RD expulsa a dos militantes implicados en la polémica por Democracia Viva
Carlos Contreras y Daniel Andrade son investigados por convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta.
Leo Riquelme - Medios Regionales
Por la unanimidad de sus integrantes, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD) aprobó la expulsión de dos de sus militantes implicados en el caso Democracia Viva, es decir, su representante, Daniel Andrade, y quien era el seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta que le asignó directamente tres convenios por 426 millones de pesos, Carlos Contreras.
La máxima instancia del partido oficialista comunicó su decisión un día después que renunciara a la colectividad Andrade, quien era pareja hasta hace unas semanas de la diputada Catalina Pérez, de la misma colectividad.
La parlamentaria ha negado cualquier vinculación con el convenio suscrito entre el ingeniero civil mecánico y quien fue parte de su staff parlamentario hasta asumir en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Su partido, que en principio la defendió, esta semana ha dicho que sospecha de su desconocimiento y la incluyó dentro de la querella que presentó contra quienes resulten responsables del supuesto caso de corrupción. El presidente, Juan Ignacio Latorre, dijo ayer que para Pérez están solicitando la suspensión de la militancia.
"Continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el tribunal supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública", manifestó en un comunicado RD.
A las denuncias iniciadas en Antofagasta se sumaron esta semana investigaciones penales por convenios similares suscritos en el Maule y Los Lagos. Además, el Servicio Electoral (Servel) abrió una indagatoria que involucra a Democracia Viva, pues fue una de las organizaciones civiles que recaudó fondos para la campaña del Apruebo durante el plebiscito de salida del año pasado.
Ayer, en tanto, la Fiscalía Regional de Atacama informó la apertura de una investigación penal, luego que la Seremi de Vivienda de esa zona ordenara la apertura de un sumario administrativo por un convenio por 128 millones de pesos con la Fundación Comprometidos -presidida por el exmilitante del PRO Sebastián Duarte- para la distribución de agua potable en dos campamentos de Copiapó.
Hasta lo anterior, la empresa tenía giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para realizar actividades de producción de películas cinematográficas y clínicas veterinarias, según reportó La Tercera.
"Me parece extraño, tendrá que investigarse. Parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír", comentó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
La autoridad, que pidió no sacar conclusiones apresuradas ni enlodar a todas las ONG con convenios fiscales, dispuso que el mismo equipo que indaga lo ocurrido en Antofagasta y Talca recopile antecedentes sobre el caso de Copiapó.
El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González, informó que la indagatoria penal se inició a partir de una denuncia de la diputada opositora Sofía Cid (RN).
128 millones de pesos asciende otro convenio con una ONG que se cuestiona en Copiapó, Región de Atacama.