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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó su satisfacción con la evacuación sin mayores cambios que hizo el Tribunal Constitucional (TC) de la aprobada ley que eleva los castigos a los delitos económicos y medioambientales, lo que hizo sin tomar el "téngase presente" que ingresó la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

La ley endurece las sanciones e incluye la cárcel para los ejecutivos que se coludan, incurran en corrupción, se enriquezcan ilícitamente o malversen recursos públicos. Para el empresariado, podía ser inconstitucional porque atentaría "contra el propio orden público económico al 'seleccionar' a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general".

El ministro Cordero había sido crítico del ingreso del recurso por parte de la CPC y apoyado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Ayer, ante lo decidido por el TC, comentó en radio Universo que este solamente "implicó costos reputaciones para ellos (...) y lo lamento, porque me parece que en proyectos de esta envergadura, pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas, para aceptar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen (...) reglas elementales de participación en un mercado".

oposición

Desde RN (Renovación Nacional) la senadora Paulina Núñez aplaudió la decisión del TC y lamentó que el gremio desaprovechara la ocasión de "dar una señal concreta respecto de aquellos malos empresarios (...) que enlodan la labor de aquellos que actúan bien".

La CPC, sin embargo, mantuvo sus críticas a la ley. Manifestó que comparte sus principios, pero reiteró que "vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso", por lo que solicitó que "se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica".