Leo Riquelme - Medios Regionales

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, advirtió que la falta de regulación ha permitido un mal uso de recursos públicos en las transferencias del Estado a fundaciones y corporaciones privadas, como ha sucedido en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta con Democracia Viva, operación por $426 millones que se acordó entre dos militantes de Revolución Democrática (RD); caso que el martes sumó una arista en el Maule y ayer en Los Lagos.

"Aparentemente, porque esto todavía es un proceso en curso, hay una situación de mal uso de recursos públicos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción", declaró ante la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional.

Bermúdez dijo que en este caso y en otros de corporaciones municipales hay "hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción producto de que el Estado ha entregado recursos con poca regulación a entidades de naturaleza privada".

Agregó que estos traspasos ascendían a "cientos de miles de millones de pesos", "que van desde algunas tan prestigiosas como Teletón hasta organizaciones comunitarias", que ejercen funciones "habitualmente públicas".

Bermúdez demandó una mejor regulación sobre este modelo de transferencias, aunque se expresó proclive a mantener la toma de razón de contratos previos que hace la Contraloría solo a los actos más importantes.

En el caso de Democracia Viva, los 426 millones traspasados en tres convenios entre octubre y diciembre de 2022 entre el entonces Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante de la ONG, Daniel Andrade, se hicieron por asignación directa, o sea, sin revisión contralora.

Pese a esto, ante las dudas Bermúdez ordenó la suspensión de todos los procesos de tomas de razón relacionadas con traspasos de recursos a corporaciones privadas y fundaciones.

"Será mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan, pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar", fundamentó el abogado.

Casos nuevos

Ayer, la Fiscalía Regional de Los Lagos anunció la apertura de una investigación de oficio por la entrega de recursos del Gobierno Regional a fundaciones que operan en dicha zona (ver pág. 7)

Los cuestionamientos son por el traspaso de 4 mil millones de pesos a las fundaciones Chinquihue, Participa y a la Corporación Kimün. "(Esto) tiene por objeto investigar la eventual existencia o comisión de delitos que digan relación con fraude al fisco u otros", expuso el fiscal Marco Muñoz.

"No hay nada qué esconder", dijo el gobernador Patricio Vallespín, quien en esa calidad preside Chinquihue.

La investigación se suma a la abierta el martes, cuando la Fiscalía oficializó que abrió una investigación en la Seremi de Vivienda el Maule relacionada también con traspasos de recursos, esta vez a la fundación Urbanismo Social, que era gerenciada hasta abril de 2022 por quien es el actual secretario regional ministerial Rodrigo Hernández, quien al igual que Carlos Contreras y Daniel Andrade milita en RD.

Tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric, el ministro Carlos Montes anunció el envío a Talca de un equipo de "alto a nivel" para revisar lo ocurrido.

El socialista pidió diferenciar este caso con el antofagastino, pues en esta oportunidad el seremi Hernández se inhabilitó de la licitación y destacó "su desempeño" y que la fundación es "muy reconocida en todo el país". Entre sus trabajos se cuentan convenios por 109 millones de pesos en el Maule y 577 millones en Antofagasta suscritos con esa Seremi entre octubre y diciembre.

"Nosotros descartamos cualquier irregularidad, tenemos un proceso absolutamente normado (...). Yo entré a Urbanismo Social en calidad de abogado (...) y no he tenido ninguna relación que no sea de trabajo", aseveró Hernández a TVN.

Montes explicó que el equipo va "a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia", acotando que "si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar".

"es extraño"

La arista maulina fue derivada por la Fiscalía talquina a Antofagasta, donde está radicada la investigación por Democracia Viva y que golpea a RD dada la relación de Andrade y Contreras con la diputada Catalina Pérez. Del primero era hasta hace poco su pareja, mientras que el segundo fue parte de su staff como parlamentaria.

El martes el co-coordinador de campaña por el Apruebo en el proceso constituyente anterior, Felipe Heusser (RD), notificó que Democracia Viva fue una de las organizaciones que recibió dineros para campaña.

Ante la denuncia, ayer el Servel (Servicio Electoral) abrió una investigación en los procesos en que participó Democracia Viva para revisar los aportes de personas naturales informados.

"Yo desconozco la temporalidad de ambas cosas, pero es extraño, sin duda. Y eso hay que investigarlo", apuntó en radio Universo el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Nicolás Cataldo (PC).

"Sin duda, golpea fuertemente (...). (Para) Todos los que compartimos una identidad que habitualmente no ha estado vinculada a situaciones de corrupción, en donde hemos visto, justamente, desde la vereda del frente cómo pasan y pasan autoridades imputadas o investigadas es doloroso. Y creo que, sin duda, para todos aquellos que están en el Frente Amplio va a ser y es un problema", añadió el comunista.

3 investigaciones lleva la Fiscalía por convenios con fundaciones: Antofagasta, Maule y Los Lagos.