Detallan fundamentos de la acusación contra alcalde Gómez
El abogado laborista patrocinante de los cinco concejales de Ancud, asegura que existe "notable abandono de deberes".
Continúan las repercusiones por la presentación de la acusación por notable abandono de deberes, realizada por cinco de los seis concejales de la comuna de Ancud, donde se solicita la remoción del alcalde Carlos Gómez (indep.), teniendo entre otras causales el no pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores de la enseñanza pública, como también el no pago de remuneraciones al personal de educación y obstrucción a la labor fiscalizadora del concejo municipal.
La presentación que quedó a la espera de ser admisible en el Tribunal Electoral Regional (TER) en Puerto Montt, lo que podría producirse en un plazo de 2 a 3 semanas, fue explicada por el abogado patrocinante de los ediles, Raúl Oliva, quien entre otras cosas, enfatizó en la insistente solicitud por parte de sus representados de información sobre la situación económica del área de educación, la que en muchos casos no ha sido entregada.
"La ley no autoriza a Contraloría (General de la República) a fiscalizar entidades de carácter privado, ¿entonces qué sucedió? Allá por el 2015, 2016, diversos parlamentarios empezaron a insistir en que Contraloría debía revisar, y Contraloría guiándose por la idea de conservación, de protección de los recursos públicos, que es la única fuente de financiamiento que tienen las corporaciones, empezó a fiscalizar, al fiscalizar salieron todos los vicios de estos pequeños feudos en los cuales no había control", sostuvo el profesional.
En esta línea, el jurista añadió que "entonces lo que señalan los concejales de Ancud con mucha razón, es que ellos han pedido insistentemente información de carácter contable, financiera, y no la reciben, y en muchos casos porque no está. En el caso de la corporación de Ancud, Contraloría dice 'mire, aquí no hay un plan de cuentas, no hay contabilidad, no hay información sobre cuánto se debe respecto de las cotizaciones impagas; entonces es un verdadero caos, y ese es un tema de gestión".
En términos administrativos sobre la intervención del órgano contralor en este tipo de casos, el abogado argumentó que "Contraloría hizo hace muchos años atrás una interpretación, señalando que como las corporaciones están dirigidas por el alcalde, porque la norma legal dice que el alcalde las preside, y el alcalde además designa a dos de los miembros de confianza del directorio, los que son el tesorero de la corporación y la otra es el secretario general, los dos ejecutivos más importantes".
Bajo este contexto, Oliva hizo hincapié en que "basándose en eso, la Contraloría dijo 'estos entes reciben fondos públicos', entonces lo que hace es ver el uso de los fondos públicos. Allí se ha podido dar cuenta Contraloría, que al pedir información, al hacer auditorias financieras, ha descubierto que no existe una normativa contable fiable".
Respecto a la acción de los concejales, la fuente recalcó que es "un notable abandono de deberes, y creo que va a depender de los magistrados, los jueces, los ministros que están a cargo del Tribunal Electoral, pero aquí se tiene que hacer uso de la ley; la ley dice que si el alcalde incurre en irregularidades hay que removerlo".
Solo en remuneraciones, actualmente la deuda en educación en la comuna de Ancud supera los 807 millones de pesos.
"Contraloría dice 'mire, aquí no hay un plan de cuentas, no hay contabilidad, es un tema de gestión'".
Raúl Oliva