la entrada en vigencia del primero de enero 2025 garantiza obviamente el pago de las remuneraciones a todos los profesores y asistentes de la educación, para que no ocurra lo que vivió Ancud durante largos meses".
asociación y seremi
En el entendido de que todo esto estalló, producto del mal manejo financiero al interior de las corporaciones municipales, desde la Asociación de Municipios de Chiloé, su presidente y alcalde de Queilen, Marcos Vargas (DC), fue cauteloso a la hora de definir su planteamiento, aseverando que es importante discutir los alcances del proceso.
"Todos los alcaldes que somos sostenedores estamos muy preocupados por la situación, especialmente por los malos resultados que se ha visto en la instalación de otros SLEP en otras regiones del país, como por ejemplo Atacama". Ante ello, adelantó que "esta semana -como vamos a estar en Santiago- vamos a estar en el Ministerio de Educación los alcaldes de Chiloé, vamos a sostener reuniones como asociación con el ministerio, con la subsecretaria, porque necesitamos que se hagan algunos ajustes en la ley que tiene varios vacíos y que básicamente son de conocimiento desde hace mucho rato por parte del ministerio, y que tiene que ver con financiamiento".
Más allá de los legítimos comentarios de los diferentes actores sociales en el territorio, desde el Gobierno existe una mirada transversal en torno a seguir fortaleciendo la instalación de los servicios. Así lo relevó la seremi de Educación de la Región de Los Lagos, Daniela Carvacho.
"Respecto a la implementación del SLEP Chiloé, esta Secretaría Regional Ministerial de Educación ha estado participando en distintas instancias de trabajo con los actores locales del territorio, a fin de que dicho servicio local entre en funcionamiento, de acuerdo con lo contemplado por la Ley 21.040", mencionó la profesional
Igualmente subrayó que "como Seremi hemos apoyado la confección de los Padem (Plan Anual de Educación Municipal) 2024 e intencionamos que todas las corporaciones y municipios postularan a la convocatoria de conservación en infraestructura, con lo que se logró adjudicar fondos por más de 5 mil millones de pesos para la provincia de Chiloé".
Finalmente, la personera de Gobierno resaltó que "se suma el despliegue de Deprov (departamentos provinciales) en cada uno de los territorios, para brindar apoyo pedagógico necesario a todas las comunidades, a fin de fortalecer los procesos de aprendizajes de las y los estudiantes e impulsar el Plan de Reactivación Educativa del Mineduc".
"Por la posición del Gobierno (...) es una opción bastante sensata la detención de los SLEP".
Guiannina Fuentealba, presidenta del Sindicato de Profesores de Ancud.
"Necesitamos que se disponga de este servicio una vez comprometidas modificaciones".
Luis Miranda, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación.
"Esta Seremi ha participado en instancias para que el servicio entre en funcionamiento".
Daniela Carvacho,, seremi de Educación.
"La entrada en vigencia del 1 de enero de 2025 garantiza el pago de las remuneraciones".
Fidel Espinoza,, senador de Los Lagos (PS).
"Solucionen lo de Atacama y no usen el próximo año como laboratorio a nuestra Isla".
Fernando Bórquez,, diputado por el distrito 26 (UDI).
"Estaremos en Santiago. Necesitamos que se hagan ajustes en la ley que tiene varios vacíos".
Marcos Vargas, presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé.