Pedro Bárcena González

En una nueva arremetida contra la representante del Ejecutivo en la provincia, acusando falencias de gestión, el diputado de la UDI por el distrito 26, Fernando Bórquez, apuntó a la falta de premura e iniciativa para potenciar la seguridad pública en el territorio.

Si primero fue la escasa información manejada por la tardanza en la habilitación de las oficinas locales de la Niñez en Queilen, Curaco de Vélez y Dalcahue, ahora los dardos del legislador se concentraron en la lucha contra la delincuencia.

Especial atención cobra la proximidad de las Fiestas Patrias, para lo cual el parlamentario aseguró que no se han planificado operativos preventivos. Un escenario que califica como preocupante, más ante el alza que han exhibido los delitos de mayor connotación social en Chiloé.

Los casos policiales por estos ilícitos se incrementaron del orden del 69% este año -hasta el 14 de agosto-, con relación a igual período del 2021. Ello, según los datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros.

Bórquez instó a la delegada presidencial provincial, Mariela Núñez, a coordinar dispositivos policiales antes del feriado largo, con el objeto de "fiscalizar los vehículos que entrarán a Chiloé durante esa fecha", aclaró.

Asimismo, el congresista recordó que cuando ofició como gobernador provincial "realizamos estos operativos como una forma de fortalecer la presencia policial en Fiestas Patrias, considerando el alto número de turistas que llegan a Chiloé a festejar el aniversario patrio".

Bajo ese contexto, el también exconcejal y excore no dudó en señalar que "no veo un ánimo de la delegada a prevenir la comisión de delitos en el territorio, toda vez que con la llegada de turistas también puede darse el caso de la entrada de bandas o delincuentes que se aprovechan que las familias andan algo más despreocupadas en esos días".

Es más, el político chilote insistió en que "ojalá la delegada pueda adelantarse a los hechos y fortalezca la seguridad al ingreso de la provincia. Hemos visto cómo en otras ciudades ha aumentado el número de delitos violentos y no sería para nadie agradable que alguna familia o un grupo de turistas tengan una mala experiencia en Chiloé por culpa de delincuentes".

Por su parte, Mariela Núñez respondió enfatizando que "la seguridad de todos los habitantes del Archipiélago es una prioridad para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es por eso que creamos la Mesa de Seguridad Pública de Chiloé, que reúne a las policías, alcaldes y encargados de Seguridad Pública de las 10 comunas de la provincia".

Visita

La personera gubernamental remarcó que en esta instancia se abordarán las materias de prevención del delito, focalizadas en el impacto del feriado dieciochero.

En lo inmediato, la bióloga y excandidata a diputada y a convencional afirmó que "hoy estamos concentrados como gobierno en organizar el plebiscito de salida para este 4 de septiembre, de modo que sea seguro y permita una alta participación ciudadana. Es por eso que nos visitará esta semana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, con el cual estaremos trabajando en las medidas de prevención para dar tranquilad a la ciudadanía".

Un cuarto del total de causas representadas por los defensores penales en Chiloé durante la pasada temporada se enfocaron en delitos sanitarios, relativos a la pandemia del covid-19 y sus restricciones legales. Estos casos concentraron el trabajo en los cuatro tribunales de garantía insulares (Ancud, Castro, Quellón y Quinchao).

Así lo describió la defensora regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, en su reciente cuenta pública, en la que remarcó que esta tendencia se replicó en toda la zona, en el marco de la representación de las 21.100 causas el 2021 (un -8,11% con respecto al 2020).

En el Archipiélago fueron 4.576 las acciones penales que se analizaron por los abogados de esta institución, siendo el principal delito imputado a las personas la infracción a las normas higiénicas y de salubridad, con un 25%, que en gran parte ingresaron entre enero y abril del año pasado. A estos le siguieron los ilícitos contra la Ley de Tránsito (24%) y lesiones (20%).

Género

Igualmente, durante el análisis de la gestión, Llorente relevó el énfasis en potenciar la representación de las mujeres infractoras de ley, lo que se plasmó con la recién creada Unidad de Defensa de Género.

El equipo está compuesto por un defensor y dos defensoras, quienes tienen dos funciones principales: asumirán paulatinamente las causas que tengan a mujeres como imputadas y tendrán un rol de articulación con distintos organismos públicos, como la Fiscalía, Gendarmería o la Corporación de Asistencia Judicial.

"Para una mujer, la privación de libertad es una vulnerabilidad particular, compuesta por distintos factores, que requieren ser atendidos desde una perspectiva de género. Por esto, el objetivo de la unidad es facilitar el acceso a la justicia, y contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado respecto de las mujeres privadas de libertad, quienes no deben ser sometidas a ninguna forma de discriminación y violencia, mientras se encuentren en esta situación", manifestó la titular de la Defensoría Penal Pública en la Región de Los Lagos.