Pedro Bárcena González

Ante el valiente y detallado testimonio de una pequeña que recién se empina por los 10 años, se acreditó la impactante pesadilla que vivió por más de la mitad de su vida. La menor sufrió sistemáticos ultrajes en un domicilio de Ancud, ataques por los que un sujeto fue sentenciado en las últimas horas a 7 años de presidio.

El obrero de iniciales J. O. O. V. (57) se exponía a 19 años de reclusión por las agresiones contra esta niña, perpetradas entre el 2015 y 2020. Así lo invocó el Ministerio Público en el juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Castro.

De acuerdo a lo presentado por el fiscal Luis Barría en la audiencia, el isleño llevó a cabo actos de significación sexual contra la víctima, los cuales configuraban los delitos de abuso sexual y violación impropios, ambos en carácter de reiterados.

Por el primer ilícito, el persecutor solicitó 7 años de cárcel, mientras que por el otro sumó 12 años, en consideración a la gravedad de los mismos, como también por la extensión del mal causado.

Junto a la prueba testimonial, cuya base fue la versión entregada por la afectada, el abogado sumó el informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud, como también las conclusiones de las pericias sexológicas y forenses del Servicio Médico Legal (SML).

En tanto, el defensor Carlos Barahona pidió la absolución de su representado, remarcando que la evidencia expuesta ante la sala presidida por el magistrado Rodrigo Alarcón era insuficiente para acreditar la intervención del encartado.

Uno de los puntos de mayor debate fue el cuestionamiento a las diligencias policiales, en virtud a eventuales aristas indagatorias que se habrían desechado. Especial atención cobró una sindicación inicial de la niña contra un primo, lo cual posteriormente descartó. La defensa apuntó a esta retractación aduciendo que no fue mayormente explorada.

Bajo ese contexto, también se buscó dejar en entredicho la pericia de credibilidad del relato, en cuanto a que no fue "categórico" para corroborar la veracidad de los hechos.

Pese a todas estas alegaciones que pretendían instalar la duda razonable entre los sentenciadores, estos de manera unánime establecieron que el imputado es responsable de un delito de violación infantil, eso sí, en carácter de continuado en oportunidades y días distintos entre 2015 y 2020.

En base a esta calificación, como especificó la fiscal (s) Pilar Werner, quien estuvo en la audiencia de lectura de fallo, "se logró la condena a 7 años de cárcel al autor de este ilícito, mientras que el tribunal decidió absolver por el abuso sexual. La sentencia es de cumplimiento efectivo".

Accesorias

Igualmente, los sala decretó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Otras de las medidas anunciadas por la magistrada redactora, Loreto Yáñez, contra el ancuditano fueron "la interdicción del derecho de ejercer la guarda, ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de las penas principales y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación con menores de edad".

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el TOP dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

5 años y un día de reclusión solicitó la defensa tras el veredicto condenatorio.

2011: año en que nació la víctima, quien declaró en el juicio oral ante los magistrados.