Enjuician a expersoneros de corporación de Ancud por desfalco de $44,2 millones
Los otrora secretario general y encargado de finanzas de la entidad arriesgan penas de 23 años de cárcel en conjunto. Para la audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro los intervinientes cuentan con más de 100 medios de prueba.
Con más de un centenar de medios de prueba disponibles comenzó ayer el juicio contra dos altos expersoneros de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, quienes arriesgan penas de 23 años de cárcel en conjunto, por malversación de caudales públicos.
Ante la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve del Tribunal Oral en lo Penal de Castro se inició la audiencia contra el exsecretario general de la entidad, de iniciales L. A. A. C. (64) y el otrora jefe de finanzas, identificado como A. R. B. B. (55).
Los exfuncionarios de la administración comunal de Soledad Moreno enfrentan cargos que tienen como fecha clave el 5 de diciembre del 2016. En dicha jornada, como versa la acusación del Ministerio Público, ambos profesionales "abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones, aplicaron indebidamente a usos propios caudales públicos, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres".
Se le vincula al docente el cobró de un documento por $28.632.062, mientras que al contador un monto de $15.662.050, dineros que estaban destinados a indemnizaciones de incentivo al retiro pendiente para 5 profesores del norte de la provincia.
Acusadores
Tal como explicó el fiscal Fernando Metzner en sus alegatos de apertura, las actuaciones de los encartados constituyen "un ataque a la probidad administrativa, en la cual existe un abuso de la función pública". No dudó en señalar que "como sociedad se debe reprochar de una forma severa la falta de probidad".
Asimismo, el representante del Ministerio Público remarcó que las acciones desplegadas por los imputados "generaron no solo un perjuicio evidente a los docentes que debían recibir sus cheques y que no los pudieron cobrar, lo que incluso llevó a que no se retiraran, sino que también a la misma corporación que debió reincorporarlos".
Penas de 10 años y un día de presidio contra el educador, y 5 años y un día de reclusión contra el otro enjuiciado, solicita el fiscal. Un quantum que compartió el abogado Félix Mansilla de la corporación ancuditana, uno de los querellantes en la causa.
El otro ente acusador es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que por medio del jurista Rodrigo Tejos pide las sanciones más severas, específicamente contra el contador: 13 años.
Igualmente, en su presentación, sostuvo que ambos exfuncionarios "estaban a cargo de los fondos, teniendo poder y decisión sobre ellos", lo que redundaría en la suscripción de sus propias indemnizaciones con los recursos presuntamente desfalcados.
La fuente insistió que en este caso se observan "actuaciones conjuntas, tanto en las resoluciones de las actas como en el movimiento de las cuentas", agregando que "ambos son responsables del total malversado".
Defensas
Por su parte, la defensora particular Vanessa Pérez, quien representa al también extitular del Colegio de Profesores de Los Lagos, solicitó la absolución, resaltando que los hechos no serían constitutivos de delito.
Dentro de sus alegaciones, la profesional advirtió que su cliente "tenía en su contrato estipulada una indemnización a todo evento. Por ello, al terminar su período se redactó su finiquito celebrado con ministro de fe de la Inspección del Trabajo", por los montos que están siendo cuestionados.
Además, discutió la calidad de funcionario público del encartado. La penalista explicó que "la corporación municipal es una entidad de derecho privado, por lo cual mi representado tenía un contrato de trabajo y se regía por reglas distintas de los empleados públicos". Sumó que "tampoco se acreditará que hizo transacciones, facultades que delegó a finanzas".
Siguiendo una línea similar, el abogado particular Rodrigo Rojas, quien asesora al otro encartado, expresó en la audiencia que "esta causa ni siquiera debía haber llegado al tribunal", insistiendo que los hechos no constituyen delitos.
Un punto que destacó la fuente fue que su cliente "se pagó con dineros de la corporación, una deuda de la corporación", lo cual no se enfocaría en un acto de desfalco. Es más, descartó que los actos desarrollados que son materia de juicio tengan carácter "doloso", asociándolos solo "a una mala administración, deficiente, pero que no está vinculada a la destinación de fondos públicos para fines propios". También pidió la absolución de los cargos para el ancuditano.
La etapa probatoria continúa esta jornada con la exposición de testigos y peritos ante la sala del tribunal del sector alto de la capital chilota.
Declaración
Los acusados declararon durante la jornada de ayer. El primero en subir a estrado fue el exsecretario de la corporación, quien indicó que "no cometí delitos, todo lo hice en cumplimiento de mis obligaciones", enfatizando que no ostentaba la calidad de funcionario público, como alegó su defensora. Agregó que toda actuación, por más que sea cuestionada, siempre "pasaba por el visto bueno de la alcaldesa" de entonces, Soledad Moreno. Es más, aprovechó la instancia de señalar que "la querella en mi contra tuvo un fin político" y que se convirtió "en un caballito de batalla para conseguir recursos" por la administración municipal entrante.