Matías Gatica Lindsay

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rechazó que esta instancia tenga responsabilidad en los dos intentos fallidos en el Senado para elegir a un(a) fiscal nacional, luego de la falta de apoyo a los candidatos del Gobierno, José Morales y Marta Herrera, quienes fueron propuestos desde una quina elaborada por el Poder Judicial.

"No creo que sea un proceso viciado, porque aquí se han cumplido las pautas legales por parte de los órganos intervinientes. La Corte Suprema en ningún momento ha considerado que el proceso fuera viciado, no estaría participando, pero no cabe duda que es un proceso que se ha ido complejizando", enfatizó.

Desde la oposición han responsabilizado al Gobierno del rechazo por "no consultar a los parlamentarios" si habría apoyo antes de presentarlos. Sobre una posible responsabilidad y fracaso del máximo tribunal, Vivanco dijo que "nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota, puesto que no estamos postulando a ganar o perder".

La vocera recordó que "la ley del Ministerio Público dice que si un candidato es rechazado, corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso, de ser ello necesario". En ese sentido, aseguró que el pleno decidirá si sumará un nombre o harán un cambio completo a la quina.

Tras ser rechazado su nombramiento, Marta Herrera acotó ayer a radio Infinita que no cree que el Gobierno la "haya tirado al sacrificio, son otros los factores que deberían tomarse al momento de tomar una decisión tan importante como quien dirige el Ministerio Público y no razones del tipo personal".

La misma directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional expresó antes a CNN que en 2017 "el senador Hernán Larraín fue a plantear la situación del senador Iván Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta y quería ver la posibilidad que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional".

Ante estas palabras, Larraín respondió que "jamás se le solicitó ni impunidad ni condena, sino solo la más pronta solución a la tardanza (...) Si a juicio de ella hubiera existido la más mínima irregularidad debió haberlo hecho presente de inmediato y no cinco años después". Moreira también criticó a Herrera.

Para zanjar el entuerto, el senador DC Francisco Huenchumilla propuso nombrar a un fiscal de transición y el RD Juan Ignacio Latorre planteó crear una nueva quina.

La Sala del Senado aprobó ayer una nueva prórroga (14°) del Estado de Excepción en la Macrozona Sur que rige a la Región de La Araucanía y una parte del Biobío. La medida se aceptó con 35 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.

De esta forma, las provicias del Biobío y Arauco (Biobío), y Malleco y Cautín (La Araucanía) continuarán bajo resguardo de las Fuerzas Armadas quienes están facultadas a prestar apoyo a los operativos policiales en la zona hasta el 11 de enero de 2023.

Al ser consultada por la posibilidad de quitar la medida, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que "no la vamos a retirar cuando pensamos que podemos tener un retroceso (...) Las estadísticas policiales dicen que de mayo a diciembre en la zona que está bajo estado de excepción tenemos un 42% menos de acciones violentas que el año pasado. Sin embargo, 42% menos no significa que no haya acciones violentas".

Durante la mañana la medida ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, aunque con su votación más baja desde que el Gobierno inició las solicitudes al Congreso el 16 de mayo de este año (77 votos a favor, 26 en contra y 25 abstenciones). Esto se debería, en parte, por la molestia que han expresado algunos parlamentarios de la Macrozona Norte, quienes piden que se repliquen las mismas medidas en ese lugar.

Las elecciones para elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional que redactarán el proyecto de nueva Constitución se realizará el 14 de mayo, según define la reforma que reactiva el Congreso y que el Gobierno ingresó ayer a través del Senado.

El texto define que este organismo tendrá un carácter paritario entre hombres y mujeres, y que su labor se extenderá por cinco meses.

Este equipo trabajará en base a un anteproyecto que elaborarán 24 expertos, también formados en igualdad de género, de los cuales 12 serán electos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado. De hecho, ayer Chile Vamos le propuso al expresidente Sebastián Piñera que sea uno de sus miembros.

El grupo será elegido por 3/5 de cada sala y, según la reforma, será considerado experto quien tenga un título de al menos ocho semestres y 10 años de trabajo en el sector público o privado.

Este comité iniciará su trabajo el 6 de marzo y tiene tres meses para evacuar su anteproyecto al consejo,

Sobre la controversia del pago, el Gobierno zanjó que los consejeros reciban una dieta de 60 UTM mensuales ($3,6 millones), que para los expertos será de 30 ($1,8 millones) y de 10 UTM ($611 mil) para los árbitros.

La reforma indica que en el plebiscito de salida se votará por "A favor" o "En contra" de la nueva Constitución.