Carolina Larenas Faúndez

La escasez hídrica y con ello el acceso al agua es un problema que enfrentan comunidades de la provincia, situación que puede incluso ser más complicada con los cambios proyectados para los sistemas de agua potable rural como parte de la Ley de APR.

Ello, ya que los sistemas se transformarán en empresas sanitarias, pero sin tener las condiciones para cumplir con esta función.

Contar con tiempo que permita concretar las mejoras que la ley considera, como garantizar calidad, cantidad y continuidad del servicio, buscan las acciones impulsadas por APR Chile, una organización en la que participa la Asociación Provincial de Comités de APR. Para ello se ha planteado la necesidad de impulsar una ley corta que deje sin efecto a la actual normativa.

Incluso, su presidente provincial, Jonathan Farah, participó en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, instancia en la que expuso la forma en que esta ley afecta a los comités locales.

"Esta es la segunda reunión que tenemos con la comisión hídrica del Senado; desde los comités de agua estamos solicitando algunos temas y este trabajo viene en relación a la ley y al reglamento que tienen que comenzar a aplicarse en los comités que cambian su lógica de funcionamiento", afirmó el dirigente.

Además, comentó que "los comités son elegidos por la Ley de la Junta de Vecinos y cumple una labor comunitaria y si bien es cierto, la va a seguir cumpliendo, vienen exigencias en temas relacionados con el agua".

Farah aseveró que "para llegar a este desafío hay varias exigencias que la ley trae consigo y, en ese contexto, nosotros hemos planteado desde que nace la ley que los comités de agua no están en condiciones para cumplir estas exigencias, desde el punto de vista que tenemos comités que tienen infraestructura precaria o simplemente que no tienen agua".

"Entonces, lo que decimos es que necesitamos soluciones a los problemas urgentes como el agua, tener infraestructura adecuada y después comencemos con las exigencias", cerró.

carolina.larenas@laestrellachiloe.cl

Ley de Entrevistas Videograbadas

En octubre de este año comenzaremos a aplicar en nuestra región la Ley 21.057, de entrevistas videograbadas. Esta norma viene a mejorar el trato que otorga el sistema de justicia a las y los menores de edad que son víctimas de delitos sexuales y/o violentos. Se crea para reemplazar los interrogatorios presenciales actuales por entrevistas videograbadas y otras medidas para las menores de edad y así prevenir la victimización secundaria que afecta a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves, durante su tránsito por el proceso penal.

Desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos coordinamos acciones con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Poder Judicial , entre otros actores. Estamos capacitando a las y los involucrados en el protocolo de denuncia, etapa fundamental para el correcto desarrollo de la entrevista grabada en video. Entrenamos a las personas que se desempeñan en los establecimientos educacionales, porque son los primeros llamados a advertir la ocurrencia de un delito en contra de una niña, niño o adolescente. Ellos son quienes actuarán en la primera etapa de investigación del proceso, entonces deben saber ejecutar un muy buen trabajo.

El equipo de entrevistadores estará integrado por funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La aplicación de la ley también conlleva el trabajo de los jueces intermediadores, quienes actuarán en el proceso penal, tomando la declaración judicial a las víctimas. Esta ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial para prevenir la victimización secundaria de las víctimas.

Como ministerio somos responsables del registro de entrevistadores, además de intermediadores del proceso de implementación. Hoy desarrollamos la fase de sensibilización para las y los involucrados en la aplicación de esta ley, por todo lo que significa evitar la re-victimización. Eso es fundamental para lograr nuestro objetivo.

Hasta ahora, hemos capacitado a más de 100 funcionarios y educadores de los establecimientos educacionales en la región. En Chiloé ya hicimos una primera capacitación y se espera una segunda instancia destinada a los equipos de educación como son las y los educadores, directores, asistentes de la educación y todos los involucrados en esta etapa. También capacitaremos al equipo del Servicio de Mejor Niñez.

Ministra ríos

La ministra Marcela Ríos nos encargó a las y los seremis, que junto a las otras tres regiones que comienzan también en octubre -Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins-, que realicemos los mejores esfuerzos humanos y técnicos para una buena difusión de la ley y sus protocolos, supervigilando la implementación de esta.

La habilitación de las salas donde se harán las entrevistas videograbadas corresponde principalmente al Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas salas de entrevista e intermediación deben cumplir con ciertos estándares técnicos que la misma ley señala, con sistema de interconexión, audio, grabación, en el caso de las declaraciones judiciales en los tribunales en sala aparte de los demás intervinientes a cargo de la figura del intermediador. El objetivo principal es la protección de la víctima, para evitar citarlos reiteradamente para alguna actividad investigativa o declaración, con el evidente dolor que significa para ellas volver a revivir ese sufrimiento.

"El equipo de entrevistadores estará integrado por funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La aplicación de la ley también conlleva el trabajo de los jueces intermediadores, quienes actuarán en el proceso penal, tomando la declaración judicial a las víctimas. Esta ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial para prevenir la victimización secundaria de las víctimas".

Enrique Cárdenas Inostroza, seremi de Justicia y DD. HH.