Carolina Larenas Faúndez

A 17 días de asumido el nuevo Gobierno, ayer se concretó un cambio en la dirección de uno de los principales organismos de Chiloé. Ello, luego que el diputado Alejandro Bernales (PL) comunicara que le fue solicitada la renuncia al director del Servicio de Salud Chiloé, José Cárdenas. Esto también se repitió con quien guiaba el S. S. del Reloncaví, Jorge Tagle.

En este sentido, el parlamentario comentó que "tras una conversación que tuve con el subsecretario de Redes Asistenciales (Fernando Araos), me confirmó que se le pidió la renuncia al director del Servicio de Salud Chiloé, por lo tanto, esperamos que quienes lleguen a este espacio puedan resolver una serie de problemas que denunciamos y que nunca tuvieron respuesta".

Además, el congresista sostuvo que "nosotros creemos que esta es una noticia que se veía venir y esperamos que las nuevas autoridades puedan cumplir de cara la ciudadanía y de cara a los funcionarios que constantemente denunciaron problemas y que no fueron escuchados".

Como "lógica" calificó la solicitud de renuncia Felipe Almonacid, presidente de la Fenats Histórica de la Dirección del Servicio de Salud, indicando que "creo que el director no contaba con la confianza para poder seguir en el cargo. Nosotros como gremio tuvimos varias conversaciones con él como director, el cual no nos convocaba como trabajadores, no teníamos un lineamiento claro de un plan estratégico y se venían denunciando diversos problemas".

El dirigente también afirmó que "el director se alejó mucho de los trabajadores y dejó un pésimo legado a nivel gremial, acomodando a varios operadores políticos y que ha sido un tema que hemos venido denunciando en los últimos años tanto a Contraloría como a la opinión pública".

Junto con ello, relató que "queremos que llegue una persona que escuche las necesidades de los trabajadores, que se abra a la comunidad y que permita tener soluciones definitivas a proyectos como la construcción de los centros asistenciales de Ancud y de Quellón y solucionar la lista de espera de Chiloé".

Tras la salida de Cárdenas, quedó como subrogante Éric Gutiérrez. Desde el organismo no hubo pronunciamiento oficial al respecto.

2020: el asistente social comenzó a ejercer el cargo como director subrogante.

Un nuevo fallecimiento debido al coronavirus sumó Chiloé en el último reporte epidemiológico entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Con ello, la provincia acumula 368 decesos ratificados desde el inicio de la pandemia, a los que se suman 94 que son considerados como sospechosos.

A una mujer de 80 años residente en la comuna de Ancud corresponde la muerte informada oficialmente, la que se produjo el 18 de marzo pasado en el Hospital San Carlos con el virus identificado con el resultado positivo de la prueba como causa básica. También se le asoció un paro cardiorrespiratorio, enfermedad renal crónica e infección por SARS CoV-2. Se consignó que tenía el esquema de vacunación completo y una dosis de refuerzo.

Con este nuevo deceso, la comuna ancuditana llegó a los 116 muertos oficializados con la enfermedad y a 31 sospechosos, liderando las cifras a nivel provincial.

Según los datos de la Seremi de Salud, Chiloé sumó ayer 23 casos de coronavirus, con lo que acumula 36 mil 30 desde el inicio de la emergencia sanitaria, de los que 202 permanecen activos. Los nuevos contagios se distribuyen en 15 en Castro, 1 en Curaco de Vélez, 1 en Dalcahue y 6 en Quemchi.

Con 83 cuadros activos, Castro es la comuna con más personas que pueden contagiar la enfermedad, mientras que en el otro extremo en Quinchao ayer solo había 5 pacientes en esta condición.

El diputado chilote, integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Fernando Bórquez, junto a su par Cristóbal Martínez, ambos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron la presentación de un proyecto para modificar la actual ley de "Aula Segura", con el objetivo de reponer la obligación de los directores para que deban expulsar a los estudiantes que cometan alguna falta de carácter grave.

Según los parlamentarios, la normativa llamada "Aula democrática y convivencia segura", a su juicio "no ha traído los resultados que todos esperábamos, y eso se debe fundamentalmente a que hubo un sector político que no estuvo dispuesto a aprobar medidas más restrictivas que hubiesen permitido erradicar a los violentistas del sistema escolar".

Además, los legisladores promoverán que los directores de colegios no solo tengan la facultad para suspender a quienes cometan actos de violencia, sino que también tengan el deber de expulsarlos. También propondrán disminuir al mínimo los plazos para que los estudiantes puedan apelar a las decisiones, como también para que se les comunique las sanciones definitivas.

Según informó la bancada de diputados de la UDI, los gremialistas también buscarán extender dicha ley a toda la comunidad educativa y no solo a los alumnos, además de ampliar el catálogo de hechos graves, los que deberán ser establecidos por cada establecimiento en su reglamento interno.

"Tenemos que evitar que la violencia se apodere de nuestro sistema educacional. Existen antecedentes reales del daño que este tipo de actos provoca en un establecimiento, como es el caso del Instituto Nacional y de otros colegios en nuestro país", enfatizaron los políticos opositores.

"Por eso vamos a presentar este proyecto y le pediremos al Gobierno que le otorgue la mayor de las urgencias legislativas, porque no podemos seguir viendo cómo todos los días se producen hechos de violencia y no tengamos una legislación robusta como para enfrentar este problema", concluyeron los diputados Bórquez y Martínez.