Leo Riquelme - Medios Regionales

El Presidente Gabriel Boric defendió ayer el cambio de criterio que tuvo su administración al decidir durante la noche del miércoles la ampliación de una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Esto, luego que cuando el martes se difundió la entrevista en que el dirigente anunció que variarían su estrategia en la Macrozona Sur hacia el "sabotaje", La Moneda consideró que no era necesario perseguirlo.

"Es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus decisiones, porque gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo, la verdad que no traen las mejores soluciones", respondió el mandatario en Mega.

Boric afirmó que en todas las determinaciones que se adoptan en su administración "la decisión final me toca tomarla a mí". Y en el caso de Llaitul, explicó que las consideró "particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos".

El martes y el miércoles temprano, ante los llamados de la oposición y gremios empresariales que pedían una reacción penal ante la convocatoria al "sabotaje" que hizo el dirigente, la vocera Camila Vallejo y la ministra del Interior, Izkia Siches, acotaron que con el equipo jurídico estimaron mantener las querellas existentes contra Llaitul, que databan de 2019 y habían sido presentadas por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

Según La Moneda, hasta ese momento con eso bastaba para que el Ministerio Público investigara, pese a que el fiscal nacional Jorge Abbott decía que se requería una querella de parte del Ejecutivo.

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, valoró el cambio de decisión del Gobierno sobre los dichos del líder de la CAM.

"Este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es", sostuvo la ministra en "Meganoticias".

La decisión de la Contraloría de abrir una investigación por el uso de recursos públicos en la campaña informativa sobre el plebiscito constitucional, en el que la oposición acusa supuesto intervencionismo, no privará al Gobierno de seguir con ella, advirtió la vocera Camila Vallejo.

"Esa campaña sigue, está todo en regla, nosotros vamos a colaborar y así se lo expusimos en la reunión que sostuvo nuestro equipo jurídico y los funcionarios de Contraloría que están haciendo su trabajo y son ellos lo que se pronunciarán en su momento (...). En eso no vamos a intervenir, porque es parte de su autonomía y su trabajo", dijo.

Vallejo aseguró que le gustaría tener pronto resultados de la fiscalización, para "disipar las dudas" en el proceso, que ha incluido la impresión y reparto de 900 mil textos con la propuesta elaborada por la Convención.

Sobre esto, ayer los diputados de RN concurrieron a Contraloría a pedir que se investigue el contrato directo de impresión de los libros, por un valor de $444 millones. Los límites para ese mecanismo, según los parlamentarios, son $58 millones, pero el Ministerio Secretaría General de Gobierno sostuvo que lo hizo de forma directa por tratarse de un remanente de las platas de la Convención Constitucional.