Vicente Pereira Parra

"En Chile nadie quiere hablar de los residuos. Nadie quiere hablar de la basura. Es un problema que se oculta en una bolsa de basura. Pero detrás de ella hay una brecha estructural que nos lleva a vivir una crisis no solo en la región, sino que a lo largo de todo Chile", reflexiona el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate (indep.), quien preside la Asociación de Municipios de la provincia de Llanquihue, respecto a la situación que atraviesan las comunas en esta materia, y que tiene a las provincias de Osorno y Chiloé padeciendo de las mayores complicaciones a nivel regional.

En lo que respecta a Llanquihue y Osorno, durante la semana se materializó un acuerdo que involucra a las asociaciones municipales, al Gobierno Regional (GORE), a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar la problemática que se vive.

Es así como el BID le aporta a Subdere 450 mil dólares para que priorice las regiones a respaldar, como Los Lagos, tal y como lo plantea el gobernador regional, Patricio Vallespín (indep.), quien asevera que en el caso del relleno sanitario La Laja la idea es que avance en la reducción del uso de basura, así como reciclar y reutilizar, para luego implementar este modelo de manejo de los residuos y así disponer de centros de tratamiento integral en la región, de manera de dejar atrás a los rellenos.

Lo mismo plantea Vallespín para implementar en Osorno, con el objeto de que en la región las comunas comiencen a ejecutar acciones, como disponer de puntos limpios, separar lo orgánico de lo inorgánico y fortalecer las capacidades de los municipios para que realicen bien esta tarea.

Sofía Torres, jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, reconoce que el panorama es crítico en la región, en específico en las provincias de Chiloé y Osorno, puesto que no cumplen con la normativa, a diferencia de lo que sucede en la provincia de Llanquihue.

En el caso de la provincia de Palena, detalla que Futaleufú y Palena están avanzando en la implementación de soluciones definitivas.

Torres explica que todos los años realizan fiscalizaciones a los vertederos municipales, las que han arrojado sumarios sanitarios para nueve comunas de Chiloé por incumplimientos normativos, lo mismo que en el relleno sanitario de Curaco, en Osorno, donde este año se han iniciado dos sumarios por el mismo motivo.

A diferencia del escenario que presentan estos territorios, este año el relleno sanitario La Laja, cuya administración se encuentra a cargo del municipio de Puerto Varas y sirve para la provincia de Llanquihue, no ha sido objeto de sumarios sanitarios. La representante de la Seremi de Salud coloca el acento en que tampoco se observa una solución a corto plazo para las comunas que se encuentran incumpliendo la normativa, lo que lleva a que cada vez se vuelve más compleja la disposición de los residuos sólidos domiciliarios.

Añade que si bien las municipalidades han realizado gestiones al respecto, no han sido suficientes, ya que aún no se implementa una solución definitiva.

Procesos

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) también ha cursado sanciones por esta materia. Desde la entidad explican que en Chiloé existe una resolución de calificación ambiental (RCA) vinculada al proyectado centro de manejo y disposición final de residuos de Archipiélago, la que data de 2012 y que evidentemente nunca se ha concretado. Con ello nuestro Archipiélago sigue sin una solución provincial, a diferencia de lo que ocurre en las de Osorno y Llanquihue.

Desde el nivel central del organismo describen que los sitios de disposición final que existen en Chiloé corresponden a vertederos municipales, los cuales en su mayoría cuentan con RCA para su cierre. El recinto ancuditano de Huicha cerró en marzo de 2019.

Indican que se trata de ocho de las 10 comunas y les compete sólo a aquellas que superan los 5.000 habitantes, por lo que quedan fuera de este requisito Puqueldón y Curaco de Vélez. En este sentido, exponen que los vertederos de Chonchi, Quemchi, Castro, Dalcahue, Queilen y Ancud se encuentran en plan de cierre y sellado (con RCA), mientras que Quinchao está en plan de cierre (con RCA).

Distinto es el escenario de Quellón, ya que opera sin esta resolución y por lo mismo la SMA ha dispuesto un proceso sancionatorio contra este municipio. En abril se le imputaron 3 infracciones -todas de carácter grave- por incumplimientos ambientales, arriesgando una sanción de hasta 15.000 unidades tributarias anuales (UTA). La SMA estaría revisando un programa de cumplimiento.

En cuanto al relleno sanitario de Puntra El Roble, operado por el municipio de Ancud y que en su momento se llamó "centro de manejo transitorio de residuos sólidos domiciliarios", la SMA le cursó en abril una multa por $187 millones, luego de constatar tres cargos graves, entre ellos que atendía a una población superior a las cinco mil personas y no contar con RCA, generando vectores y malos olores.

En octubre de 2020, en tanto, esta entidad ordenó medidas provisionales procedimentales al vertedero de Castro, tras corroborar una operación deficiente, por lo que se encuentra con un proceso de sanción en curso, debido al incumplimiento de medidas provisionales y del programa de cumplimiento aprobado.

Un panorama similar es el que atraviesa el vertedero municipal de Curaco (Osorno) y cuyo estudio y diseño "plan de cierre vertedero" cuenta con la resolución de calificación ambiental.

Desde la SMA detallan que existe un proceso sancionatorio en curso, tras la formulación de cargos por cinco hechos, tres de ellos clasificados como graves y ante los cuales el titular se acogió a un programa de cumplimiento (PDC), el cual se aprobó en 2019, con el fin de que se ejecuten una serie de acciones de mejora en dicho lugar de disposición final (manejo de biogás, manejo de lixiviados, cobertura, manejo de aguas lluvias, etcétera), para lo cual se han destinado más de dos mil millones de pesos.

Además, desde la superintendencia precisan que este año han realizado varios requerimientos de información al municipio, para dar cuenta finalmente si se cumplió o no con el programa y así concluir con el procedimiento en cuestión.

Junto con ello, desde la entidad exponen que en el transcurso de la diligencia se ordenó en tres oportunidades medidas provisionales, de manera de hacerse cargo en un plazo acotado (habitualmente 15 días) de algunos riesgos ambientales presentes en el lugar.

Respecto al relleno sanitario de La Laja, la SMA puntualiza que a raíz de las fiscalizaciones efectuadas producto de denuncias recibidas, es que se han ordenado -cuatro oportunidades- medidas provisionales, con la finalidad de que aborden en un plazo acotado (unos 15 días) de algunos riesgos ambientales presentes en el lugar.

Profundizan en que las últimas medidas ordenadas están siendo ejecutadas por el titular y para ello tienen un plazo de 90 días corridos, de manera de presentar un plan de trabajo integral que contempla manejo de lixiviados y de aguas lluvias y manejo de biogás, principalmente.

Economía circular

La seremi del Medio Ambiente, Carola Iturriaga, comenta que su cartera promueve un manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios en sus tres fracciones: orgánica, inorgánica y descartable. En este sentido, precisa que la gestión de la fracción orgánica se realiza a través de la promoción de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), junto con la futura Ley de Residuos Orgánicos, que busca evitar que estos lleguen a la disposición final.

Para residuos inorgánicos reseña que la principal herramienta es la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), con metas concretas de recuperación para envases, embalajes y neumáticos, y en definición propósitos para los otros cuatro productos prioritarios que define la Ley REP.

Es así como detalla que esta cartera definió la "hoja de ruta de economía circular" que contiene acciones y metas concretas a 2040, promoviendo diferentes escenarios para su implementación a través de la innovación, la investigación y mediante un trabajo colaborativo con otras instancias.

La seremi identifica como el principal desafío la implementación de un modelo de gestión de residuos basado en el manejo de las tres fracciones, apoyando a los municipios y asociaciones de municipios, desarrollando uno de gestión comunal que priorice la inversión en centros de acopio y reciclaje, plantas de compostaje y programas de compostaje domiciliario.

En este sentido, Iturriaga sostiene que el principal referente ha sido el Programa "Chiloé Reduce, Más Participación Menos Residuos", que ha permitido implementar este modelo en las 10 comunas de esta provincia. Para la autoridad es clave que el comité técnico operativo apoye la promoción de centros de tratamiento integral (CTI) para la gestión de los residuos en las cuatro provincias de la región.

Para ello, en Chiloé se proponen tres: uno para la isla Quinchao (para esta comuna homónima y la vecina Curaco de Vélez), otro en la isla Lemuy (exclusivo para Puqueldón) y otro en la Isla Grande (para las restantes 7 comunas). En la provincia de Llanquihue, en tanto, se busca la transformación del relleno sanitario La Laja en un CTI y en la provincia de Osorno se está avanzando en esta misma línea. En la provincia de Palena, Futaleufú cuenta con un CTI en funcionamiento y se busca avanzar hacia el mismo camino en las otras tres comunas de esta provincia.

El presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, el alcalde de Queilen, Marcos Vargas (DC), cuenta que los consistorios de esta provincia tienen problemas con sus vertederos (Ancud ni siquiera lo posee, ver recuadro), ya que reciben residuos de manera ilegal, dado que las exigencias de la Autoridad Sanitaria "lamentablemente no se pueden cumplir", porque hay problemas de superficie, puesto que los terrenos se compraron hace muchos años y la población experimentó un fuerte crecimiento las últimas tres décadas.

Especifica que las complicaciones son "de todo tipo", como de orden sanitario, de cierres de vertederos, de iluminación y de tratamiento.

En este sentido, el decé asevera que están en "línea roja" los de Chonchi, Quellón y Curaco de Vélez, mientras que hay otros que les queda un poco más de tiempo, pero siempre con sumarios sanitarios y con permanente fiscalización de parte del Minsal y de la SMA.

Para hacer frente a esta problemática, especifica que han solicitado recursos de parte de la instancia gubernamental que corresponda, de manera de afrontar primeramente la emergencia, con el objetivo de que estos mejoren sus condiciones y así cumplan con la normativa vigente.

En cuanto a las propuestas, comenta que están allanando el camino tanto en el GORE, como en Subdere para que Curaco de Vélez y Quinchao cuenten con una solución en la isla de este mismo último nombre.

A ello se suma que existe un acuerdo transversal respecto a que Lemuy también disponga de su propia solución y no tenga que trasladar sus residuos hacia otra comuna, mientras que una tercera opción radica en que las otras siete comunas depositen en un centro integral de residuos sólidos domiciliarios que estará ubicado en Castro.

Arguye que para ello existe un acuerdo firmado entre Subdere, GORE y la Asociación de Municipios de Chiloé. Sin embargo, estima que tiene que ir acompañado de una inversión potente que permita salir de la "zona roja" en la que se encuentra en la actualidad.

Entre toda esa historia los municipios de Ancud, Quemchi y Dalcahue constituyeron en 2014 la llamada Asociación de Municipios de Desarrollo Intercomunal de Chiloé. Entre sus acciones, definieron en 2019 levantar su propio centro sanitario, en el sector rural de Taiquemó, lo que tampoco se ha concretado.

Convenio estratégico

Como una forma de buscar una solución a la problemática que se vive en Osorno, representantes del BID, de la Asociación de Municipios de la Provincia de Osorno, el GORE y Subdere anunciaron un convenio estratégico destinado a abordar la problemática urgente del vertedero de Curaco.

Al respecto, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo (DC), quien también preside el capítulo de municipalidades de esa zona, advierte que el problema que hoy tienen no se soluciona de un día para otro. "Es un proceso a mediano plazo, hoy día tenemos el apoyo del BID que van a poner los recursos para la contratación de la consultora que va a hacer los trabajos necesarios para despejar todas aquellas dudas que existen referentes tanto al vertedero como al nuevo centro de tratamiento integral", enuncia.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, a su vez, destaca el trabajo que desarrollan en la provincia de Llanquihue junto al gobernador regional para asumir una materia que no es "ni popular ni genera rédito". Sin embargo, resalta que en un trabajo al que se sumaron la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere), lograron aunar voluntades para generar un marco de trabajo con soluciones reales y responsables, para lo cual agregan el aporte del BID, que desde la planificación, la estrategia y el conocimiento técnico están completando un modelo de gestión que permita dar término a los rellenos sanitarios y a los vertederos, ya que son una tecnología "obsoleta y del pasado"

El político concluye que así se apunta a transformar este problema en una gran oportunidad y convertir así a La Laja en un centro de tratamiento integral de residuos con principios de equidad, para que los municipios con menos recursos puedan reciclar y valorizar sus residuos, y así "llegar a cada uno de los rincones de la provincia de Llanquihue", cierra.

"Lamentablemente no se pueden cumplir (las exigencias de la Autoridad Sanitaria)".

Marcos Vargas, presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé.

$187 millones fue multada la Municipalidad de Ancud por transgredir la norma ambiental en la gestión del relleno sanitario de Puntra El Roble.