Pedro Bárcena González

En el marco de las estrategias para potenciar la seguridad pública en la provincia, Carabineros firmó convenio con tres nuevos municipios para desarrollar fiscalizaciones preventivas conjuntas. Además, se anunció la entrega de 7 nuevos vehículos policiales destinados a 5 comunas insulares.

Curaco de Vélez fue escogido para materializar la alianza vinculada al Departamento OS-14 de Seguridad Municipal de la institución uniformada. En el Centro Cultural se rubricó el acuerdo que también suscribió Ancud y Quemchi, el cual permitirá una mayor interacción entre los medios y logísticas consistoriales con las fuerzas policiales.

Según lo señalado por el general Héctor Valdés, jefe de la X Zona de Carabineros Los Lagos, el acuerdo con estas 3 municipalidades "da cuenta del interés de las autoridades locales en sumarse a la iniciativa que propulsamos, para llevar a cabo estas patrullas mixtas en vehículos que son aportados por el Gobierno".

Como remarcó el oficial, este vínculo "viene a dar respuesta a una necesidad de parte de la comunidad, relativa a ver más a sus carabineros en la calle, de ver más acciones de parte del Estado en terreno solucionando sus problemas".

Si bien, como advirtió la fuente, estas patrullas "no están destinadas a atender procedimientos de mayor connotación social, sí permitirán liberar a nuestro personal para atender esos operativos más gravosos". Una dinámica a la que se han sumado 8 comunas de la provincia (solo resta Puqueldón y Quinchao).

Por su parte, la alcaldesa curacana, Javiera Yáñez (indep. pro PS), rememoró que "hace un tiempo comenzamos las gestiones sin gastar un peso de los recursos municipales y se adquirió un vehículo de seguridad pública". Se trata de una camioneta 4x4 full equipada por un monto de $26,5 millones, provenientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que fue presentada el 6 de septiembre pasado.

Ya con el móvil operativo, la abogada puntualizó que "ahora firmamos este convenio que nos permitirá trabajar con Carabineros codo a codo, para llevar a cabo una fiscalización efectiva. Queremos que la prevención sea el tema entre los vecinos, apoyado con este móvil que recorrerá hasta los sectores rurales de nuestra comuna".

Este vínculo intersectorial viene a reforzar la labor que ya se está desplegando con los encargados de Seguridad Pública en estas comunas.

Así lo reveló la titular de esta dirección municipal en Ancud, Claudia Placencio, explicando que "con esta firma de acuerdo se formaliza el trabajo que ya estábamos realizando y que nos permite intervenir de forma más concreta en problemáticas de tránsito, la violencia doméstica, ruidos molestos, otras incivilidades, como también fiscalizaciones en el territorio".

Por su parte, Paulina Muñoz, coordinadora regional de Seguridad Pública, advirtió que ya son 18 las comunas de la zona que cuentan con estas máquinas para patrullajes conjuntos, "que permitirán visualizar la labor coordinada que se está realizando junto a municipios y Carabineros".

Destinación

Igualmente, en su visita a Curaco de Vélez, el general Valdés confirmó la destinación de 7 unidades policiales para Chiloé. 2 llegarán a Ancud, otro par a Dalcahue, mientras que la misma comuna curacana, Chonchi y Puqueldón recibirán un vehículo cada una.

"En el marco de la restitución de vehículos que estaban en malas condiciones o ya de baja para el servicio, la próxima semana debieran llegar 30 para la región adquiridos con recursos del Gobierno, 7 de los cuales son para esta provincia que se complementarán con los 4 que se entregaron en septiembre", dijo el oficial.

Agregó la fuente que esta iniciativa "tendrá un impacto muy importante para las comunidades, en especial las más pequeñas, puesto que nos sirve para ser más eficientes y tener una mejor respuesta en los procedimientos".

"Los vehículos vienen con cámaras que son valiosos medios de prueba para la persecución penal de los detenidos".

Andrés Graves, prefecto de Carabineros de Chiloé.

Pedro Bárcena González

A una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio fue sentenciado en las últimas horas un antisocial, por su responsabilidad en tres ataques delictivos perpetrados en pleno centro de Castro.

La condena efectiva dictada por la sala presidida por el magistrado Leandro Bahamonde del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, tiene relación a la autoría del sujeto de iniciales L. A. R. Z. (39) en los delitos de robo en lugar habitado, violación de morada y robo con intimidación, consumados en menos de 3 semanas.

Acreditaron los jueces que el 17 de octubre del 2022, el encartado ingresó a una casa emplazada en calle O'Higgins, contra la voluntad de su propietario. El 7 de noviembre de ese año violentó el mismo domicilio, acopiando especies para sustraerlas, siendo detenido en flagrancia por Carabineros. También se comprobó que el día anterior asaltó a la locataria de un minimarket de calle San Martín, a quien amenazó con un cuchillo para apoderarse de unos 90 mil pesos.

El fiscal Fernando Metzner, quien instruyó la causa, remarcó que se desvirtuó la presunción de inocencia del imputado "gracias a las diligencias de la SIP (Sección de Investigación Policial) de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), incluyendo las declaraciones de las víctimas, testigos, reconocimientos fotográficos, como el análisis de cámaras de seguridad".

Pese a que el persecutor invocó sanciones por separado por los tres ilícitos, que acumulaban más de 15 años de cárcel, sostuvo que "el tribunal determinó la pena única por ser lo más beneficioso para el condenado, lo cual permite la ley".

Cuestionamientos

En tanto, el defensor Nelson Troncoso adelantó que recurrirán de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuestionando este fallo.

Las principales aprensiones del abogado se encuentran en la valoración de la prueba por el robo con intimidación. Aseguró que "la evidencia presentada no permite establecer la participación de mi representado, puesto que solo se apunta a una foto de una cámara de seguridad como reconocimiento, la cual corresponde a otra persona".

Con relación al robo habitado, el profesional sostuvo que "nunca existió sustracción, no hubo ánimo de apoderarse de especies", ante lo cual durante el juicio oral solicitó la recalificación a violación de morada.