3 jóvenes van a la cárcel por receptación y porte de armas y municiones
Estiman que los sujetos detenidos en el sector alto de Castro son un peligro para la sociedad.
Privados de libertad quedaron ayer tres jóvenes tras ser encausados por mantener en su poder un cuantioso botín robado en Castro, el cual incluía 4 armas de fuego y más de 250 municiones. Pese a no quedar establecida su participación en la sustracción de las especies, en esta altura de la indagatoria, su peligrosidad sí fue sustentada para que se decrete la cautelar más gravosa.
Ante el Juzgado de Garantía de la capital chilota fueron puestos a disposición los imputados, cuyas edades fluctúan entre los 19 y 23 años, luego de un amplio operativo que se gestó tras la denuncia de una vecina, quien tenía a su cuidado la casa violentada que se ubica en calle Chacabuco, en pleno centro de la ciudad.
"Dinero en dólares (mil aproximadamente), tres armamentos, dos largos y uno corto, todos con poder de fuego e inscritos conforme a los registros que tenemos en la Autoridad Fiscalizadora, fueron parte de las especies que se apoderaron del domicilio", explicó el mayor Gustavo Guajardo, titular de la Segunda Comisaría local.
Con estos datos, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad base se encargaron de las diligencias que permitieron dar con el lugar donde permanecía el grueso de los artículos, como también una cuarta arma de fuego y proyectiles de cinco calibres distintos. En este inmueble de la población Cardenal Silva Henríquez se realizó el allanamiento y la detención de los implicados.
Audiencia
Los antecedentes del dispositivo fueron expuestos en la audiencia de este viernes por el fiscal Fernando Metzner, quien remarcó que los imputados, "dos chilenos y uno venezolano", fueron formalizados por los delitos de "receptación y porte y tenencia ilegal de municiones y arma de fuego, como también por mantener droga para su consumo personal".
Igualmente, el abogado del organismo persecutor invocó la prisión preventiva, "al estimar que la libertad de estas personas resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y existir riesgo de fuga", aclaró. Su pretensión la fundó en la gravedad y número de ilícitos encausados, en especial el vinculado a la Ley de Control de Armas, lo cual se sanciona con pena efectiva.
La medida contó con la oposición del defensor Arturo Figueroa, quien también había incidentado la legalidad de la aprehensión, en base a los mismos argumentos.
"No se configuró la flagrancia, como tampoco existían indicios para entrar a registrar el inmueble", sostuvo el profesional, detallando que el atraco se habría cometido el miércoles alrededor de las 21.15 horas, mientras que la detención se concretó el jueves a las 12.40, lo que excedería las 12 horas legales.
A su vez, el jurista añadió que sus representados "tienen irreprochable conducta anterior", ante lo cual la precautoria solicitada por el Ministerio Público sería desproporcionada.
Tal como rechazó estas alegaciones al establecer la legalidad del procedimiento policial, la magistrada Jésica Yáñez tampoco las consideró para rebajar la necesidad de cautela, decretando la prisión preventiva para los tres encartados.
64 cartuchos de escopeta fueron parte de los más de 250 proyectiles incautados.
90 días se decretaron para que se lleven a cabo las pericias formalizadas por esta causa.