Pedro Bárcena González

Con sendos procedimientos judiciales encausados quedaron ayer dos de los protagonistas de una serie de incidencias viales registradas en Castro. Una secuencia que incluyó a un estudiante de 13 años con lesiones graves, otros dos heridos y un conductor ebrio que habría estado cumpliendo funciones de transportista de aplicación virtual.

El caso más serio se registró entre las calles Freire y Galvarino Riveros, donde el niño que atravesó en bicicleta el "paso cebra" fue impactado por un colectivo.

Tal como indicó la teniente Tamara Fernández, de la Segunda Comisaría de Carabineros local, personal se constituyó en dicha intersección tras el denuncio de transeúntes. "Se verificó la presencia de un menor tendido en la calzada, quien fue auxiliado por el conductor que lo colisionó", acotó.

Sumó la oficial que la víctima "fue trasladada al hospital siendo diagnosticada con lesiones graves, además personal policial se entrevistó con el chofer, quien estaba en normal estado de temperancia y con la totalidad de la documentación al día". Sin embargo, fue detenido por su responsabilidad en el siniestro vial.

Ante el Juzgado de Garantía castreño, no se incidentó la legalidad del procedimiento policial y el imputado fue formalizado por el fiscal de turno, Javier Calisto, por cuasidelito de lesiones graves.

Igualmente, el defensor Rodrigo Zamorano, añadió que su representado "quedó con la cautelar de arraigo nacional". Además, la magistrada Jésica Yáñez decretó un plazo de 100 días para indagar la causa.

En este tiempo, como indicó el abogado, "solicitaremos diligencias puesto que estimamos que la causa basal del accidente no está clara, ni definida la responsabilidad del imputado".

Patrullaje

A su vez, ante el mismo tribunal fue puesto a disposición un encartado que fue aprehendido la madrugada de ayer en calle Juan Sarrat con Piloto Samuel Ulloa.

"Cerca de las 4.15 horas, funcionarios de la Segunda Comisaría mientras realizaban un patrullaje preventivo, procedieron a fiscalizar un vehículo que transitaba sin mantener su pista, ocupando ambas vía, verificando que el conductor permanecía en estado de ebriedad y realizando funciones de Uber", explicó la teniente Fernández, agregando que el sujeto fue detenido, mientras que el móvil fue sacado de circulación.

Durante la sesión judicial, el joven no solo fue encausado por manejo en estado de ebriedad, sino que reconoció su autoría en los hechos y accedió a un juicio simplificado.

"Fue condenado a 61 días de presidio, pero con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el plazo de un año. Además fue sancionado con la suspensión o prohibición de sacar licencia de conducir por dos años", consignó el defensor Zamorano.

A este caso, se sumó en la misma calle Juan Sarrat, pero la jornada del miércoles, una colisión frontal entre una moto y un auto, resultando con contusiones leves el conductor del vehículo menor.

Según indicó Sebastián Pérez, reanimador del SAMU, el paciente "sufrió lesiones menores tras la caída, estaba consciente y orientado, por lo que fue inmovilizado y remitido al Hospital de Castro".

Finalmente, este viernes otro motociclista resultó herido tras un siniestro vial en la población Salvador Allende. Tras maniobras de Bomberos y el mismo SAMU, fue trasladado al Augusto Riffart.

Pedro Bárcena González

Tras permanecer casi 9 meses en prisión preventiva, un obrero recuperó en las últimas horas su libertad, al quedar establecidas en juicio oral las actuaciones policiales ilegales que gatillaron su detención en pleno centro de Castro por un caso de drogas. 3 años de cárcel arriesgaba por esta acusación de microtráfico.

En audiencia realizada ante el Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota, la sala presidida por el magistrado Rodrigo Alarcón acreditó una serie de vicios en el procedimiento realizado por Carabineros contra el encartado de 47 años.

La noche del 14 de julio del 2021, en calle San Martín, el sujeto de origen peruano fue sometido a un control de identidad, donde posteriormente los funcionarios de la Segunda Comisaría local procedieron a revisar sus pertenencias, encontrando en su poder 33 dosis de éxtasis y 26,6 gramos de marihuana.

Para el fiscal Fernando Metzner, quien instruyó la causa, los cargos contra el imputado se enfocaban en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, bajo la modalidad de poseer, portar, guardar y suministrar o facilitar estas sustancias.

Con 24 medios de prueba contaba el persecutor para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, entre ellos 6 efectivos policiales, dos peritos químicos y 10 documentos. Sin embargo, la evidencia fue desestimada por los sentenciadores.

Tal como se expuso en el veredicto, "las probanzas aportadas a juicio, derivadas del control de identidad de acuerdo a lo declarado por los funcionarios de Carabineros que realizaron tal actuación y demás diligencias practicadas, fueron obtenidas con infracción de garantías fundamentales del encartado".

Los jueces agregaron que se "valorará negativamente" estas prueba, al igual que todas las "que provengan necesariamente de aquellas y, en consecuencia, no serán tomadas en consideración para acreditar el hecho punible y la autoría que se atribuyó al imputado, quedando sin respaldo probatorio la tesis acusatoria".

Valoración

Bajo este escenario, la sala absolvió al enjuiciado y levantó de inmediato la cautelar más gravosa que pesaba en su contra, desde el día posterior a su aprehensión.

Este dictamen fue valorado por el defensor Nelson Troncoso, en especial porque finalmente se acogió su postura, luego que tanto en el control de detención, como en tres revisiones de cautelares en sede de Garantía y otras tres apelaciones al tribunal de alzada se rechazaran estos argumentos, confirmando la prisión preventiva.

"Lo que sostuvimos es que no habían indicios para el control. Pese a que el imputado se identificó con su cédula de identidad, los policías sin elementos fundados proceden al registro de sus vestimentas y encuentran las sustancias", aclaró el abogado.

Agregó la fuente, que luego de este dispositivo, a su representado "sin estar detenido lo trasladan al hospital a constatar lesiones y luego al cuartel policial, donde continúan con el registro incautando dinero y un celular. Acá hubo actuaciones autónomas que fueron ilegales, vulnerando el debido proceso".

Tras este dictamen, el ente persecutor está a la espera del fallo -programado para el 22 de abril- para analizar la opción de recurrir de nulidad.