Contraloría frena toma de razón de 22 convenios del Gobierno Regional
Ente fiscalizador inició un sumario por el traspaso de $552 millones desde el GORE a una entidad sin fines de lucro de San Bernardo, pese a que tenía observaciones.
Carlos Ilabaca - El Llanquihue
En medio de la sorpresa que provocó en los consejeros regionales la decisión de Contraloría General de la República de declarar como representados o ilegales 22 convenios de transferencia entre el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos con fundaciones y corporaciones, a muchos de ellos se les vino a la mente la sesión plenaria del 24 de mayo de 2023 realizada en San Juan de la Costa.
En aquella oportunidad fue el profesional de la Unidad Jurídica del GORE, Ernesto González, quien aseguró que todas las representaciones del ente contralor respecto de los convenios realizados durante 2022 fueron respondidas "con la celeridad correspondiente" y solucionadas.
Es por esta razón que la información que dio a conocer ayer La Tercera, en cuanto a que 22 convenios de transferencia del GORE Los Lagos "no cumplían con las disposiciones legales ni el estándar establecido por la Contraloría", constituyó un duro golpe a la gestión del cuerpo colegiado y por lo cual se solicitará un pronunciamiento formal al ejecutivo en la sesión plenaria que se llevará a cabo el martes y miércoles de la próxima semana en la comuna de Maullín.
El 29 de junio, mismo día que la Fiscalía Regional de Los Lagos anunció el inicio de una investigación de oficio por eventuales irregularidades en las millonarias transferencias realizadas desde el Gobierno Regional a las fundaciones Chinquihue, Participa y Corporación Kimün, el contralor general Jorge Bermúdez decidió paralizar la toma de razón de los convenios entre reparticiones públicas y fundaciones con la finalidad de realizar un análisis exhaustivo y recabar más antecedentes.
Al cumplirse un mes de aquella medida, Contraloría informó que de la revisión de 34 convenios que fueron congelados en su tramitación, se detectó que en 29 de ellos -que suman en total $13 mil millones- no se cumplían con los estándares requeridos.
No obstante, el dato que hoy complica la gestión del gobernador regional Patricio Vallespín es que 22 de estos convenios tienen su origen en el GORE de Los Lagos.
De acuerdo a la información publicada por el medio capitalino, entre las materias observadas por Contraloría destacan fundaciones que presentan giros demasiado amplios para recibir transferencias del Estado, que no fueron precisadas las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de esas entidades, así como también se detectó falta de claridad de los ítems de gastos y la inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Si bien entre los 22 convenios objetados por Contraloría aparecen las tres fundaciones indagadas por la Fiscalía Regional, una situación de mayor gravedad tiene en la mira a la "Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo", cuyo representante legal es Francisco Vio Grossi. A esta entidad sin fines de lucro el GORE Los Lagos le transfirió $552 millones, destinados a financiar un programa de recuperación y fortalecimiento del sector silvoagroperacuario indígena de la provincia de Osorno. El problema es que la transferencia se hizo efectiva pese a que en una revisión previa de la Contraloría el convenio había sido declarado representado o "ilegal", que es el término jurídico empleado por el ente fiscalizador.
Por este hecho, se determinó iniciar un sumario con la finalidad de establecer responsabilidades administrativas, dado que se considera como un hecho grave y que podría derivar inclusive en que estos antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para que se incorporen a la investigación que lleva adelante en la región.
Esperan una aclaración
Con bastante prudencia y cautela reaccionaron ayer los consejeros regionales consultados por diario El Llanquihue sobre la medida de Contraloría de frenar la toma de razón de 22 convenios de transferencia del Gobierno Regional de Los Lagos con fundaciones y corporaciones, entre ellas algunas ya investigadas por el Ministerio Público.
"Como consejera regional de la Provincia de Osorno me siento muy sorprendida y muy preocupada por las noticias del nivel nacional, que son bastante diferentes a las explicaciones recibidas por parte del área jurídica del Gobierno Regional; nosotros preguntamos hace varios meses", mencionó la core Andrea Iturriaga (UDI). "Hoy día se nos habla de ilegalidades, que es muy diferente de presentar observaciones", acotó.
Por su parte, el core de Llanquihue Rodrigo Wainraihgt (RN) puso paños fríos a la terminología jurídica empleada por Contraloría. "Generalmente cuando habla de ilegalidades, se refiere a observaciones de forma. Lo que pasa es que se plantea como ilegalidades y suena como muy fuerte, pero son observaciones y, por lo tanto, hay que ver cuáles son las observaciones", reflexionó el exseremi, adjuntando que "hay que ser bien cautelosos y prudentes, esperar el informe del Gobierno Regional y que nos digan cuáles son las observaciones planteadas por parte de la Contraloría y por qué estas no se subsanaron, siendo que a nosotros nos dijeron que se iban a subsanar todas".
Finalmente, el core osornino Francisco Reyes enunció que esto "amerita una conversación con el ejecutivo del Gobierno Regional, porque aquí hay situaciones sobre las cuales veníamos planteando ya algunas miradas de alerta y de advertencia que finalmente se han ido cumpliendo. No podemos simplificar el problema ante la evidencia del órgano contralor".
Jefe jurídico responde
Frente a los cuestionamientos y observaciones hechas por Contraloría, fue el jefe jurídico del GORE, Alejandro Macías, quien entregó ayer una respuesta oficial.
En ella arguyó que "el Gobierno Regional de Los Lagos se encuentra trabajando desde hace algunos días en responder las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República a los diversos convenios de transferencia de recursos, en el contexto de la toma de razón de los mismos. Entendemos que dichas observaciones forman parte de alcanzar la finalidad que es compartida tanto por la Contraloría como por nuestro gobernador regional y por todo el Gobierno Regional, consistente en resguardar el correcto uso de los recursos públicos. En los próximos días enviaremos al órgano contralor el nuevo modelo de convenio que cumpla con todas y cada una de las observaciones formuladas por el órgano contralor".
Macías consignó al cierre de su declaración los seis convenios de transferencia que ya fueron tomados de razón por Contraloría para graficar los mecanismos de resguardo que ha adoptado el Gobierno Regional para el uso correcto de los recursos públicos.