César Cárdenas Ruiz

Solo con la ausencia del concejal Pedro Naguil (indep.), hasta Puerto Montt se trasladó recientemente el Concejo Municipal de Ancud para reunirse con Paula Martínez, contralora regional de Los Lagos, con el fin de abordar diferentes temas del quehacer comunal, como la actualidad financiera de la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de esta comuna.

Un tema no menor, luego de los graves problemas suscitados durante el 2022, sobre todo en el aspecto educativo. En este sentido, el concejal Rubén González (indep.) explicó que "fue bastante enfática la contralora señalando que están pendientes las rendiciones de los recursos de las cuentas corrientes tanto de FAEP (Fondos de Apoyo a la Educación Pública) y de la SEP (Subvención Escolar Preferencial)".

Asimismo, se detalló que para inicios de febrero debería ingresarse en Contraloría la respuesta por la acreditación de estos 2 mil 600 millones de pesos que fueron observados por el órgano fiscalizador en la rendición de los ya mencionados recursos destinados a enseñanza.

Seguidamente el edil sostuvo que otra de las aristas que se desprendieron en esta cita es que "en el mes de marzo se conocerían los resultados de un informe de parte de Contraloría, proveniente desde Santiago, y que este último podría ser más categórico arrojando información sobre traspasos de recursos de unas cuentas a otras".

A su vez, respecto a la atención primaria, González añadió que "el concejo municipal solicitó a la contralora regional, a la brevedad posible, poder efectuar una auditoria específica en las cuentas de salud. Queremos evitar una nueva deba-cle y para eso debemos tener claridad de donde está el problema y saber que se está haciendo mal. Con los resultados que arroje esta investigación es de esperar que se tomen las mejores decisiones y estas sean decisivas para la futura conducción de la comuna de Ancud".

Mandiola

Quien también refrendó lo anterior fue el concejal Samuel Mandiola (Evópoli), manifestando que "fue súper importante para nosotros conocer el funcionamiento, los plazos, pudimos hacer consultas de algunas presentaciones que hicimos, hubo respuestas que para nosotros no resolvían mucho el problema, pero nos dijeron que todo eso se iba tomando como insumo para futuras investigaciones; en particular, el tema fundamental tuvo que ver con las cuentas de salud, el uso de las platas de salud, dado que habían algunas deudas que no se sabían, hace un par de meses no se sabían que habían deudas con los proveedores de medicamentos".

Añadió el político opositor que "la deuda primero se dijo que era un monto, el año pasado no se mencionó, y se dijo que era más voluminosa, lo que nos empezó a dejar insumos, después se empezó a hablar de una sobredotación en salud e incluso se habla de los riesgos de que pudiera pasar algo similar a lo que está pasando en el sector educación, pero esta vez en salud".

La Estrella de Chiloé intentó establecer contacto con el alcalde Carlos Gómez (indep.), presidente de la corporación, por medio de su Departamento de Relaciones Públicas, situación que hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Lenguaje e inclusión social. ¿Algo más que (re) imaginar la educación?

En 2016 el Consejo Nacional de Cultura y las Artes del Gobierno de Chile publicó la "Guía del lenguaje inclusivo de género". En 2017 y en esta misma línea, el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, aprobó el manual "Comuniquemos para la igualdad. Orientaciones para un uso de lenguaje no sexista e inclusivo". Ambos documentos fueron creados con el propósito de sugerir usos del lenguaje que garanticen la igualdad de género, resguardando el empleo no sexista de términos y/o expresiones.

Propósito justo e inclusivo si se considera el lenguaje, en su uso cotidiano, como un espejo de formas de pensamiento que subyacen en la cognición social de las comunidades de habla. Propósito coherente, por lo demás, con el documento publicado recientemente por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) "Reimaginar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación", el que nos invita a usar la tecnología de manera inclusiva y con una visión de la educación como proyecto público que incorpore la contribución de todos, sin excepciones. Una representación idealista y magnánima, aunque necesaria en una era donde la discriminación carece de aceptación o valoración. ¿O no?

Aunque los detractores del lenguaje inclusivo invoquen argumentos como la deformación del idioma o -con menos originalidad- la autoridad de la RAE (Real Academia Española), la discusión sobre la segregación de grupos, la discriminación y la apología de discursos de odio debe ser abordada con seriedad en todas las dimensiones del plano social. Si bien el empleo de las formas o etiquetas cotidianas debe tener un mínimo de criterio, la discusión no debe quedarse solo en eso, pues las ideas pueden presentarse de muchas formas desde el punto de vista lingüístico y no lingüístico; la discriminación puede adoptar muchos rostros, como los eufemismos o las metáforas del lenguaje cotidiano, por referir algunos usos a modo de ejemplo.

Y es que si bien la relación entre el plano formal (palabras) y las ideas (contenidos) tiene un amplio respaldo teórico -como la idea de que el lenguaje crea realidades (Watzlawick), la relación entre lenguaje y pensamiento (hipótesis Sapir-Whorf) o los supuestos de la lingüística cognitiva (Lakoff y Johnson)-, no es posible que solo discutamos qué o cuál forma de expresión debe ser usada o sugerida por las comunidades educativas para garantizar que no se discrimina a nadie y que se incluye a todos. La discusión es más profunda y radica en las formas de pensamiento que se plasman en gestos, actitudes o acciones, y no solo en lo verbal.

Y es que en sugerir no hay nada malo, siempre y cuando no signifique una imposición. De esto sabe ya la RAE, pues ha tenido que incorporar en sus diccionarios formas que antaño eran consideradas incorrectas. La lengua la hacen los hablantes y no a la inversa, y lo que se manifiesta en la forma no es otra cosa que su correspondiente representación mental. Es por ello que el documento de la Unicef sobre reimaginar la educación también invita a transformar y a reimaginar, en este plano, los derechos sociales de los miembros de las comunidades educativas.

Las facultades de educación tienen mucha responsabilidad en ello, pues la inclusión va más allá de lo formal, implica una nueva forma de entender y vivir la educación. ¿Cómo garantizar, entonces, desde la formación inicial de profesores, una visión inclusiva que refleje una forma de pensamiento que no sea un mero cambio en la forma del lenguaje?

Las universidades que forman profesionales de la educación tienen un rol importante en la consecución de dicho propósito.

"Aunque los detractores del lenguaje inclusivo invoquen argumentos como la deformación del idioma o -con menos originalidad- la autoridad de la RAE, la discusión sobre la segregación de grupos, la discriminación y la apología de discursos de odio debe ser abordada con seriedad en todas las dimensiones del plano social".

Abraham Novoa Lagos, académico de Educación Diferencial, Universidad de Las Américas Sede Concepción