A 7 años del 'Mayo chilote', dirigentes coinciden en escaso avance para la Isla
En la suma y la resta, lo conseguido tras este episodio, considerado como el mayor movimiento social del siglo en el Archipiélago, fue muy poco. Las demandas no fueron cumplidas a cabalidad.
Mayo del 2016 marcó el punto más álgido de una crisis sanitaria que se venía arrastrando desde hace meses en Chiloé. Barricadas, protestas y el bloqueo de los principales accesos a las cuidades fueron la respuesta desesperada de la población, principalmente de la pesca artesanal, frente a un fenómeno que devastó su tranquilidad y economía, hablamos de la marea roja.
A siete años de los acontecimientos y la posterior manifestación social de los habitantes de Chiloé, muchos de quienes estuvieron presentes durante aquel entonces, coinciden en que fue muy poco en lo que se avanzó respecto a las demandas planteadas.
Haciendo un poco de historia, la irrupción de los Fenómenos Algales Nocivos (FAN) iniciada a mediados de febrero de ese año, oscilante y ya en retirada a principios de abril, retomó su fuerza en aquel mes de mayo, llegando hasta las costas del norte de Chiloé, particularmente en la comuna de Ancud. Una dinámica que fue dejando a miles de pescadores artesanales sin su fuente de trabajo.
La situación fue agarrando otros ribetes y a juicio de la gente de mar no solo se trataba de la floración de la toxina paralizante, un evento conocido en la zona sur del país y que cada cierto tiempo se deja ver. Transcurridos algunos días comenzó a circular cierta información que hablaba del vertimiento de poco más de 4 mil 500 toneladas de salmones muertos, a 140 kilómetros de las costas insulares por parte de un grupo de empresas salmoneras.
De esta forma, la molestia de los trabajadores fue más allá, en especial al enterarse que dicha acción había sido autorizada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada. Lo ocurrido tuvo lugar entre los días 12 y 25 de marzo de aquel año; para las comunidades este habría sido el real detonante del fenómeno de marea roja en gran parte del territorio isleño.
Estallido
Fueron cerca de tres semanas de movilizaciones que quedaron marcadas por siempre en la historia del Archipiélago, convirtiéndose en el estallido social más grande ocurrido en esta parte del país.
Las consecuencias desde el punto de vista ambiental fueron irremediables, lo que a la postre trajo consigo un desastre socioeconómico de proporciones, para las miles de familias que quedaron sin su fuente de ingresos.
A consecuencia de aquello, es que las distintas agrupaciones de pescadores, buzos mariscadores, algueros y toda persona que trabajaba con recursos marinos decidieron levantar un petitorio con demandas para que el Gobierno de la época liderado por Michelle Bachelet, pudiera aceptar.
La lista de peticiones de los artesanales incluyó la inyección de fondos para la implementación de proyectos de absorción de mano de obra, además de que todos los beneficios se entreguen directamente a las organizaciones sociales. ¿Cuál es la evaluación que se hace luego de 7 años?, ¿en que se avanzó?
Patricio Guaquil, actual dirigente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Ancud, pero que en 2016 solo era un trabajador más del mar, tal como asegura, fue tajante en su reflexión.
"Todavía quedan heridas, hartas heridas por sanar por culpa del Estado. Una, no se ganó nada, nada, nada, nada. Fueron puros dolores de cabeza, quedamos peor de lo que estábamos, para nosotros de esa fecha no hay buenos recuerdos, puras miserias desde el 2016 para adelante, no nos llevó a ningún puerto como decimos los pescadores", aclara.
Junto con ello, el isleño recalca que "ese 2016 fuimos el patio trasero de Chile, hay que decirlo así, aquí vinieron a botar muchos salmones podridos. Yo le echo la culpa al Estado y a todos los dirigentes que estuvieron ahí, al frente de esto. ¿Por qué? Porque no supieron manejar todo lo que Chile le estaba ayudando, y soltaron de un día para otro todo, ¿motivo? No lo sé, porque lo hicieron los dirigentes hasta el día de hoy, pero no se ganó nada. Se ganó pobreza, enfermedad, el prestigio quedó por el suelo".
La crisis post desastre ambiental, multiplicó la tasa de desempleo en la zona. Para enfrentar ese escenario, el Gobierno y los dirigentes artesanales proyectaban una serie de iniciativas para impulsar la reconversión laboral. ¿Cuánto de aquello se cumplió?
"El impactante sentir de injusticia social y ambiental generaba el apoyo masivo en todas partes, por cerca de 20 días, hasta que las negociaciones aisladas e individualistas de algunos grupos, terminaron por levantar la rebelión, sin logro alguno de los múltiples petitorios ciudadanos, de la comunidad. Salvo un bono para la pesca artesanal. Un triste y lamentable desenlace", expresa Juan Carlos Viveros, coordinador del Movimiento Defendamos Chiloé.
Dentro de esta misma línea, el activista insiste en que "para quienes nos tocó desempeñar roles importantes en ese momento, teniendo que asistir durante años a múltiples sesiones en el congreso, comisiones, reuniones, si bien es cierto que las peticiones de respuestas a nuestras prioridades como mejoras en salud, en conectividad interna, derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, educación, y otros, no fueron escuchadas ni respondidas, no todo fue en vano".
Relación
Una de las interrogantes que rondó el debate mediático durante y después del recordado 'Mayo chilote' fue la relación entre las toneladas de mortandad de salmones con la aparición de la toxina algal. Literalmente una marea de dudas se originó por lo acontecido.
"Con el paso de algunos años, la Corte Suprema, el mayor tribunal de justicia del país, nos dio la razón a lo que en todo momento le contamos al Archipiélago y a todo Chile: el vertimiento de salmones era sancionado como ilegal. Este hecho catalogado de 'supremazo', vino a levantar el tremendo apoyo y respaldo a organizaciones como la nuestra. Quizás lo más paradójico de todo esto sea que, a 7 años de lo ocurrido, y a pesar de haber sido declarado ilegal, el vertimiento de salmones sigue impune, sin sanciones ni culpables", dice la fuente.
Mucho más cauto fue el también dirigente Pablo Oyarzo, otrora presidente de la Mesa Marea Roja, uno de los que estuvo visible durante gran parte del desarrollo de la movilización, quien en términos medioambientales, señala que "ha estado todo en tranquilidad podríamos decir, desde esa fecha hasta ahora, no hemos tenido un alto índice de marea roja y se ha podido seguir trabajando".
Agrega que "doy gracias a Dios, primero porque los colegas que trabajan en el mar están sacando mariscos, y no les ha ido tan mal; sale menos mariscos, pero los precios han estado un poquito más altos".
Referente a la relación con las actuales autoridades gubernamentales, el ancuditano precisa que "hay cosas que vemos que son positivas y negativas; lo positivo es que igual han tratado de ayudar con hartos proyectos, harta ayuda a la gente de sacar buenos proyectos para seguir trabajando, pero también por otra parte el tema de las Ecmpo (Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios), ha sido muy fuerte para la pesca porque se lo entrega a los pueblos originarios que viven a la orilla de la costa, pero a los que no están en alguna agrupación indígena de ellos, tenemos prohibido entrar en sus lugares".
Asimismo, Álvaro Montaña, geógrafo y reconocido activista medioambiental de Chiloé, también plantea su postura a la hora de las evaluaciones de lo que ocurrió en el quehacer chilote, desde 2016, sobre todo en cuanto a la persecución de los eventuales responsables de la hecatombe.
"Desde el punto de vista ambiental, los responsables de expandir la marea roja hacia la provincia, y la de Llanquihue, siguen sin castigo. No hubo castigo de los responsables del vertimiento de salmones y tampoco de la expansión de esta marea roja gigante", expone.
Agrega que "por otra parte, a 7 años del 'Mayo chilote' no se ve una política de Estado que busque diversificar o desarrollar las actividades económicas marinas, sobre todo lo que es la acuicultura a pequeña escala, el repoblamiento de especies, y la diversificación de especies marinas. No se ve un apoyo al sector productivo, y no se ve tampoco mayores estándares de fiscalización y sanción a las industrias que siguen contaminando el mar".
La opción de investigar la complejidad de los sistemas marinos y su relación con la alta producción industrial, sobre todo en esta parte del país, es un debate que se extiende más allá de lo lucrativo para las cuestionadas empresas salmoneras.
A este último punto se refiere Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director del Centro Ecoceanos.
"El 'Mayo chilote', llamado también 'La Comuna de Chiloé' es una expresión de dignidad del pueblo chiloense frente a un modelo centralista y colonial que ha depredado la naturaleza, impuesto los males de la contaminación química y orgánica en el mar, ha destruido las alianzas de las comunidades y ha impuesto una millonaria industria exportadora de salmones en base a peces carnívoros, introducidos desde el hemisferio norte", remarca.
Igualmente, en esta coyuntura, el especialista hace hincapié en que "Chiloé, sigue siendo una zona con los peores índices de pobreza multifactorial y migración interna después de la Región de La Araucanía. Nada ha cambiado, todos los costos los está pagando el pueblo chilote, su valiosa y única biodiversidad y su cultura. Las nuevas generaciones, las comunidades y los pueblos originarios deben volver a unirse para luchar, consolidando formas territoriales de autonomía y control territorial para defender la vida, el trabajo digno y contra el abuso y explotación".
Judicial
La abogada Orieta Llauca, en representación de organizaciones y comunidades de Chiloé, además de Calbuco, ha sido la encargada de llevar el caso hasta los tribunales de justicia, lamentando el destino que tuvieron las acciones llevadas a cabo.
"Por la interposición de una querella se inicia la causa por el delito cometido por las salmoneras, cuando vertieron las toneladas de salmones muertos al mar sin cumplir con el Protocolo de Londres, y que contó con la complicidad y encubrimiento de funcionarios públicos desde el principio. La causa fue cerrada por la Fiscalía Anticorrupción de Valparaíso el 14 de abril del 2023, pese a todos nuestros intentos de evitar que se concrete dicho acto que garantiza impunidad; es decir, las salmoneras aun en sede judicial gozaron de la complicidad, encubrimiento de jueces y fiscales", esgrime la jurista.
Además, la profesional informa que hoy "la situación en tribunales, y no solo en el caso de las salmoneras, sino en casos ambientales y derechos de los pueblos originarios, es de una torcida y grosera administración de justicia. Es más, me atrevo a decir que hoy no se administra justicia en tribunales, sino que se administra el negocio de la justicia".
Finalmente, Llauca confiesa que "continuaré con otras acciones legales en contra de las salmoneras y funcionarios públicos que han brindado habilitación e impunidad a las salmoneras; no me cansaré, a veces uno solo se desmotiva porque suele quedar solo luchando en tribunales, pero ya entendí que acompañada o sola hay que luchar para desenmascarar estos actos de la corruptela".
Expedición
El Ministerio de Economía convocó a través de la Academia de Ciencias de Chile, un comité científico independiente para evaluar el desastre ambiental. El 25 de mayo zarpó desde el puerto de Talcahuano el buque AGS-61 Cabo de Hornos, en una expedición oceanográfica diseñada y ejecutada por miembros de dicho estamento con el apoyo de diversos centros de investigación del país, para realizar el estudio prospectivo del evento de la marea roja. Tras 11 semanas de investigación, el comité de científicos independientes presentó un informe de avance al ministerio, el cual concluyó que el vertimiento de salmones no fue un agente causal de la marea roja.