Dejan privados de libertad a choferes implicados en graves siniestros viales
Atropellos se registraron en Chonchi, con una víctima fatal, y en Castro, donde una adulta mayor lucha por su vida.
Tras la evacuación de los informes policiales y médicos pendientes, ayer se encausaron las respectivas indagatorias contra los conductores implicados en sendos atropellos, que dejaron como saldo una mujer fallecida y otra en riesgo vital, tanto en Chonchi como en Castro, respectivamente. Se resolvió que los imputados quedaran privados de libertad.
Por el primer caso que se registró la madrugada del domingo en el sector Huitauque, donde falleció Lidia Mabel Silva (44) al ser impactada por la camioneta guiada por el joven de iniciales B. R. R. (35), en audiencia ante el Juzgado de Garantía de la capital chilota se formalizó una investigación por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y el delito de no dar aviso del accidente ni prestar ayuda huyendo del lugar.
Así lo precisó el fiscal (s) Cristian Mena, añadiendo que la detención del encartado se había ampliado por 3 días, en espera de nuevos antecedentes para esclarecer la dinámica del siniestro vial, como la tipificación legal de los hechos.
El persecutor precisó que "se solicitó la prisión preventiva estimando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", en base a la gravedad y número de delitos encausados, como también la forma de comisión de los mismos.
La cautelar fue discutida por el defensor privado Pablo Lehnebach, quien explicó que la precautoria más gravosa "requiere fines específicos para su sustento y estimamos que no se da el riesgo para la sociedad o la fuga, puesto que el joven no tiene vinculación con otros ilícitos y se presentó voluntariamente ante Carabineros".
Esta postura se enfocó solo en la necesidad de cautela, puesto que ya antes cuestionaba los presupuestos materiales, remarcando que la peatona se habría expuesto al riesgo de ser atropellada al caminar por la vía.
Finalmente, como invocó el abogado, la magistrada Jésica Yáñez decretó el arresto domiciliario total y se fijó un plazo de 120 días para la investigación.
Riesgo vital
Por su parte, con relación al siniestro registrado el lunes y que mantiene hasta el cierre de la edición a Lucila Teiguel Velásquez (76) luchando por su vida, se dispuso la cautelar más gravosa contra el encartado, individualizado como J. P. C. O. (32).
También en el tribunal castreño, el mismo fiscal (s) Mena formalizó al isleño tras dos días de ampliación de la detención por los hechos acaecidos en calle Galvarino Riveros, "donde el imputado sin contar con licencia de conducir y estando bajo los efectos de la marihuana, desatento a las condiciones del tránsito y a una velocidad no razonable ni prudente, atropelló a la víctima", aclaró.
El abogado reportó que la adulta mayor hasta ayer se mantenía en el Hospital de Castro con riesgo vital. Bajo dicho escenario, el chofer será indagado por el delito de conducción bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas con resultado de lesiones graves gravísimas.
Debido a la severidad del ilícito y remarcando la peligrosidad de la libertad del joven, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva.
Arturo Figueroa, defensor del imputado, se opuso a dicha medida, argumentando que la calificación jurídica no está acreditada, como tampoco la necesidad de cautela, en especial porque se configurarían las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial. Por ello, pidió el arresto domiciliario y el arraigo nacional.
Según el profesional, durante las pericias desarrolladas en el caso, "solo se evidenció presencia de marihuana; el imputado señala que había fumado antes de dormir, por lo que el examen toxicológico va a determinar si tenía una cantidad suficiente en el cuerpo para influir en la conducción".
Igualmente, la fuente puntualizó que "el certificado médico señalaba lesiones graves", sufridas por la víctima, con lo cual el escenario penal sería menos gravoso.
Pese a estas alegaciones, la jueza Yáñez impuso la prisión preventiva y determinó un plazo de 90 días para el desarrollo de las pesquisas formalizadas.