Leo Riquelme - Medios Regionales

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía y del Gobierno, el Tribunal de Garantía de Temuco dejó en prisión preventiva a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le imputaron hechos que violan la Ley de Seguridad del Estado, el hurto de madera, ocupación de terrenos y atentado a la autoridad.

"Su libertad constituye un peligro para la sociedad", dijo la jueza del juzgado de la capital de La Araucanía, Leticia Rivera.

El formalizado, vestido de negro y bebiendo agua constantemente, escuchó muchas veces con sus nudillos bajo el mentón los cargos formulados en su contra.

El Ministerio Público expuso que desde 1997 la CAM se adjudica ataques incendiarios, validando e incitando actos de violencia que concretan las llamadas Organizaciones de Reivindicación Territorial (ORT), relacionadas con la coordinadora.

La fiscal Marcela Cartagena detalló que el 8 de enero de 2020, tras el revés judicial por parte de un comunero, Llaitul hizo llamados públicos al "levantamiento político militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales", una industria a la que calificó como un "enemigo histórico", por lo que le advirtió que las "vamos a combatir".

Los persecutores citaron otra entrevista del 24 de junio de ese mismo año, en que el vocero sostuvo que "ya estamos preparados para el enfrentamiento armado (...). Contamos con la capacidad militar para un enfrentamiento armado".

También citó una entrevista que el detenido concedió el 20 de julio de este año, en que insistió en el uso de la fuerza, la violencia y el sabotaje de las actividades agrícolas forestales en la zona.

De acuerdo al Ministerio Público, entre 2020 y mayo de este año se han registrado 54 ataques incendiarios atribuidos por la CAM en que se aludió al comunero encarcelado, y que, de acuerdo a los persecutores, se relacionan con los llamamientos "específicos" que hizo Llaitul ese 8 de enero.

"Son acciones concretas que alteran el orden y la seguridad pública (...). Los ciudadanos de esta zona temen hoy ser víctimas de algún ataque", apuntaron los querellantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la audiencia.

Con tales argumentos los persecutores formalizaron al imputado por violación a la Ley de Seguridad del Estado, algo que el defensor de Llaitul, Rodrigo Román, rechazó planteando que su cliente era perseguido por sus "ideas políticas" y acusó que el tribunal estaba siendo "instrumentalizado para resolver el problema político" que aqueja la Macrozona Sur.

Román añadió que su defendido era víctima de una "operación" por parte de la Fiscalía; se le estaba atribuyendo un "delito de expresión que no existe en nuestro país", y criticó que se invoque la Ley de Seguridad del Estado, "que tiene que ver con la estabilidad política o del Gobierno de turno (...). Pero el enemigo de la CAM no es el Estado de Chile, la ley no protege como bien jurídico a las forestales, por lo tanto, no hay afectación a la estabilidad de la república".

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, respondió que las penalizadas "no son sus ideas", sino que sus "acciones concretas" y "las consecuencias de ellas", afirmando que Llaitul hizo, como dice la normativa, una "apología de la guerra, la violencia y una incitación al odio".

"Con sus dichos no está afectando al 'gran capital', como dice él, sino a las personas comunes y corrientes" que trabajan en esas actividades y viven en las zonas afectadas, añadió el profesional del organismo persecutor. "Ellas son sus víctimas", insistió.

Robo y balazos

El Ministerio Público también formalizó a Llaitul por robo de madera y atentado contra la autoridad.

Uno ocurrió el 10 de febrero de 2021 en un fundo de Victoria, el cual fue perpetrado por al menos 50 personas, en tanto que los carabineros que fueron a desalojar fueron repelidos con balazos en tres de sus vehículos y sufrieron cortes de camino.

La Fiscalía expuso audios de conversaciones interceptadas que, según Garrido, comprueban que en el hecho Llaitul participó en su organización; y entregó cruces de antenas que lo posicionan en el sector de la provincia de Malleco.

Lo propio sucedió el 12 de marzo en un predio en Cholchol, en la provincia de Cautín, donde con pruebas similares la fiscal Cartagena situó a Llaitul en una ocupación en que, aseguró, fueron robados 87 millones de pesos en madera.

En el hecho resultaron baleados un sargento y un cabo de Carabineros, además de dos carros institucionales. Junto con exponer escuchas y georreferenciación, el Ministerio Público sostuvo que un testigo -que no individualizó- lo vio "en la acción en que se repele a carabineros. No es que se le haya visto disparando", agregó el fiscal Garrido.

En conversaciones difundidas en la audiencia, se oye a Llaitul hablando por teléfono indicando que estaba "madereando" y que venían "los verdes y los chanchos", aludiendo supuestamente a policías.

El abogado Román puso en duda la legalidad de la realización de las escuchas; la interpretación hecha a las palabras de imputado; la precisión de las antenas de telefonía celular para ubicar a una persona, y la existencia de tal testigo.

"Dijo que se encontraba encapuchado -comentó el defensor-. ¡Vaya, vaya qué poderes tiene esa persona!". Más tarde, la jueza Rivera recordó que la declaración indica que ese testigo estuvo más de cinco minutos conversando con el sospechoso, a quien reconoció por sus recurrentes apariciones en medios.

Luego de varias horas de audiencia, la magistrada dispuso el envío de Llaitul a un centro de detención de Concepción, en la Región del Biobío, y adicionó que el imputado arriesga penas que, en sus menores grados, deberá purgar en la cárcel si es hallado culpable.

Finalmente, las partes aceptaron la petición de la defensa de fijar en 30 días el plazo de investigación, que se basó en que la Fiscalía lleva dos años indagando el caso.