Atrapan a chofer ebrio y lo indagan hasta por cohecho a carabineros
Por 4 delitos fue formalizado el imputado que fue detenido tras una zigzagueante carrera en la Ruta W-55, que une Castro con Dalcahue. Incluso, viralizaron un video en que se aprecia que casi provoca dos siniestros viales.
Al tener irreprochable conducta anterior, un conductor ebrio eludió ayer cautelares más gravosas y quedó en libertad tras protagonizar una secuencia delictiva que incluyó una viralizada carrera zigzagueante hacia Dalcahue y hasta el ofrecimiento de dinero a Carabineros para dejar sin efecto el procedimiento.
Testigos del irresponsable actuar del chofer no solo grabaron su errático desplazamiento por la Ruta W-55, sino también denunciaron el riesgo inminente de siniestros. Incluso, en el video que circula por redes sociales se observa que en un par de ocasiones estuvo a punto de colisionar con otros móviles.
Los antecedentes fueron recibidos por la policía uniformada, como lo confirmó el mayor Gustavo Guajardo, titular de la Segunda Comisaría de Castro con jurisdicción en el área, añadiendo que "alrededor de las 22 horas (del jueves) diversos llamados al nivel de emergencia 133 alertaron del caso".
Con esos datos, personal de la Tenencia de Dalcahue abordó el operativo. "Los funcionarios fiscalizaron a un sujeto a la altura del pasaje Los Queltehues (comuna castreña), donde se percataron de forma inmediata que el chofer manejaba en manifiesto estado de ebriedad, ante lo cual fue detenido y trasladado al Hospital de Castro para la constatación de lesiones y la alcoholemia de rigor", añadió el oficial.
En el centro asistencial, junto con rehusarse a la práctica de la prueba respiratoria y la alcoholemia, el joven se vio envuelto en otros ilícitos.
"Ofreció la suma de 100 mil pesos al personal policial para evitar la detención. Considerando estos antecedentes y en apego a las normas éticas y doctrinarias, enmarcadas en el plan estratégico institucional, fue detenido también por cohecho", explicó el comisario, añadiendo que en el dispositivo se incautó tanto el vehículo y la documentación del imputado como el dinero en efectivo.
Control
De esta forma, el encartado de iniciales R. I. B. A. (35) fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Garantía de Castro, donde el defensor Arturo Figueroa incidentó la legalidad de la aprehensión.
Tal como expuso el abogado, su representado fue detenido por el delito inicial de aprestarse a conducir un vehículo en estado de ebriedad, ante lo cual "solo tuvo que haber quedado citado por la naturaleza de falta del ilícito". No obstante, la magistrada Alejandra Varas estableció que el operativo policial estuvo ajustado a derecho.
En la misma audiencia, el fiscal (s) Cristian Mena procedió a encausar al isleño, junto a la primera figura delictiva vinculada a la Ley de Tránsito, por otros tres tipos penales.
"Con los antecedentes vertidos en el parte policial, también se formalizó investigación por amenazas a un funcionario de Carabineros, negativa a la alcoholemia y por cohecho activo, en el entendido que el imputado habría ofrecido una suma de dinero a los funcionarios para que no continuaran con el procedimiento", detalló el persecutor.
Igualmente, el representante del Ministerio Público remarcó que debido a que el castreño "no tiene condenas anteriores, como también por las penas que enfrenta y las posibles formas de cumplimiento, se invocaron cautelares generales".
La sentenciadora decretó como medidas la firma mensual ante la Policía de Investigaciones, arraigo nacional y prohibición de acercarse al uniformado afectado.
Asimismo, como precisó el defensor Figueroa, en la sesión se cuestionó la primera precautoria, "puesto que el joven tiene irreprochable conducta anterior, domicilio conocido y entregó datos de contacto". Pese a que no se acogió tal alegación, la jueza sí consideró otra incidencia.
"Se había solicitado la suspensión de licencia de conducir, pero se rechazó por formalizarse un delito de aprestarse a conducir", aclaró el jurista con relación a la menor gravosidad de dicha figura.
Finalmente, la magistrada decretó un plazo para indagar de 90 días.