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"Se trata de un severo error", Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales, calificando las palabras que utilizó el Presidente Gabriel Boric para "explicar los fundamentos de la decisión de indultar a Jorge Mateluna", exfrentista, según consigna en una columna de opinión al diario El Mercurio.

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En el año 2022 el trabajo del sector agropecuario permitió enfrentar distintos desafíos y no detenernos en la producción de las materias primas fundamentales para los alimentos inocuos y de calidad, tal como ocurrió durante la pandemia, cuando en medio de ciudades cerradas y detenidas, el campo y los distintos eslabones de la cadena alimentaria, no pararon.

En el año que terminó, a las conocidas complejidades emanadas de la crisis sanitaria por el covid-19, se sumaron los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania y la ralentización económica de China, entre otros, generando importantes aumentos en los costos. No obstante, los factores internos también nos pusieron en riesgo: un proceso constituyente que no quiso escucharnos estuvo a punto de dinamitar los fundamentos de nuestro modelo productivo, capaz de satisfacer las necesidades de 20 millones de chilenos.

Una reflexión al respecto: la industria alimentaria chilena ha mejorado notablemente en los últimos treinta años en productividad y en calidad de procesos. Junto al sector público se ha avanzado no solo en cumplimiento de normas de inocuidad y aspectos sanitarios, sino también en normas ambientales, de bienestar animal, trazabilidad y certificaciones; trabajo que toma mucho tiempo y que muchos otros países todavía no alcanzan. Ello nos generó una muy positiva fama a pesar de ser un país pequeño y geográficamente complejo. No por nada la industria alimentaria es el segundo sector en importancia de la producción nacional, abarcando un 18% del PIB, apoyado en cientos de miles de empresas y más de dos millones de trabajadores.

Tenemos preocupación por los aspectos políticos que han puesto un nivel de incertidumbre pocas veces visto en este siglo y que las generaciones más jóvenes no conocen. Esto causa que los niveles de seguridad personal estén por el suelo y su percepción, peor. En el agro lo hemos sufrido en carne propia donde la crisis de seguridad en la macrozona sur demuestra que la respuesta de la autoridad ha fallado poniendo en entredicho el Estado de derecho.

Para el 2023 igualmente se advierte un nuevo escenario de incertidumbre, por lo que pedimos a quienes toman las grandes decisiones, recuperar el timón y permitir que todos los sectores productivos, en particular el silvoagropecuario, puedan trabajar con paz y seguridad por el bien de todos los chilenos. De esa forma podremos hacer nuestro aporte para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país.