Investigan un nuevo mecanismo con el que se desviaron más de $300 millones
División de Administración y Finanzas detectó transferencias secretas a personas e instituciones ajenas al Gobierno Regional desde febrero de 2021. Gobernador Vallespín ordenó un sumario, presentó denuncia a Contraloría y Fiscalía, y además solicitó auditoría externa.
Carlos Ilabaca Villanueva - El Llanquihue
Un mecanismo de transferencias secretas de recursos desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a personas naturales e instituciones ajenas al ejecutivo regional, y que a lo menos datarían de febrero de 2021, denunció ayer lunes el gobernador regional Patricio Vallespín (indep.).
Según lo informado por la autoridad, a la fecha se han transferido más de $300 millones, situación por la cual ordenó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, como asimismo se cursaron las denuncias correspondientes a la Contraloría y al Ministerio Público.
De esta manera, una nueva arista de presuntas irregularidades por millonarios traspasos de recursos públicos se abre para el Gobierno Regional, pero distinta y paralela al denominado caso Convenios.
La principal diferencia radica hasta el minuto en que en este nuevo caso los recursos fueron obtenidos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) sin que exista constancia de registros o respaldos contables, autorizaciones respectivas y tampoco estarían vinculados a ningún programa visado y aprobado.
De acuerdo a la información proporcionada ayer por Vallespín, este sistema quedó al descubierto "en el marco de las revisiones internas para la eficiencia institucional".
En concreto fue la División de Administración y Finanzas del GORE -que hasta el lunes 7 de agosto estaba a cargo del administrador público y técnico en contabilidad, Rubén Quintul- la que detectó las "transferencias secretas de recursos de manera irregular a personas ajenas al Gobierno Regional", a personas jurídicas y naturales sin relación contractual con el Gobierno Regional y sin que exista un movimiento contable que justifique o acredite estas transacciones o transferencias realizadas.
Según enfatizó el gobernador Vallespín, la situación se "comenzó a investigar por instrucción mía a mediados del mes de julio. Esto con la finalidad de constatar y documentar todo detalle que conlleve a aclarar esta anomalía en el sistema".
La primera medida adoptada por la autoridad fue ordenar la instrucción de un sumario administrativo. "Posteriormente se ha iniciado una auditoría a las conciliaciones bancarias, fondos fijos y arqueos por parte de la Contraloría. Si bien hemos descubierto nosotros esta posible falta grave, es vital que la Contraloría nos colabore en esa área. Puesto que nuestra propia revisión preliminar, detonada por retrasos en procesos bancarios, nos permitió descubrir y detener estas acciones que a la fecha suman poco más de 300 millones de pesos en transferencias", dijo el gobernador.
Asimismo, Vallespín recalcó que "estamos posiblemente ante un sistema de desviación de fondos públicos que estaría funcionando hace varios años. Por aquello, ya hemos pedido al banco la apertura de los archivos de los años 2018, 2019 y 2020 para saber desde cuándo partió esta muy mala práctica. Puesto que vamos a llegar al fondo de esta y serán las indagatorias las que verifiquen estas informaciones", y recalcó tajante que "no vamos a tolerar este tipo de prácticas".
Desde el GORE se informó que el 4 de agosto se ingresó denuncia ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Además, Vallespín acogió la petición realizada por los gobernadores regionales en el último plenario realizado en Maullín, para realizar una auditoría externa a todos los procesos administrativos, presupuestarios y financieros del Gobierno Regional.
Senador se querella
El 8 de agosto, el abogado Sergio Coronado presentó ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt una querella criminal en representación del senador del PS Fidel Espinoza. En dicha acción legal, se vierten antecedentes clave para entender la envergadura del mecanismo dentro el GORE.
Uno de estos antecedentes deriva de un proceso de auditoría efectuado entre marzo y julio de 2023 por el Departamento de Finanzas y Presupuestos del GORE a las cuentas corrientes asociadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del programa de Presupuesto e Inversión Regional.
Dicha auditoría arrojó la sustracción de $57.500.000 desde las cuentas corrientes destinadas a los recursos del FNDR, a través de cinco transferencias realizadas en enero de 2022 ($4.000.000), junio de 2022 ($11.500.000), julio de 2022 ($5.000.000), agosto de 2022 ($22.000.000) y septiembre de 2022 ($20.000.000).
"Aquí es caiga quien caiga, y desde ese punto de vista, tengo la plena impresión de que aquí tienen que investigarse todos los hechos que también ha transparentado públicamente el gobernador regional, que fueron pesquisados en las investigaciones que se están desarrollando el día de hoy", sostuvo Espinoza.