Matías Gatica Lindsay - Medios Regionales

Un día después que el Presidente Gabriel Boric presentara el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, las críticas no se hicieron esperar y tanto el empresariado como la derecha cuestionaron el aumento de un 3,5% del gasto público para 2024.

En concreto, la propuesta considera aumentos en los recursos para salud (8,1%), vivienda (11,9%), educación (4,2%), seguridad pública (5,7%), emergencias (28%), cuidados (20%) y cultura (6,8%).

Sobre el aumento del erario, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, expresó su preocupación, pues indicó que "estos incrementos de gasto público pueden presionar a futuros aumentos de impuestos y mantener las tasas de interés elevadas. Creemos que es fundamental asegurar la eficiencia del Estado y permitir espacio al crecimiento de la actividad privada"

Al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, contestó que "no sé bien cuál es la relación que ve el señor (Ricardo) Mewes entre esto y el pacto fiscal (...). La base de esta regla de balance estructural y, por lo tanto, lo que importa para efectos de determinar el crecimiento del gasto es el crecimiento de los ingresos estructurales, más allá de lo que determina el ciclo".

Antes, el secretario de Estado expuso a radio Cooperativa que "estamos actuando 100% dentro de las reglas de la política fiscal", y aseguró que "es un presupuesto que va a ocurrir en conjunto con la reactivación (...). Estamos proyectando un crecimiento de 2,5% para el próximo año".

El presidente del Senado, el UDI, Juan Antonio Coloma, comentó que no sabe cómo se financiará el crecimiento de un 3,5%: "La pregunta es ¿se va gastar más de lo que se va a recibir? ¿Dónde está esa diferencia?, ¿va a haber más deuda?, ¿cómo se pretende generar esa lógica? Porque el gran problema es la inflación".

El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, acotó que esto puede generar que "el país se termine endeudando más".

En medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva, propiedad de la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, ambos RD; y la seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, en ese entonces liderada por el exjefe de gabinete de ella, Carlos Contreras, del mismo partido, ayer se reveló que el fiscal a cargo del caso requirió alzar el secreto bancario de la parlamentaria.

Según consignó La Tercera, el persecutor pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta levantar el secreto bancario de Andrade, Contreras y Pérez debido a la investigación "de los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco" en los que habrían incurrido.

Esta solicitud se basa en los "vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática", según reza el texto presentado.

En el caso de la diputada, y pese a un informe de la PDI que sugiere posible tráfico de influencias de su parte y al testimonio que dio el secretario general de RD, Edson Dettoni, quien declaró que ella conocía del convenio desde 2022, Pérez reitera que no está involucrada.

Esta situación llevó el jueves a la bancada de diputados de RN pedir que el CDE interponga acciones legales en su contra.

La Superintendencia de Salud ingresó ayer a la Corte Suprema una solicitud para extender por seis meses el plazo para aplicar el fallo contra las isapres dictaminado por el máximo tribunal para que las aseguradoras devuelvan los montos por cobros excesivos por GES a sus afiliados.

Según consignó La Tercera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló que con ello buscan que el Congreso pueda seguir avanzando en la tramitación del proyecto de ley corta, lo que "permitirá cumplir de mejor manera el fallo, evitando que sus efectos pongan en riesgo el acceso a las atenciones de salud de las personas".

El Instituto de Salud Pública (ISP) instruyó el retiro de todos los loteos vigentes de productos de laboratorio Sanderson fabricados antes del 13 de enero del 2023 debido a una "contaminación microbiológica".

"Este retiro masivo se enmarca en el proceso de estudio por brote del complejo Burkholderia cepacia en distintos centros hospitalarios del país", dijo el organismo.

A su vez, ordenó mantener en cuarentena el "cloruro de sodio al 0,9% con envase plástico desde 500 ml" que haya sido fabricado desde abril de 2023.

El laboratorio Sanderson alegó que no hay prueba concreta de la presencia de la bacteria.