Penas remitidas a exdirectivos de la corporación causan impacto en Ancud
Los otrora secretario general de la entidad y jefe de finanzas, en la administración de la alcaldesa Soledad Moreno, fueron sentenciados a 818 y 300 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por malversación por distracción de caudales públicos. Mientras algunos criticaron la baja cuantía de la sanción, otros destacaron que se llegó a una condena.
Pedro Bárcena González y - César Cárdenas Ruiz
Múltiples reacciones generó la sentencia entregada en las últimas horas contra dos exdirectivos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, quienes fueron condenados a penas remitidas por su responsabilidad en el delito de consumado de malversación por distracción de caudales públicos, perpetrado en diciembre del 2016.
La sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, tras el juicio que se extendió por cuatro jornadas, acreditó la responsabilidad del exsecretario general de la entidad, de iniciales L. A. A. C. (64) y del otrora jefe de finanzas, identificado como A. R. B. B. (55) en la apropiación de caudales públicos.
Como quedó refrendado en la audiencia, los encartados emitieron cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres; mientras el docente cobró un documento por $28.632.062, el contador se quedó con un monto de $15.662.050. Los dineros estaban destinados a indemnizaciones de incentivo al retiro pendiente para 5 profesores del norte de la provincia.
Como establecieron los sentenciadores, el mayor de los encartados deberá cumplir una pena 818 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional por el mismo tiempo (bajo vigilancia de Gendarmería). Además, deberá pagar una multa a beneficio fiscal equivalente al 5% del monto malversado ($1.431.603), sumando la pena de 2 años y un día de suspensión de cargo y oficio público, y profesión titular, como también la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el lapso de la condena.
En el caso del otro sujeto, los jueces decretaron una pena de 300 días en su contra, la que fue sustituida por el control de la autoridad por el plazo de un año. Además, decretaron la multa de 1% del monto malversado ($156.620), más la pena de un año y un día de suspensión de cargo y oficio público y profesión titular; además de la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Defensas
Las defensas de los imputados, más allá que habían invocado la absolución de sus clientes, reconocieron que las sanciones obtenidas fueron de una menor intensidad, en especial porque los expersoneros arriesgaban penas conjuntas que llegaban a los 23 años de cárcel. Incluso, el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda civil por el monto de lo defraudado, la cual no se acogió.
Como especificó la abogada particular Vanessa Pérez, quien representa al exsecretario de la corporación, para llegar a un cuántum tan bajo "se habría reconocido la media prescripción que solicité, considerando que los hechos ocurrieron hace casi 7 años".
No obstante, como remarcó la profesional "pese a que mi representado quedará firmando una vez al mes, igual analizaremos un eventual recurso de nulidad", insistiendo que los actos juzgados "no son constitutivos de delito".
Tal como explicó en juicio, el profesor "tenía en su contrato estipulada una indemnización a todo evento. Por ello, al terminar su periodo se redactó su finiquito celebrado con ministro de fe de la Inspección del Trabajo", por los montos cuestionados.
En tanto, el jurista Fabián Quiroz, quien asesora al exjefe de finanzas, aseveró que se encuentran "tranquilos" con el fallo.
"No estamos contentos del todo, puesto que seguimos sosteniendo que es inocente, puesto que los hechos no son ilegales. Todas las corporaciones municipales funcionan así, empleando dineros provenientes del área de salud y educación para pagar remuneraciones", aclaró la fuente.
Añadió el profesional que bajo dicha dinámica, el contador "se pagó su finiquito e indemnizaciones tasadas, según el código del trabajo". Reiteró que "existe desconocimiento de cómo funcionan estas corporaciones de derecho privado que emplean dineros públicos bajo dicha lógica".
Igualmente, el jurista sostuvo que se acogieron aminorantes para llegar a esta sentencia. "Hay que considerar que mi cliente devolvió todo el dinero, con los cual se reparó el daño provocado, más allá que justificáramos la legalidad de sus actuaciones; también colaboró con la investigación, declarando en el juicio, lo que se suma a que tiene irreprochable conducta anterior", dijo.
Coincidiendo con la otra defensa, Quiroz admitió que durante la semana "nos reuniremos para analizar la opción de un recurso de nulidad".
Reacciones
Si bien se trata de una sentencia que establece un precedente para este tipo de delitos en Chiloé, para Carlos Ojeda, presidente del Colegio de Profesores Comunal Ancud, sigue siendo un castigo menor para la dimensión de los hechos.
"Es lamentable lo que acaba de pasar con estos dos caballeros, realmente hicieron un mal a la comuna y ahora se quedarán en sus casas tranquilamente. Aparte tienen que devolver una miseria de plata", precisó el timonel de los docentes ancuditanos.
Por su parte, Adolfo Lacabe, titular del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario, lamentó que se trate de "una sentencia extemporánea, porque no hay que olvidar que han pasado más de 5 años desde que ocurrieron los hechos, y también se tuvo que considerar la actuación de la justicia que no fue muy acorde a lo que se esperaba, en el sentido de que prácticamente se tuvo que remover al fiscal de la época (Javier Calisto) para poder lograr esta sentencia. Estuvo a punto de prescribir".
Otro que conoce de cerca lo ocurrido es el concejal Álex Muñoz (indep.), quien ha sido parte de los últimos tres períodos alcaldicios. Entregó su visión de la situación, enfatizando que al menos hubo condena respecto de la incorrecta utilización de recursos públicos por parte de los involucrados.
"A algunos les puede gustar el fallo, a otros no, lo importante es que se hizo justicia y se comprobó la autoría de ellos en la malversación de fondos públicos, y en vulnerar los derechos de las trabajadoras que se tenían que jubilar y los dineros no estaban, y que ellos lo ocuparon para indemnizarse ellos mismos", describió el edil.
Sumó que "eso quedó demostrado, independiente que la sentencia no es la que uno esperaba, pero más que eso lo importante es que se hizo justicia. También mencionar que cuando la justicia quiere actuar rápido actúa, y no tener que esperar que un fiscal que tuvo más de cuatro años para avanzar y hacer diligencias, no hizo absolutamente nada".
Alcalde
Finalmente, el alcalde Carlos Gómez (indep.) que fue parte de la querella al momento de asumir su mandato, fue claro al sostener que "tenemos que señalar que respetamos los fallos judiciales, pero sí también decir que de acuerdo a los hechos que nosotros demandamos, nos parece insuficiente el resultado de la misma".
No obstante, el jefe comunal recalcó que "al menos nosotros hicimos nuestro trabajo, una vez que asumimos y que vimos situaciones que a nosotros nos parecían que al menos debían ser puestos en conocimiento de la justicia para que sean investigados, es lo que hicimos".
Enfatizó la autoridad que "la justicia se ha pronunciado primero declarando culpables a dos exdirectivos de la corporación, y en segundo lugar también ha entregado una sentencia, la cual nosotros respetamos".
"Es lamentable lo que acaba de pasar, realmente hicieron un mal a la comuna y ahora se quedarán en sus casas. Aparte tienen que devolver una miseria de plata".
Carlos Ojeda,, Colegio de Profesores Ancud.
95 medios probatorios tenía a disposición el Consejo de Defensa del Estado para el juicio.
44 millones 294 mil 112 pesos era el monto de la demanda civil contra los acusados.