Leo Riquelme - Medios Regionales

Tres días después de hacer público el anuncio de cierre programado en cinco años de la fundición Ventanas, y en medio de críticas de los sindicatos y de parte de la clase política nacional, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, le envió ayer a los trabajadores una carta en que les garantizó que los empleados directos serán reubicados o compensados, según decidan, pero que la determinación se mantendrá debido a los impactos ambientales y a la salud que genera la operación en esa parte de la costa de la Región de Valparaíso.

"Quiero decir que esta decisión es y será muy difícil; para los trabajadores y trabajadoras de la fundición Ventanas implica un vuelco en su forma de vida, pero es necesaria e impostergable y la desarrollaremos de la mano de cada uno de ellos y sus familias", dijo en una misiva.

Pacheco recordó que la fundición que procesa el mineral de la Enami (Empresa Nacional de Minería) genera cerca del 62% del dióxido de azufre que afecta a la zona, y agregó que aunque hoy lleva dos semanas detenida y hay más empresas industriales con emisiones contaminantes, cada vez que hay un episodio de intoxicación en la comunidad las sospechas se ciernen sobre la estatal.

El directivo agregó que la inversión de 54 millones de dólares prevista para reducir las emisiones no frenaría el problema. "Seguiríamos expuestos a nuevos peaks de gases contaminantes. Dicha inversión no garantiza terminar con nuestro aporte a la crisis ambiental de esta zona tan golpeada", acotó.

"¿Merece la principal empresa de Chile y sus trabajadores y trabajadoras ser apuntados con el dedo cada vez que hay una emergencia ambiental? ¿Merece la comunidad de Quintero y sus alrededores ser parte de una 'zona de sacrificio'? ¿Merecen los chilenos y chilenas que la productora número uno de cobre en el mundo renuncie a su deber de ser líder en minería verde?", se preguntó Pacheco.

El directivo aseguró que "ninguno de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo". A ellos les garantizó que seguirán siendo parte de alguna de las restantes divisiones de la cuprífera. "Y si alguno prefiere postular a un plan de retiro voluntario especial, tendrá esa opción disponible", añadió.

En la carta Pacheco no mencionó a los trabajadores contratistas, que ayer anunciaron que se plegarán a las movilizaciones impulsadas por los contratados directamente por la empresa, y se declararon en "estado de alerta".

"Esta decisión deja en la incertidumbre a los más de 800 trabajadores contratistas y sus familias. Solo se aseguran 5 años de trabajo mientras dure el plan de desarme de la fundición", expresaron los dirigentes en una declaración pública.

La normativa que rige a la estatal establece que para oficializar el cierre se requiere un proyecto de ley que debe presentar el Gobierno, que ha respaldado la medida del directorio.

"No se puede sacrificar a todos los trabajadores y a las inversiones hechas (...). Esto es prematuro, primero hay que reemplazar (la fundición) y luego cerrar", comentó en 24 Horas el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Pedro Hernández, quien aseguró que el país necesita una infraestructura de este tipo.

dirigenta

Ayer, la presidenta del Sindicato 1 de Trabajadores de Ventanas, Andrea Cruces, llamó al Presidente Gabriel Boric a que haga un "mea culpa" y que "a los ventaninos nos den una oportunidad". Advirtió que si La Moneda persiste en la iniciativa, los parlamentarios deberían rechazarla.

Los trabajadores han anunciado también que planean iniciar un paro nacional que involucre a todas las divisiones de Codelco.

El alcalde de la comuna de Puchuncaví, Marcos Morales, criticó la medida y aseguró que hasta ahora nadie del Ejecutivo se ha comunicado con él para informarle los alcances de la decisión, que se teme tenga un impacto en el empleo local. Adicionó que en su año en el mandato solo le habían hablado de las inversiones ambientales que planeaban efectuar, no del cierre.

"Los contratistas van a quedar en un estado muy vulnerable", apuntó a radio Cooperativa, donde además pidió que se le indique el domicilio comunal de los afectados.

En la noche del domingo, la ministra de Minería, Marcela Hernando, habló en TVN que el Gobierno respaldó esta decisión porque se debió haber tomado hace 30 años. La autoridad agregó que Codelco debe incorporar a su plan de salida a los trabajadores "directos más los indirectos"; y recordó lo que sucedió en los '90, cuando el Gobierno decidió cerrar los yacimientos de carbón en la Región del Biobío.

"Se garantizará de que Quintero no se convierta en un nuevo Lota, en una ciudad de peluqueros, no", comprometió.