César Cárdenas Ruiz

"No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague", señala el viejo dicho que en esta oportunidad hace honor a la actual situación que por estos días afecta a la comuna de Ancud, en relación al término del plazo otorgado por la Corte Suprema para que la Municipalidad de Ancud hiciera el retiro de todo el pasivo ambiental desde el sitio de disposición final de Puntra El Roble.

Es decir, se trata de la basura que se vertió en el predio particular -arrendado por el consistorio- entre enero del 2020 y junio de 2021. La administración municipal ancuditana cifró a fines del año pasado una cantidad de 20 mil toneladas de desperdicios en lo que se llamó inicialmente centro de manejo transitorio de residuos sólidos domiciliarios de la comuna.

El cúmplase del fallo, notificado el 19 de octubre, estableció que los condenados -el municipio y la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos- debían ejecutar dicha acción en un período de 90 días, fecha que llegó a su fin el pasado 17 de enero.

A pesar de no haber dado cumplimiento a la mencionada sentencia, Jorge Ulloa, abogado y coordinador del equipo gestor interno del municipio sobre el tema, explicó que se destinó la misión de establecer acciones tanto desde punto de vista técnico como legal para desarrollar dichas tareas.

"Hay que realizar estudios para poder caracterizar qué es lo que se encuentra dentro de la masa que actualmente está contenida en Puntra El Roble. Esas fueron las primeras diligencias", expuso el profesional, junto con aseverar que se le consultó a autoridades sanitarias "qué necesitamos para poder realizar el retiro". "Evidentemente, ellos nos dieron una lista de acciones, hay que recordar aquí que la Seremi de Salud de Los Lagos no solamente actúa como un ente fiscalizador en este proceso, sino que también son condenados", insistió el profesional.

Asimismo, el coordinador agregó que en cuanto a posibles nuevos plazos y eventuales fallos y multas, "en definitiva, la corte no nos indicó nada más, estamos a la espera de lo que los demandantes establezcan, lo que ellos consideren prudente. Dentro de las potestades de la corte está determinar que se establezcan sanciones, incluso multar al municipio, pero nada de eso ha ocurrido".

En tal sentido, Ulloa señaló que se van a necesitar "todas las autorizaciones que la ley nos exige. Dentro de esas autorizaciones la que más nos provoca una complejidad respecto a la sentencia es, justamente, el área ambiental y es la evaluación de impacto ambiental. En lo relevante, definiendo que el proyecto descrito por la Municipalidad de Ancud requiere del ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), en forma previa a su ejecución, por poseer las características y alcanzar las magnitudes señaladas".

Lo ocurrido o no acontecido ha generado reacciones inmediatas de parte de distintos actores sociales en la comunidad. En representación de las comunidades aledañas al ahora exrelleno de Puntra El Roble, Diego Barahona, presidente del Comité de Defensa Medioambiental Chiloé Sin Basura, expresó que "desde el concejo municipal también hubo sensaciones de lo acontecido. Andrés Ibáñez, concejal del Partido Socialista, puso énfasis en la amenaza medioambiental que se genera como consecuencia del cumplimiento del fallo del máximo tribunal".

Concejales

El aludido miembro del ente colegiado consignó que "la comuna de Ancud se encuentra ya con el plazo caducado en la Corte Suprema, a lo que también se solicitó la realización de un estudio de impacto ambiental; ese estudio tiene una cierta cantidad de tiempo que a su vez hoy día permite mantener sin el cumplimiento de esta medida. Claramente, desde el municipio se ha quedado demostrado de que el retiro del pasivo ambiental es prácticamente un tema de mucho riesgo ambiental, incluso más que haberlo depositado".

En esta misma línea, el edil reconoció que "eso complica el cumplimiento de la sentencia, y hasta el minuto no se ha encontrado lugar que quiera recibir el pasivo ambiental, entonces todas estas dificultades han conllevado a que no se pueda dar cumplimiento del municipio y también de la Autoridad Sanitaria, del fallo de la Corte Suprema".

Igualmente, Ibáñez vislumbró: "¿Qué queda ahora? Queda esperar qué es lo que se resuelva por medio de los tribunales de justicia, para ver si es que efectivamente interviene el mismo Gobierno en buscar el lugar de recepción de este pasivo ambiental y también generar las condiciones para su retiro".

Su par, Alex Muñoz (pro RN) dio a conocer sus reparos frente a la determinación de la Corte Suprema en cuanto a lo complejo de la sentencia. "No se fundamentó en lo técnico. ¿Por qué? Porque mover toda esa masa de residuos sólidos que hay en Puntra sin tomar las precauciones puede generar un desastre ambiental mucho más grande que el que tenemos, por lo tanto, lo que se hizo a través del municipio y los servicios correspondientes es consultar si era necesario hacer un estudio de impacto ambiental (EIA), para amenizar los riesgos de sacar los residuos sólidos del sector", especificó.

Adhirió la autoridad comunal que "tengo entendido que se va a pedir un estudio de impacto ambiental para tomar todos los resguardos, eso va a tomar su tiempo, y una vez que esté el estudio aprobado, el municipio procede a retirar los residuos sólidos de Puntra".

desde la sma

Por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se solicitó presentar un estudio de balance hídrico para saber de cuánto es la cantidad máxima de lixiviados que se podía generar dentro de la ejecución del proyecto. También una caracterización de estos líquidos y un análisis de estabilidad estructural de la totalidad de aquellos en la zanja.

"En relación al caso relleno sanitario Puntra, la SMA sigue adelante con la fiscalización del proyecto y la tramitación de procedimiento sancionatorio, recordando que, recientemente, el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó los reclamos intentados contra de los actos de este servicio asociados al caso (ver recuadro). Al respecto, se debe recordar que el relleno se encuentra detenido. La fiscalización de la medida instruida por la corte debe ser supervisada por la Seremi de Salud de los Lagos", se señaló desde la entidad gubernamental de seguimiento y control.

Por ahora, la basura domiciliaria de la comuna de Ancud sigue llegando al relleno sanitario Laguna Verde, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, a más de 600 kilómetros de la Isla Grande, por gestión del municipio insular.

"Se debe recordar que el relleno se encuentra detenido. La fiscalización de la medida instruida por la corte debe ser supervisada por la Seremi de Salud de los Lagos".

Superintendencia del, Medio Ambiente.

"Estamos a la espera de lo que los demandantes establezcan, lo que ellos consideren prudente. Dentro de las potestades de la corte está determinar que se establezcan sanciones, incluso multar al municipio, pero nada de eso ha ocurrido".

Jorge Ulloa,, coordinador del equipo gestor interno sobre el tema.

"Queda esperar qué es lo que se resuelva por medio de los tribunales de justicia, para ver si es que efectivamente interviene el mismo Gobierno en buscar el lugar de recepción de este pasivo ambiental y también generar las condiciones para su retiro".

Andrés Ibáñez,, concejal de Ancud (PS).

"No se fundamentó en lo técnico (el fallo de la Suprema). ¿Por qué? Porque mover toda esa masa de residuos sólidos que hay en Puntra sin tomar las precauciones puede generar un desastre ambiental mucho más grande que el que tenemos".

Alex Muñoz,, concejal de Ancud (pro RN).

30 de junio de 2021: último día de recepción de desechos del centro o relleno de Puntra.

A 600 kilómetros y más, al norte, se envían los residuos de Ancud: Los Ángeles.