Caso Fundaciones: Fiscalía concreta allanamiento al Gobierno Regional
Incautaron equipos computacionales y celulares del gobernador regional, administradora, tres jefes de división y un funcionario.
Carlos Ilabaca - El Llanquihue
Ni la intensa lluvia que casi como un diluvio bíblico caía la mañana de ayer sobre la caleta Rollizo, en Ralún (Puerto Varas), permitía presagiar que la agenda del gobernador regional, Patricio Vallespín, con beneficiarias de programas realizados con distintas fundaciones que recibieron recursos del Gobierno Regional (GORE) durante el 2022, terminaría de manera tan abrupta.
Bastó un llamado telefónico para que la máxima autoridad regional se ausentara cerca de diez minutos de la carpa dispuesta para los invitados. A su regreso, debió entregar sus excusas a los presentes para atender una urgencia en Puerto Montt.
Cerca de las 10.30 de la mañana, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), acompañados por el fiscal Marco Muñoz, se presentaban en las dependencias de la Gobernación Regional, con orden judicial en mano que autorizaba la entrada, registro e incautación de documentación y equipos.
La diligencia estuvo enmarcada en la investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Los Lagos el pasado 29 de junio, por eventuales irregularidades en las transferencias directas de recursos hechas desde el GORE a las fundaciones Participa, Chinquihue y Corporación Kimün.
Fue la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, quien explicó el contexto del procedimiento. "Estas diligencias corresponden a la entrada, registro e incautación de documentos físicos y digitales en diferentes inmuebles, entre ellos la Gobernación Regional de Los Lagos, cuyas acciones fueron autorizadas judicialmente a solicitud del Ministerio Público. Estas diligencias fueron lideradas por el fiscal Marco Muñoz, quien está a cargo de esta investigación, el que junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones procedieron a incautar diversa información que es necesario examinar para continuar avanzando con las diversas aristas investigativas que tiene este caso", explicó.
De igual modo, la abogada detalló algunos de los hitos que ha tenido la indagatoria a la fecha, la que calificó como de "alta complejidad investigativa". Entre ellos mencionó "diversas solicitudes y diligencias para recabar información sobre los hechos en cuestión, entre las que se encuentran oficios a distintas municipalidades y entidades públicas".
Wittwer cerró que "seguiremos manteniendo el resguardo de las diligencias que se realizan y, por supuesto, de la información que vayamos recabando, tanto para asegurar el avance de la investigación como para su correcto análisis".
Antes de retornar
Antes de partir raudo rumbo a Puerto Montt, el gobernador Vallespín comentó brevemente sobre la diligencia, en la cual se le pidió entregar voluntariamente su teléfono celular institucional y su equipo computacional, así como también los de la administradora regional "y otras personas del equipo que hayan participado en lo que se estaba investigando", precisó.
Al respecto, el jefe del GORE puntualizó: "Entiendo que esa es la resolución que se trae. Nosotros vamos a seguir las normas como corresponde. Entregaremos todo lo que haya que entregar y, claro, vamos a plantear al fiscal que esto se devuelva lo más rápido posible, porque son instrumentos de trabajo para la correcta gestión de la institución; que bajen lo que tengan que bajar, (pero) que se circunscriba estrictamente a lo que se está investigando".
Sobre el procedimiento de entrada y registro, el jefe jurídico del GORE, Alejandro Macías, precisó que se incautaron documentos, correos electrónicos, computadores, tablets, "respecto de cuyas diligencias este Gobierno Regional ha dado todas las facilidades al fiscal y al personal de la PDI; y, por lo tanto, estamos plenamente dispuestos a colaborar en cualquier diligencia que se nos solicite también en el futuro para esclarecer los hechos investigados".
Según trascendió, la PDI llegó con un listado de personas que debían entregar sus teléfonos y computadores, labor que se cumplió en sus respectivos despachos. En este listado figuraban, además del gobernador Vallespín y la administradora regional, Viviana Godoy; el jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir), Mauricio Saavedra; la jefa de la División de Fomento e Industria (Difoi), Gloria González; el jefe de la División de Infraestructura y Transporte (DIT), Cristian López, además de un funcionario de la Difoi que realiza tareas de enlace entre los distintos proyectos.
De aquellos directivos al menos dos tienen vínculos directos o indirectos con el PPD, como es el caso de González, quien milita en el partido, y Mauricio Saavedra, quien es cuñado de la presidenta nacional del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili.
Una vez que el gobernador cumplió con la solicitud del fiscal -pasadas las 14 horas de ayer-, realizó un punto de prensa en la misma Gobernación Regional, donde exhibió el acta de entrega voluntaria de los antecedentes requeridos.
"Como dijimos desde el comienzo, nada que esconder. Se está entregando todo, insisto, voluntario. La información que se solicite, que pueda ser complementada, feliz de seguirla entregando. Esto es parte del procedimiento esperable, administrativo, que sigue a una investigación como esta y qué bueno que se haga la comparación de lo que ya se entregó con lo que pueda ser ahora indagado por el Ministerio Público. Y seguimos con la misma tranquilidad que acá no hay nada que esconder", recalcó Vallespín.
Diputado bórquez
Entre las reacciones, el diputado chilote Fernando Bórquez (indep. pro UDI) calificó: "La justicia está actuando y eso es lo que hemos estado solicitando. Este tipo de procedimientos es parte del proceso de investigación, por lo que hay que dejar que las instituciones actúen y esperar que los resultados de esta investigación sigan su curso".
"Es lamentable este tipo de situaciones, ya que enlutan el trabajo político desarrollado en la región. Lo que no podemos permitir es que se utilicen de mala forma recursos públicos que son de todos los chilenos, por lo que esperamos que este procedimiento ayude a esclarecer qué ocurrió y defina pronto responsabilidades", concluyó el exgobernador provincial.