César Cárdenas Ruiz

Fue el 2 de mayo de 2016 cuando las barricadas, protestas y el bloqueo de los principales accesos al Archipiélago, se convirtieron en las imágenes que se tomaron los principales medios de comunicación no solo a nivel local, sino también nacional. Por casi tres semanas, las movilizaciones quedaron marcadas por siempre en la historia insular, convirtiéndose -para muchos- en el estallido social más grande ocurrido en esta parte del país.

¿Las razones? Una extendida marea roja combinada con el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones podridos frente a las costas de Chiloé, lo que produjo el levantamiento de la comunidad que sintió como un latigazo la crisis socioeconómica asociada a estos embates medioambientales.

Distintas agrupaciones de pescadores, buzos mariscadores, algueros, y toda persona que trabajaba con recursos marinos debieron abandonar sus labores, para tener que optar de forma obligatoria a otras maneras de ganarse la vida. De ahí en más, las demandas del sector artesanal a los gobiernos de turno no se han detenido.

En esta lista aparecen requerimientos como inyección de fondos para la implementación de proyectos de absorción de mano de obra, además de que todos los beneficios se entreguen directamente a las organizaciones sociales. Todas estas exigencias se han visto incrementadas para este rubro por la irrupción de la pandemia por el covid-19, que por largos meses golpeó severamente el trabajo en el mar.

Para Pablo Oyarzo, presidente de la Mesa Marea Roja de Ancud, el factor "coronavirus" ha sido significativo.

"Como en todo ámbito, la pandemia ha frenado todo lo que se estaba haciendo, cambio de Gobierno y todo, así que como Mesa Marea Roja vamos a comenzar de nuevo a trabajar y ver lo que podemos hacer con los pescadores. Gracias a Dios no ha habido ningún problema de marea roja en nuestras costas, excepto a lo que sucedió en Calbuco, un lamentable hecho que fue puntual", precisó.

Reconversión

La crisis multiplicó la tasa de desempleo en la zona. Para enfrentar ese escenario, el Ejecutivo de la época y los dirigentes artesanales proyectaron una serie de iniciativas para impulsar la reconversión laboral. ¿Cuánto de aquello se cumplió? Para Oyarzo, las cifras indicaron que un 20% de la gente de mar ha optado por otros trabajos, el otro 80% se mantiene en sus clásicos quehaceres, como también hay una población flotante bastante considerable en distintas partes de la Isla.

Pedro Pairo, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Quellón, también subrayó la actualidad de sus pares en la zona sur de la provincia tras la crisis del "Mayo Chilote", que también ha estado marcada por la crisis sanitaria. "Luchando, sobreviviendo, adelante nomás, a pesar de todos los problemas que hemos tenido estamos haciendo pie para seguir adelante. La pandemia hoy día gracias a Dios ha bajado harto, en cuanto a intensidad por lo menos acá en Quellón", esgrimió.

En tanto, Juan Carlos Viveros, coordinador territorial del Movimiento Defendamos Chiloé, precisó que este capítulo en la historia insular es "una gran espina clavada en el pensar y sentir del pueblo chilote".

Se refirió el activista fundamentalmente a la parte judicial de esta historia, donde inclusive se presentó por parte del fiscal de la Unidad de Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, una solicitud al tribunal para sobreseer definitivamente la causa, y la decisión de no perseverar, buscando de este modo cerrarla sin culpables, algo que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones porteña, por lo que el proceso continúa.

No obstante, Viveros señaló que "a 6 años de la tragedia, el caso sigue en total impunidad, sin responsables ni sanciones para los estamentos públicos ni para las empresas salmoneras involucradas .Toda nuestra población fue afectada. De los petitorios presentados no se logró concretar avance alguno. Lamentablemente, los gobiernos de Chile han sido parte del problema y no de las soluciones, cosa que esperamos cambie con el nuevo Gobierno".

Aprendizaje

Referente a políticas públicas que permitan a futuro evitar que un hecho de semejante magnitud se pudiera repetir, Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile, reafirmó que "llama la atención lo poquito que hemos aprendido de esta crisis; antes había sido la crisis del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón, por sus siglas en inglés), después la crisis de Chiloé, y luego de la crisis de Chiloé todos los años hemos tenido diferentes desastres ambientales de la salmonicultura en diferentes regiones, y las autoridades en vez de fiscalizar más, hemos visto que son muy cuestionadas".

Añadió que "por ejemplo, con la Contraloría General de la República, que ha establecido que servicios públicos como la Superintendencia del Medioambiente, el Servicio Nacional de Pesca (y Acuicultura), la Subsecretaría de Pesca, el Servicio de Evaluación Ambiental, tienen serias deficiencias en la fiscalización a la industria salmonera".

18 días duraron las movilizaciones. A los bloqueos se sumaron masivas marchas.