Leo Riquelme - Medios Regionales

Luego de varios días de solicitudes de parte de parlamentarios, ayer el Presidente Gabriel Boric informó que para el plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre habrá gratuidad en el transporte solo en los servicios ferroviarios de dependencia fiscal y para zonas rurales alejadas.

"En las empresas estatales hemos establecido la gratuidad del transporte, o sea, en el Metro de Santiago, el Biotrén en el Biobío y en el Merval de Valparaíso. Y además, para las zonas rurales hemos establecido 2.446 servicios de transporte gratuitos, ya sean terrestres, fluvial, marítimo y lacustre", dijo el mandatario.

Uno de los diputados que demandaba gratuidad masiva, el político de RN Andrés Celis, no se conformó con el anuncio e informó que ofició al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que revise la medida y la extienda a servicios urbanos.

Boric habló tras reunirse junto a ministros con el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle. En la jornada informaron que a las dos horas legales que tiene cada trabajador para concurrir a votar, esta vez se sumará el tiempo de traslado.

"Está todo caminando en temas de transporte, temas laborales, de salud, votos de las personas privadas de libertad", apuntó Tagle.

El directivo auguró que en la jornada electoral del próximo domingo el país tendrá una votación expedita, pues a diferencia de varias de las elecciones celebradas en los últimos dos años esta se trata de dos opciones: Apruebo o Rechazo y en esta será obligatorio concurrir a sufragar.

Para facilitar el proceso, Tagle llamó a la comunidad a informarse previamente de la sala y local de votación correspondiente, recordando que todas las mesas cambiaron y a muchas personas también le varió el sitio electoral debido a la ley de georreferenciación.

El Servel informó que hasta ayer 13,1 millones de ciudadanos habían consultado por su mesa, de 15 millones que integran el padrón habilitado, y recordó que para votar exigirán el uso de mascarilla y que cada persona lleve su lápiz pasta azul.

Los dichos del presidente argentino, Alberto Fernández, sobre el fiscal que pidió una condena en una causa de corrupción que se le sigue a la vicepresidenta, Cristina Fernández, provocaron el repudio y la presentación de denuncias judiciales de la oposición por considerarlos una amenaza y un avasallamiento al poder judicial.

El mandatario comparó la situación del fiscal Diego Luciani -que el lunes pasado solicitó una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández en un juicio por corrupción- con la del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto con un disparo en la cabeza en 2015, horas antes de presentar una denuncia en el Congreso contra la misma Fernández, que entonces presidenta.

"Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Miren hasta acá lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani", aseveró Alberto Fernández el miércoles en la noche en un reportaje televisivo.

REACCIONES

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Argentina repudió "enfáticamente" los dichos del presidente argentino y consideró "temerario" el "paralelismo" que trazó el mandatario entre Luciani y Nisman, al recordar que la justicia investiga como "asesinato" la muerte del fiscal Nisman, en la noche del 18 de enero de 2015, horas antes de exponer su denuncia contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento a varios sospechosos de terrorismo iraníes.

Además, los fiscales recordaron que la Constitución argentina impide al mandatario ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, por lo que no puede efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios.

El propio Luciani sostuvoi este jueves que "es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones" por parte del presidente y del ministro de Seguridad, quienes "deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos" y "no deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", en un comunicado.

Alberto Fernández aclaró ayer que hubo "una tergiversación" de sus dichos y que su referencia al fiscal Nisman apareció porque fue parte de la pregunta de los periodistas.

"En mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos ni operamos ni sobre fiscales ni sobre jueces y, por lo tanto, nadie tiene que sentirse en riesgo", consignó el gobernante a radio El Destape, donde también afirmó haber recibido amenazas de muerte que investiga la Policía Federal.

En 2017, el mandatario de Argentina había señalado en un documental que "hasta el día de hoy dudo de que Nisman se haya suicidado", contradiciendo su versión actual.

A su vez, el expresidente Mauricio Macri acusó a Fernández de "violentar" la Constitución. "Esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañina, encima atribuyéndose facultades de jurista que no tiene y violentando sistemáticamente la Constitución, como lo hizo anoche una vez más", aseguró una de las figuras principales de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.

Sumándose a líderes sudamericanos, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la derecha de buscar "desacreditar" a la vicepresidenta Fernández.